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quarta-feira, 24 de julho de 2013

Eutanásia: A democracia assenta em chão firme, não depende de uma mera opinião - por José Maria André



In Público
 
Cada vez que este jornal publica, com uma certa regularidade, os artigos de Laura Ferreira dos Santos a favor da eutanásia, fico perplexo. Muito havia a dizer, mas vou debater apenas o argumento da liberdade e da tolerância em abono da eutanásia (por exemplo, no artigo de 6 de Agosto de 2011).

Quando se diz que uma sociedade tolerante deve proporcionar o homicídio assistido a quem o pedir, invertem-se os dados da questão, porque isso não é um pedido de tolerância mas de colaboração: os defensores da eutanásia pretendem obrigar-nos a satisfazer o desejo de quem quer ser morto. Seria mais razoável que, em nome da tolerância, nos deixassem em paz.

Nos artigos referidos há uma objecção interessante, que aceito, à parte um pequeno sofisma: defender a inviolabilidade da vida humana equivale a impor uma determinada perspectiva sobre a verdade, excluindo outras. De facto, quando a sociedade toma posição em defesa da dignidade humana assume como verdade que o ser humano tem um valor intrínseco, não sujeito a transacção. No entanto, isso não é uma «determinada perspectiva sobre a verdade», é a própria verdade. Aliás, é um elemento de verdade absolutamente fundamental, sobre o qual assenta uma sociedade que se queira justa, livre e tolerante.

Uma sociedade tolerante não é aquela que aceita tudo. Não pode aceitar a guerra da Líbia, a instabilidade do Iraque, ou a violência da China... não aceita o inaceitável. Não derruba os pilares-base da vida social, nomeadamente o princípio de que a vida humana é inviolável. Esta verdade não é negociável, numa sociedade digna. Não é uma perspectiva acerca da verdade, que estejamos dispostos a trocar por qualquer outra.

Colaborar num homicídio, a pedido da vítima ou com qualquer outro pretexto, é contradizer a verdade fundacional de uma sociedade democrática e solidária. Por isso, introduzir a eutanásia é uma subversão tão grave da ordem social, em linha com aquelas contradições do slogan do Ministério da Verdade do inferno orwelliano: «Guerra é paz; liberdade é escravidão; ignorância é força».

Qualquer ordenamento jurídico, por mais bárbaro que seja, reconhece o valor de algumas vidas humanas, por razões de família, de dinheiro, ou de poder. A inovação característica da democracia é proclamar de que todas as pessoas, sem excepção, merecem esse respeito e de modo absoluto. A democracia não se fundamenta na afirmação de que todos têm êxito nos negócios, ou de que todos são saudáveis, ou têm notoriedade social. Nem sequer importa o que «têm», mas o que «são». A verdade fundacional da democracia é que o ser humano, pelo simples facto de o ser, possui uma respeitabilidade intocável.

O ponto de partida da democracia é que esta verdade ética não é uma opinião entre outras, mas uma verdade absoluta. No dia em que uma vida humana seja dispensável, quebrou-se o princípio e a vida humana passou a ser um valor relativo. Se uma sociedade aceitar que algumas pessoas sejam mortas (com um critério ou outro, o critério pouco importa), ninguém está a salvo, porque nenhum critério resvaladiço subsiste depois de se derrubar o princípio de que a vida humana é inviolável. Quem revogar este princípio intransponível não espere encontrar noutro lugar a justificação ética para uma democracia solidária.

Embora neste assunto da eutanásia esteja em desacordo com a minha colega da Universidade do Minho, isso não quer dizer que não tenha muita consideração por ela e não estejamos de acordo noutros temas.


José Maria C. S. André

quinta-feira, 8 de novembro de 2012

Un jesuita propone una solución a los desahucios (desalojamentos): la dación en pago bajo ciertas condiciones

In Religión en Libertad

La imposibilidad de cancelar los préstamos de adquisición de vivienda habitual por parte de familias que se han quedado en paro ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis económica: en concreto, suman 396.943 entre 2006 y 2011, con un fuerte incremento a lo largo del año actual.

Parte de ellos se han traducido en desahucios en ocasiones sangrantes, hasta el punto de que el PP y el PSOE, habitualmente en enfrentamiento abierto, han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para frenar esa sangría, tras una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano.

Una de las propuestas que a lo largo de los últimos meses ha ido creciendo en aceptación es la regulación de la dación en pago, esto es, la cancelación del préstamo entregando al banco el bien hipotecado, en este caso la vivienda. Algo que resulta imposible en un escenario de derrumbe de los precios como el actual, cuando ya en los embargos el precio de subasta es inferior al de tasación que sirvió para cuantificar el crédito.

En el número de diciembre de 2011 de la revista Razón y fe, el jesuita Raúl González Fabre, profesor en el ICADE y coordinador de Éticas Profesionales en la Universidad Pontificia de Comillas, abordaba esta cuestión desde el punto de vista de la doctrina católica, aportando al mismo tiempo algunas soluciones prácticas. Un reciente artículo en ABC del escritor Juan Manuel de Prada ha recordado la existencia de este estudio: Dación en pago: ¿por qué y cómo?, donde se daban las claves para un examen moral sobre la justicia de la ejecución hipotecaria y la dación en pago.

Según González Fabre, el principio de cumplimiento de los contratos voluntaria y libremente suscritos debe mantenerse, pero con una primera modulación: la cláusula clásica rebus sic stantibus, principio que "permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes".

Pero sí lo es, como explica con meridiana claridad: durante la burbuja inmobiliaria, y ya antes, cuando los bancos entraron a competir con las cajas para la concesión de préstamos hipotecarios, se produjo un cambio de circunstancias: básicamente, se ofrecían créditos muy largos, sobre la totalidad del valor del bien y con porcentajes elevados sobre los ingresos del deudor, que en la práctica introducían un "riesgo macroeconómico" desigualmente repartido entre las partes.

Es ahí donde el jesuita introduce la reflexión de los teólogos. Según "la tradición católica a la que nos referimos" (Santo Tomás de Aquino, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado,San Alfonso María de Ligorio) para la justicia de una transacción de mercado es imprescindible que no sea impuesta, y eso exige "una voluntariedad perfecta" definida como "aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad". Y lo cierto es que tanto la ignorancia al suscribir la hipoteca, como el estado de necesidad cuando no puede cumplirse con los pagos, introducen un desequilibrio en la información y en la resolución.

"Hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley", concluye González Fabre.

No obstante, el experto jesuita establece una serie de limitaciones a la dación en pago para que no produzca un colapso bancario y para que se mantenga en los estrictos términos de la justicia citada anterioremente.

Por su interés reproducimos a continuación en su integridad el artículo de Raúl González Fabre, S.I.: una aproximación católica a la cuestión, y al mismo tiempo una sencilla pero completa explicación de en qué consiste el problema valorando objetivamente todos sus términos.

Dación en pago: ¿por qué y cómo?
por Raúl González Fabre, S.I.
Razón y fe, diciembre de 2011

Miles y miles de personas son incapaces por efectos de la crisis de hacer frente al pago de los créditos hipotecarios con los que pudieron acceder a su primera y única vivienda. Como solución al problema y como forma de pago de sus hipotecas se baraja la posibilidad de la dación en pago de la vivienda en la que ahora moran. ¿Es posible, es justo? En este estudio se ofrecen una serie de claves desde la justicia y la ética de cara a la resolución de este dramático problema.

Recientemente ha saltado a los medios de comunicación con gran fuerza la cuestión de la extrema dificultad o imposibilidad que tienen muchas personas de poder pagar el crédito hipotecario asumido para la adquisición de su primera vivienda. Como solución del problema se apunta, o más bien se exige, que el deudor pueda verse libre totalmente de la deuda mediante la entrega de la vivienda al acreedor, normalmente un banco o caja de ahorros, quien vendría obligado a aceptar este medio de pago (datio in solutum) si el deudor unilateralmente optara por él, y ello aunque no se hubiera pactado en el contrato original. Políticos de todo signo han discutido esta posibilidad; movimientos sociales la han esgrimido como bandera; e incluso algunas sentencias judiciales la han reconocido. Nos proponemos aquí realizar una primera aproximación al tema, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el ético, concluyendo en algunas condiciones prudenciales para la dación en pago.

Aspectos jurídicos
La solución actual de ejecución de la hipoteca, tal como se regula en la Ley Hipotecaria, se considera enormemente perjudicial para el deudor, ya que el precio de adjudicación en la subasta, ante la ausencia de postores, suele ser notablemente inferior al precio de tasación, e incluso al valor actual de mercado, por lo que no cubre el importe de la deuda garantizada. Ésta, dicho sea de paso, se ha incrementado notablemente en el proceso, con los intereses de demora (en torno al 25%) y los gastos de la ejecución de la hipoteca. Como remate de todo ello el deudor se encuentra con que al no cubrir el importe de adjudicación del bien hipotecado el montante total de la deuda, no sólo se queda sin el piso, sino que el banco o caja acreedora ejercita a continuación la acción de responsabilidad patrimonial universal persiguiendo cualquier otro bien, incluidos sueldos o salarios, tal como la regula el artículo 1911 del Código civil: «El deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes o futuros», principio que deja a salvo el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, aunque el crédito esté garantizado con hipoteca. En definitiva, desde un punto de vista social, se le cierra a una cantidad notable de personas la posibilidad de recomponer su futuro económico, máxime en los tiempos de crisis que vivimos.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que tener en cuenta los siguientes principios que regulan cualquier tipo de contrato en nuestro derecho: las obligaciones derivadas de un contrato libremente celebrado tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse en los términos convenidos (pacta sunt servanda). Así lo establece el artículo 1091 del Código civil. Como consecuencia ineludible de este principio, si una de las partes no cumple voluntariamente lo convenido, pueda la otra parte dar por resuelto el contrato y perseguir cuantos bienes tenga el deudor para obtener el pago de lo que se le adeuda (arts. 1911 del C.c. y 105 de la L.H., ya citados).

En el ámbito del préstamo hipotecario cabe pactar (no imponer unilateralmente el deudor) que el acreedor limite su acción al importe de los bienes hipotecados, liberando el resto del patrimonio del deudor. Así lo establece el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Este precepto, nacido de una intención favorecedora para el deudor, jamás ha tenido aplicación práctica, ya que ningún acreedor ha renunciado voluntariamente a disminuir las garantías para cobrar su crédito. Profesionales con décadas de experiencia en la materia no pueden citar un solo caso en que se haya pactado esa limitación, por lo que puede decirse que estamos en presencia de un precepto bien intencionado, pero muerto.

La llamada cláusula rebus sic stantibus permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes. Podría servir de ejemplo el reciente terremoto de Lorca, que ha destruido edificios enteros, cuyos pisos con toda probabilidad estarían hipotecados, con la consecuencia de que sus propietarios se han quedado sin ellos y, sin embargo, subsiste la deuda, que tampoco podrá ser cobrada sobre un piso inexistente.

A lo largo de toda la historia ha habido limitaciones a la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial. Para no aburrir, citemos sólo la de declarar inembargable un mínimo legal, de modo que el deudor pueda cubrir sus necesidades vitales mínimas, cualquiera que sea el montante de su deuda; o las facultades atribuidas a los órganos judiciales de moderar las obligaciones contraídas, en algunos supuestos.

En el caso que nos ocupa parece evidente que las instituciones financieras deben asumir algún tipo de responsabilidad. Para centrar la cuestión destaquemos que en los años setenta y primeros de los ochenta, los préstamos hipotecarios los comercializaban casi en exclusiva el Banco Hipotecario y las Cajas de Ahorro, sobre las siguientes bases: 1) el capital prestado no podía exceder del 80% del precio de compra, de modo que el adquirente, como mínimo, debía aportar el 20% de la operación; 2) el plazo oscilaba entre cinco y diez años de duración, y 3) el deudor sólo podía destinar a la amortización del préstamo el 30% de sus ingresos, ya que se entendía acertadamente que los otros dos tercios los necesitaba para el mantenimiento de su familia.

Al incorporarse a este sector del crédito, la banca trata de conseguir una cuota de mercado a base de «mejorar» las condiciones tradicionales de los préstamos hipotecarios, de modo que: 1) concede préstamos sobre el total del precio de adquisición de la vivienda, en base a una tasación pericial que ellos mismos controlan y que no es extraño que exceda del valor de mercado de la finca; 2) el plazo se alarga desmesuradamente hasta los treinta y cuarenta años, lo que indudablemente incrementa el riesgo de que se alteren las circunstancias del mercado, como en efecto ha ocurrido; 3) se debilita extraordinariamente el criterio de proporcionalidad entre ingresos y cuota de amortización del préstamo, ya que se entiende por la banca que estamos en presencia de un préstamo «apalancado», es decir, que la garantía de su devolución radica principalmente en el valor de la finca, que se supone incrementado cada año, y no en la solvencia del deudor. Con esta política la banca le quitó la mitad del mercado a las Cajas, que se vieron obligadas a adaptarse a la nueva situación, aparte de obtener unos beneficios inmediatos en concepto de comisiones de estudio, de apertura, gastos de tasación y de gestoría, así como otros productos –seguros sobre el bien hipotecado y a veces sobre la vida del deudor, tarjetas de crédito, etc.– «fidelizando» al cliente prácticamente de por vida.

Es claro que el legislador debe dar una respuesta a la nueva situación, como la dio cuando con motivo de los intereses variables dictó la ley de subrogación de hipotecas, que permitía al deudor sustituir a un banco o caja, sin su consentimiento, por otro u otra que mejorase las condiciones del primitivo préstamo. Los criterios jurídicos que pueden tenerse en cuenta para solucionar la problemática actual, deben dejar intactos los principios en que apoya la regulación de los contratos, presentándola como una excepción temporal justificada por la crisis que atravesamos. Sobre ello volveremos al final, tras examinar brevemente algunos aspectos éticos. 


Aspectos éticos
Para estudiar desde el punto de vista ético la cuestión de la ejecución hipotecaria, emplearemos la teoría de la virtud que ha formado históricamente el eje de la moral económica católica. En esa teoría, la virtud reguladora por excelencia de las transacciones de mercado es la justicia. Se trata, pues, de establecer la justicia o injusticia en sentido moral de la transacción considerada. 


Para la tradición católica, ese sentido moral tiene prioridad sobre el legal a la hora de establecer las obligaciones en conciencia de las personas. La ley moral natural está por encima de la ley positiva. Las obligaciones legales pueden ser impuestas por la fuerza, pero en la medida en que la ley civil contradiga a la justicia entendida en sentido moral, es ley injusta, políticamente ilegítima, que no obliga en conciencia. Esto ha de tenerse muy en cuenta, porque parte de lo que se discute sobre la ‘dación en pago’ viene relacionado con la legitimidad moral del esquema de ejecución hipotecaria que se resumió anteriormente.

La tradición católica a que nos referimos (dentro de la cual pueden situarse autores tan relevantes como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado... hasta San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII) ofrece dos modos de analizar la justicia de una transacción de mercado: intentando objetivar un ‘precio justo’ del bien transado, o bien atendiendo a las condiciones subjetivas bajo las que ocurre el contrato. La injusticia consiste en el ejercicio de un poder sobre otro (aspecto subjetivo) que rompe el equilibrio entre las partes adecuado a la relación de que se trate (aspecto objetivo). Quien realiza la injusticia se beneficia más de lo debido, a costa de que su contraparte reciba menos, o incluso sufra un perjuicio.

La aproximación objetiva al estudio de la justicia se basa en identificar ese equilibrio debido y evaluar la relación concreta por relación a él. Para esto, se emplean como referencia de precio justo algunos valores socialmente formados, que ninguna de las partes pudiera manipular para explotar a la otra; por ejemplo, el precio resultante de un mercado de competencia cercana a la perfecta, uno directamente derivado de los costes sociales de producción, o incluso un precio estatalmente regulado, si la regulación está bien hecha desde el punto de vista técnico. Tales valores tienden todos a acercar el precio justo al coste de producción del bien o servicio transado, incluyendo el coste de oportunidad en una economía a su vez de precios justos. Se trata en ese sentido de una teoría objetiva (o, mejor, social) de la justicia en las transacciones.

Este camino analítico da resultados más claros en mercados estables, donde el ‘precio justo’ de las cosas se ha asentado en la conciencia colectiva gracias a la misma estabilidad general de los precios en las cercanías de los costes de producción. Mercados más dinámicos generan referencias rápidamente cambiantes, que se modifican unas a otras en cadena (los precios de ciertos bienes influyen sobre los de otros). En tal caso, puede resultar muy difícil establecer en cada momento referencias precisas para la justicia de un determinado precio. Las circunstancias fluidas y las expectativas volátiles lo impiden. Ese fue el caso del mercado inmobiliario español en la época en que se firmaron los contratos que nos ocupan: un mercado fuertemente afectado por decisiones de la micropolítica municipal y sometido a intensas presiones especulativas, cuyos precios subían en promedio alrededor del 14% anual, mientras la inflación general estaba en torno al 3%.

Por ello, emplearemos aquí mejor la variante subjetiva de la teoría de la justicia de tradición católica, que atiende no a los términos objetivos de intercambio, sino al ejercicio de poder en la transacción. Así, todo contrato en que las partes entran voluntariamente es, por ello mismo, justo: volenti non fit injuria, «a quien lo quiere, no se le hace injusticia». Si no hay imposición de una parte sobre la otra, puede estimarse que la relación fue justa en los términos en que se acordara, puesto que la parte aparentemente perjudicada no hubiera entrado en ella si la considerara perjudicial para sí.

A primera vista, ello cubre los contratos hipotecarios firmados en los últimos años, de manera que no habría más que hablar: son justos y deben cumplirse en los términos estipulados, puesto que fueron voluntarios por ambas partes. Se trata de transacciones de mercado donde ni el banco ni su cliente pueden ejercer poder coactivo, así que no hay lugar a la imposición que podría hacerlas injustas.

La teoría clásica de la justicia a que nos referimos exige, sin embargo, una voluntariedad perfecta para que este criterio, por sí solo, pueda concluir en la justicia de la transacción. Los escolásticos definían la voluntariedad perfecta como aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad. La presencia de alguno de estos limitantes de la voluntariedad no hace a la relación automáticamente injusta, pero sí impide declararla justa por el hecho de haber entrado prima facie voluntariamente en ella. Como indicamos anteriormente, la coacción no está presente en los contratos hipotecarios de los últimos años. Sin embargo, hay lugar para preguntarse por la ignorancia (en el momento de firmar el contrato) y por la necesidad (al momento de ejecutar la hipoteca impagada). Respecto a ambas, la asimetría entre la posición de la entidad financiera y la del particular es grande, lo que da lugar a un desequilibrio de poder que podría resultar en injusticia.

Nos centramos en el caso del particular, a menudo corto de recursos económicos, sociales y profesionales, que pidió una hipoteca para adquirir su primera vivienda. La racionalidad económica de hacerlo cuanto antes era obvia: por años, la vivienda subió de precio en España muy por encima de la inflación, que constituye la referencia general para la actualización de sueldos y salarios. Un año de retraso en la compra podía encarecer la vivenda hasta un 10% en relación al ingreso de la familia.

El comprador ciertamente recibió la documentación que estipulaba los términos del contrato con el detalle de ley, aunque probablemente carecía de la información e incluso de la formación para hacer las preguntas necesarias respecto a las probabilidades y consecuencias de que el ciclo económico cambiara, afectando tanto a su ingreso como al valor de mercado de la vivienda. A ese posible cambio de ciclo lo llamaremos el «riesgo macroeconómico» asociado al préstamo hipotecario.

Ahí se encuentra la asimetría fundamental de información que nos preocupa desde el punto de vista de la justicia del contrato. En un entorno competitivo, cada institución financiera desea ganar la hipoteca de la persona, hipoteca que, como indicamos, frecuentemente arrastra todas sus finanzas: domiciliación de la nómina y los recibos, gestión del ahorro, contratación de un seguro, tarjetas de crédito, etc. Para ello emplea técnicas de marketing que incluyen dar relevancia verbal y visual a una parte de la información en torno al producto, la más atractiva, dejando para la ‘letra pequeña’ escrita (o, más remotamente, contenida en la ley) otros aspectos del contrato, particularmente los que explican qué ocurrirá si las cosas van mal.

La tendencia general del marketing a resaltar los aspectos positivos del producto y poner sordina a los negativos, puede verse acentuada cuando se desciende de la política general del banco o caja a la actuación de sus agentes, los directores y comerciales de las agencias, quienes realizan la colocación de los créditos al público. Estas personas suelen estar sometidas a objetivos de ‘productividad’ de los que depende su remuneración e incluso su empleo. Para alcanzar esos objetivos, a menudo emplean técnicas verbales y gestuales de comunicación emocional basada en el entusiasmo y la confianza, que dirigen el pensamiento del cliente aún más lejos de la consideración equilibrada de los riesgos en que incurre. Para engañar no es preciso mentir. Basta, por ejemplo, con responder en 2007 a la pregunta de un cliente: «Los precios de la vivienda están muy altos. ¿No empezarán a bajar?», diciendo con aire de despreocupada tranquilidad: «Llevan diez años subiendo muy por encima de la inflación», lo que a mediados de 2007 era rigurosamente cierto, pero inducía a engaño.

También es cierto que las instituciones financieras cuentan con mejor información sobre el entorno económico que sus clientes; por tanto, tienen un mejor conocimiento de los riesgos macroeconómicos en que incurren las dos partes de un contrato a plazo de décadas. Para ello contratan economistas y mantienen departamentos de estudios cuya misión incluye conocer la teoría del ciclo de las finanzas, situar sus operaciones en esos ciclos, detectar burbujas susceptibles de estallar, y proteger a la institución de verse atrapada en ellas. El cliente, particularmente el pequeño cliente que compra la vivienda para habitarla, por lo general no cuenta con ninguno de esos servicios, ni el banco o caja comparte con él la información y los estimados de futuro que posee, sobre todo si al hacerlo podría espantar el negocio.

La institución está en su derecho de no compartir información y análisis que le ha costado dinero, pero acaso no tenga derecho moral a entablar contratos que sólo resultarán en beneficio del cliente en los escenarios más optimistas, particularmente si ella sabe que esos escenarios se están volviendo más y más improbables. El problema estriba, pues, en que la asimetría de información y capacidad analítica permitió a las instituciones financieras plantear esquemas de distribución de los riesgos macroeconómicos del contrato hipotecario francamente sesgados contra sus clientes económicamente más vulnerables y profesionalmente más desasistidos.

La actuación del Estado puede mitigar la potencialidad de esa asimetría para la injusticia, o agravarla. En el caso español, las declaraciones de funcionarios públicos cuando la burbuja inmobiliaria crecía y más tarde se acercaba a la explosión, resultaron nefastas. El ciudadano que recibiera sus ideas sobre perspectivas macroeconómicas de los portavoces oficiales, aprendería que la vivienda no estaba sobrevaluada, puesto que los españoles seguían comprándola, que no había crisis ni iba a haberla, como se repitió durante meses, o que a lo más podía hablarse de un ‘aterrizaje suave’ por el que no debíamos alarmarnos. La conveniencia política de corto plazo afectó la veracidad de quienes tienen el deber estricto de informar a los agentes económicos sobre el estado real de cosas, para que puedan decidir con acierto.

Como a su vez el empleado del banco o la caja, deseoso de colocar el crédito para cubrir los objetivos trimestrales, confirmaba al cliente con palabras o con gestos la misma idea que éste recibía de la televisión, es adecuado hablar de un involuntario de ignorancia en estos contratos.

Esta ignorancia del pequeño comprador frente a grandes agentes sociales que le inducían a engaño, no hace necesariamente injusto al contrato, pero impide darlo por justo, por tanto moralmente obligatorio para el comprador, sólo porque lo firmara de manera simpliciter voluntaria.

El examen de la justicia del contrato debe entonces volverse al punto objetivo de la distribución del riesgo macroeconómico en él. El equilibrio de justicia en la relación de mercado, que en su esencia es un juego gana-gana, se alcanza cuando ésta resulta en ganancia comparable para las dos partes. Tratándose de un asunto moral de justicia, cada cual debe participar en la relación de mercado ocupándose no sólo de la ganancia para sí, sino también asegurándose de que la contraparte está obteniendo (y no sólo creyendo obtener) una ganancia comparable.

Aunque ciertamente al banco o caja le conviene más que el repago de los créditos proceda normalmente, y le crea un serio problema que un porcentaje significativo de ellos fallen, lo cierto es que los contratos hipotecarios y los mecanismos subsiguientes de subasta están diseñados de manera que el riesgo macroeconómico que corre el cliente es desproporcionadamente mayor al de la institución financiera. Ésta, además, cuenta con su capacidad para crear ‘riesgo sistémico’ al conjunto de la economía, lo que fuerza al Estado a cubrir sus apuestas cuando salen mal, una posibilidad fuera del alcance del ciudadano deshauciado por impago de la hipoteca.

Al final, cientos de miles de familias están en trance de perder su primera vivienda como consecuencia del desempleo, y son lanzadas a liquidaciones a precios deprimidos que las dejarán endeudadas durante largo tiempo, con la perspectiva de muchos años trabajando para el acreedor. Esto es, están quedando en una condición cercana a la esclavitud económica. Ninguna tragedia comparable afecta a los accionistas de las instituciones financieras generosamente cubiertas por el BCE y por los mecanismos nacionales de soporte del sistema; ni a sus directivos, eventualmente premiados con escandalosas jubilaciones; ni a los gobernantes que mintiendo desorientaron a los peor informados cuando más necesitaban información realista para decidir. El coste de los errores en el cálculo del riesgo macroeconómico viene así repartido de manera muy injusta, recayendo la mayor parte de él sobre quienes menos obligación y menos posibilidades tenían de estimar ese riesgo correctamente.

Por tanto, desde el punto de vista ético puede afirmarse que las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas, cuando los impagos derivan de los trastornos macroeconómicos que sufrimos, son injustas tal como están planteadas. Ello es más así porque, como resultado de esas ejecuciones, muchas familias están en riesgo de caer en lo que la moral católica llama el ‘estado de necesidad’, en que su integración social digna viene amenazada no sólo puntualmente, sino a largo plazo. Es oportuno recordar que la doctrina tradicional católica sobre el estado de necesidad incluye la relativización de los derechos de propiedad, incluyendo las posiciones acreedoras, cuando ello es preciso para evitar que una familia caiga en tal situación. 


Criterios de resolución del problema ético-social
Ante este cuadro, resulta claro que el derecho da la razón a las entidades financieras que se niegan a aceptar la dación en pago; mientras que hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley.

La tradición católica en Ética social insiste en cuidar los equilibrios.

Como hemos señalado, en este caso hay injusticia por razón de un desequilibrio en la distribución de los riesgos macroeconómicos. Ese desequilibrio habrá de ser corregido con prudencia, para impedir la creación de un sistema perverso de incentivos que genere desequilibrios mayores o más peligrosos. Algunos criterios prudenciales deberían modalizar la atribución al deudor de liberarse totalmente de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada, para que realice la justicia en vez de distorsionarla:

a) Sólo se aplicaría en el caso de préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual de deudor, excluyendo aquellos destinados a otros fines, como locales comerciales, plazas de garaje, fincas rústicas, solares, segundas viviendas, etc. La razón parece clara, ya que la adquisición de la vivienda habitual no se plantea por el comprador como un negocio, sino como el modo de cubrir una necesidad primaria, amparada por la Constitución; en los demás supuestos estamos en presencia de un puro y duro negocio en el que cada parte debe asumir el riesgo que libremente acepta.

b) Deberían excluirse aquellas viviendas habituales que excedan de una determinada cuantía, que socialmente se estime como suntuarias. Sería excesivo que se aplique esta doctrina para el caso de la adquisición de un chalet en Somosaguas o Puerta de Hierro, por ejemplo.

c) El deudor, para ejercitar dicha facultad, debería estar al corriente de sus obligaciones ordinarias. No parece lógico atribuir esta facultad al que deja de pagar, con lo que se incrementa la deuda con intereses de demora y gastos judiciales, dejando transcurrir el tiempo hasta que se decrete el desahucio y sólo entonces ejercita la datio in solutio. Ésta debería ejercitarse al principio como un modo normal del cumplimiento de buena fe del contrato, y no al final con los daños y perjuicios que ello conlleva para la institución financiera.

d) La medida debería tener una duración limitada mientras subsista la situación de crisis macroeconómica que padecemos. Lo contrario llevaría prácticamente a la desaparición del préstamo hipotecario, ya que ninguna entidad está interesada en adquirir viviendas, sino en obtener la devolución de su dinero en los plazos y formas estipuladas.

e) La medida tampoco sería aplicable a los deudores que estén en condiciones de seguir pagando su deuda, ya que tiene la finalidad de amparar a los que no están en tal situación. Lo contrario permitiría a un deudor solvente, que adquirió una vivienda por un precio determinado, liberarse de la deuda y seguidamente adquirir otra vivienda similar por un precio inferior, endosando a la entidad acreedora la bajada de precio de mercado, cosa que indudablemente no haría si el mercado siguiera al alza.

f) Finalmente, los poderes públicos deben evitar que con estas medidas se pueda producir un colapso de alguna entidad financiera, que por efecto dominó se puede trasladar al sistema, con el perjuicio directo para sus impositores, accionistas y empleados, e indirecto para toda la economía del país. No puede solucionarse un problema creando otro igual o mayor.

Si, como se ha argumentado por el sector financiero, aceptar siquiera sea en estas circunstancias excepcionales la dación en pago, produciría una retracción y un encarecimiento del crédito hipotecario, tal vez eso sea buena y no mala noticia. Sintiendo las entidades financieras que una parte mayor del riesgo macroeconómico recaerá sobre ellas, probablemente se modere mucho la imprudencia suya que nos llevó a esta burbuja inmobiliaria, y volvamos a las prácticas y los precios razonables que solían regir este mercado en España.

sexta-feira, 5 de outubro de 2012

Welcoming the more vulnerable: do parents have a right to selection of a healthy child? - by José Ramos-Ascensão

In COMECE

A new ruling on access to PGD techniques raises important ethical and legal issues, and opens an unavoidable debate.

Pre-implantation genetic diagnosis (PGD) refers to procedures, adjunct to assisted reproductive technologies (ART), by which an embryo is genetically analysed in order to detect some desired or undesired genetic characteristic. One typical case is when one or two cells (blastomeres) of early embryos (of 6 to 12 cells, still totipotent) are screened to detect chromosome anomalies linked with certain undesired diseases. Normally, only less than 20% of the biopsied embryos is eventually available for transfer into the uterus. The embryos which are not transferred are normally destroyed. Yet, even with regard to the embryo(s) actually transferred to the womb, the biopsy entails significant risks for his/her life and physical integrity.

In Italy, access to ART is only allowed for sterile couples or those where the male has a sexually transmitted disease (HIV, for example). Hence, Italy, together with Austria and Switzerland, are the only signatories to the European Convention on Human Rights which prohibit PGD (although twelve simply do not regulate it). However, in a ruling of last 28 August, the European Court at Strasbourg held that this prohibition violates the European Convention on Human Rights.

It is not the first time the European Court of Human Rights (ECHR) has dealt with ART (see also articles in issues  134 and 146 of europeinfos). In the present ruling (Costa & Pavan v. Italy), the applicants are an Italian couple who, being healthy carriers of cystic fibrosis and having already aborted a foetus with such a serious genetic disease, now wanted to resort to PGD for selection and transferring to the uterus of a healthy embryo. The European Convention on Human Rights establishes, in its Article 8 (2), that “there shall be no interference by a public authority with the exercise of this right (right to respect for private and family life) except such as is […] for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”.

The Italian government, without disputing the insertion of this case into the ambit of Article 8, maintained that the prohibition is an interference justified to protect the health of the mother and of the child – an expression which the Court nevertheless refused to apply to the “embryo” – to avoid eugenic deviations and to protect the freedom of conscience of the healthcare personnel.

However, what it is at stake when it comes to PGD is much more than this: PGD violates, among others, the principle of human dignity, the inviolability of the right to life and the right to physical integrity of each human being. That is why it is a grave moral wrong.  The Congregation for the Doctrine of the Faith, in its Instruction Donum Vitae, 1987, affirms that “a diagnosis which shows the existence of a malformation or a hereditary illness must not be the equivalent of a death-sentence” (p. I, no. 2). Although this is stated in reference to prenatal diagnosis (PND), it is also true with regard to PGD.

Yet PGD and PND are rather different technical procedures, with important ethical and legal consequences stemming from such differences. First of all, it is noteworthy that, in the case of PND the ‘unhealthy’ being already exists; whereas in the case of PGD, a deliberate fertilization of eggs is pursued despite the high risk of creation of unhealthy embryos being already known. In PGD, moreover, there is a creation of extra embryos; some of them – even healthy ones – are subsequently eliminated. Furthermore, in PGD, the analysis of the blastomere entails also its destruction: as the blastomere is itself an embryo (in the sense upheld in the famous European Court Justice ruling in the Brüstle case), the final ‘waste’ of embryos is actually even higher. PGD also entails, as referred, significant risks for the life and physical integrity of the biopsied embryo transferred to the womb; some of these risks are inherent in IVF techniques in general. PGD costs are much higher and must be ethically assessed in the light of the principle of justice in the allocation of resources for health. Moreover, a much larger number of diseases can be tracked by PND and the reliability of these procedures is in any case much higher: that is why there is normally an indication for testing again the biopsied embryo after transfer, during pregnancy. Finally, PGD has no possible real therapeutic aim, whereas PND, at least in the abstract, might have (the Court itself, in the judgment of R.R. v. Poland, recognized that women accede to prenatal medical tests for varied reasons).

In the present case, the ECHR, in refusing to accept the Italian Government’s arguments, has focused the analysis on the consistency of the Italian law in question – which rules out PGD – with the law that authorizes the abortion of a foetus showing symptoms of cystic fibrosis. The Court wrongly endorses the idea that the “only one choice” left owing to the lack of access to PGD, in the case of an unhealthy embryo, is the resort to abortion. And assumedly because of this, the Court compares PGD not with PND but with abortion. Despite the fact that most of the above considerations are also valid from this distinct perspective (“only” one human being is eliminated by an abortion, as compared to the huge “waste” of embryos with PGD procedures, etc), none of them have been taken into consideration in the present ruling.

Firstly, the ECHR assumed, without any questioning, that the Italian law on abortion is proportionate, which should not be surprising as it already stated, in the case Vo v. France, that “it is neither desirable, nor even possible as matters stand, to answer in the abstract the question whether the unborn child is a person for the purposes of Article 2 of the Convention” (cf. also Evans v. UK).

Then, as a foetus with a chromosomic disorder associated with cystic fibrosis can be legally aborted in Italy, the Court concludes there is inconsistency (in the Italian legal system) and, hence, for the disproportionality of the interference with the couples’ right. This is sufficient enough for the ECHR which simply gives up furnishing any objective standard for assessing PGD per se. Following the Court’s reasoning, if the Italian law on abortion were to forbid so-called “therapeutic” abortion the prohibition would become proportionate – the Court, and the parties, do not object that the prohibition aims at the protection of morals and of the rights and freedoms of others – and the alleged inconsistency of the Italian legal system would vanish.

After all, without explicitly recognizing it, the Court resorts, once again, to the issue of equality, but again with rather dubious success. Even from the perspective adopted by the Court, a close analysis of the reality of PGD and of what substantially distinguishes it from PND, or from PND followed by abortion, would hardly lead to the conclusion of inconsistency of the Italian legal system and of a disproportionate interference with the privacy and family life of the applicants.

Finally, the present ruling is also unsatisfactory insofar as the Court not only reaffirms a kind of a “right to have a child” in the sense of a “right to respect for the decision to become a parent in the genetic sense » (Evans v. UK; see also Dickson v. UK, for example) or the “right of a couple to conceive a child and to make use of medically assisted procreation for that purpose” ( S.H. and others v. Austria); but goes even further: it now considers that the desire to have a child not affected by the disease in question is within the scope of Article 8; that is, there is a right to have a healthy child which can be weakened only under the conditions of Article 8 (2) of the Convention. This is not far from recognition of a right to eugenics, as has been already suggested.

As the Instruction Donum vitae puts it, “marriage does not confer upon the spouses the right to have a child, but only the right to perform those natural acts which are per se ordered to procreation. A true and proper right to a child would be contrary to the child's dignity and nature. The child is not an object to which one has a right”; on the contrary, the child himself has the right "to be the fruit of the specific act of the conjugal love of his parents; and he also has the right to be respected as a person from the moment of his conception” (p. II, no. 8).

A request from the Italian Government is awaited for the case to be referred to the Grand Chamber of the Court. Expectations are high now for a sounder, better grounded ruling by the ECHR.

terça-feira, 2 de outubro de 2012

Ciências da (dí)Vida - por José Luís Nunes Martins

In i

Nesta semana, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pronunciou-se no sentido de que o Estado português pode e deve racionar o acesso aos medicamentos mais caros para tratar o cancro, a sida e a artrite reumatóide. Tendo o médico que preside ao referido Conselho dito que se trata de “uma luta contra o desperdício e a ineficiência, que é enorme em saúde”. Mais, que “não é só legítimo, mas desejável”. Chegando- -se a referir ao facto de que 50 mil euros por 2 meses de vida não se justificam.

Uma vida não tem preço. Nem qualquer pedaço dela.

Como pode um homem, médico, chegar à conclusão de que há um valor justo para um mês de vida... todos já tivemos muitos meses maus, anos até... eu também, poderia ter passado por cima deles, mas, ainda assim, integram a minha história, fazem parte do meu caminho até aqui... Mas, apesar de tudo, amputar passados é diferente de abortar futuros.

Matar de forma absoluta o amanhã de alguém é crime. Chama-se homicídio. Trate-se de um bebé em embrião que se desenvolve à velocidade da vida ou um doente em coma, com cancro em fase terminal... é sempre homicídio. Sempre. Porque morre alguém por vontade de outrem.

Na vida, há momentos, um olhar, um sorriso, um beijo que duram segundos mas que valem (mais que) uma vida...

A vida é essencialmente futuro. Ainda que numa cama de hospital, em lágrimas, num mar de sofrimento... a Vida também é isso. Não é só alegria, também é dor.

Será que os médicos deixarão de fazer juramento de Hipócrates para, hipocritamente, jurar defender com aprumo, brio, disciplina e coragem militares o Orçamento? Na conclusão 6 do parecer, o Conselho refere que os médicos deviam obrigatoriamente ter mais formação ética para tomarem decisões mais justas e mais, imagine-se, responsáveis!

Argumentarão que não há recursos e perguntarão quem escolheria eu de entre dois doentes com diagnósticos e prognósticos diferentes... Mas a falta de recursos deve-se não a quem está doente, mas a quem andou a desperdiçá-los. Em casa onde não há razão, todos ralham, mas nunca há pão. Talvez porque alguém o come todo assim que chega... O problema não é o custo das terapias, mas o dinheiro que devia existir para as pagar e que foi canalizado para outras vi(d)as.

Haverá, por esta altura, uma multidão de gente à procura de uma fórmula matemática que decida, ela própria, o “sim” ou “não” em relação ao futuro dos doentes em avançado estado de despesa pública... No entanto, parecia-me bem mais humano que, em casos extremos, fosse alguém a fazê-lo, alguém com valores a assumi-lo, mas nunca um algoritmo que se aplica de forma impessoal... e atrás do qual, depois, muitos se esconderão.

Em breve, a capacidade de o Estado pagar reformas acabará... O que argumentarão, perante esse cenário, os então senhores das Ciências da (dí)Vida? Talvez alguém ligado a um qualquer conselho de ética (!) venha dizer que a vida, para além dos 70 anos, já não é vida, que a qualidade de vida dos mais novos é posta em causa por esses egoístas que já viveram mais do que o suficiente... ou talvez que se devia ter investido mais em aborto... ou outra enormidade que não me é dado imaginar...

Está completamente errado quem contribui com a sua sabedoria sobre Ética e sobre a Vida para a aplicação de medidas políticas inumanas, num país que pode ter pouco dinheiro, mas que não deixa por isso de ter muito valor. Apesar dos concidadãos que trocam vidas por dinheiro.

Resta um apelo: que se perdoem estes senhores da Ética pois, seguramente, não sabem o que dizem nem o que fazem... Na melhor das hipóteses, porque talvez nunca tenham conseguido um olhar que de um sorriso se fez beijo... mas, sabem, nunca é tarde! E vale sempre muito mais que 50 mil euros – asseguro eu.

Investigador

quinta-feira, 2 de agosto de 2012

Expertise and Ethics - by Anthony Esolen

In CRISIS

One of the more puzzling things about contemporary arguments regarding what things a good or free society ought to allow and what things it ought to forbid is our turn toward the “expert,” the ethicist, the person who has made a professional career of teasing out deductions from moral premises. But what really qualifies such a person to be regarded as a beacon of wisdom? Aristotle famously said that the best way to learn about justice would be to observe a just man. The dictum is not tautological. In the life of a Mother Teresa, for example, we may learn literally countless—that is, not reducible to numbers—lessons in love and magnanimity, whence we may confirm true principles already held, and reveal others whose existence we had not suspected. We would be confronting the just life not as an academic exercise, but as an intensely personal challenge.

The same aridity and insubstantiality can be found in “professional” conclusions that a certain act is ethical or unethical. Such terms are pallid substitutes for older, harder words, like right and wrong, or good and evil, or straight and crooked, or upright and depraved. They relieve us of the necessity of existential analysis. It is as if one were playing a game, with moves that would either promote or hinder our objective, but would remain comfortably extrinsic to us. But those older words are ineluctably existential. An act that is wrong is, etymologically, twisted: cf. wry, wrinkle, writhe, the contortions of the face of a man seized by wrath, a mind warped by evil; also Latin perversus, turned inside out. It is what gave Dante the happy idea of portraying Purgatory as a corkscrew mountain, whose turnings would unwind the bends in those whom the world had made crooked.

Now the thing about crookedness is that it is inherently unstable. Hammer a crooked nail head-on and you will bend it all the more. A car that is out of alignment will grow worse with every jolt of a pothole. So too with the lived reality of evil. It is disintegrative. “Sin will pluck on sin,” says Macbeth, knowing that the evil of his murder of King Duncan is not “the be-all and end-all.”  “For he that once hath missed the right way,” says Spenser’s Despair to the Red Cross Knight, speaking truly, “the further he doth go, the further he doth stray.”  “While they adore me on the throne of Hell,” says Milton’s Satan, referring scornfully to his fellows in crime, “the lower still I fall.”

To recognize the disintegrative character of evil is not to commit the fallacy of the slippery slope. Granted, a step in one morally neutral direction does not imply a further step in the same direction. To raise taxes by 5 percent is not to raise taxes by 10 percent. Nor does the affirmation of a certain kind of action in certain circumstances imply an affirmation of a superficially similar kind of action in other circumstances. To spank a child for drawing with a crayon on the walls is not to whip him for painting them. But evil is like a progressive and deadly disease. To engage in an evil act, again and again, is more than the acquisition of a habit, which will make the same act easier and easier to commit, but which has no effect upon the person otherwise. If we accept the insight of the ancient Platonists—that evil as a thing-in-itself does not exist, but is instead a privation or a corruption of a good that should be there—then the turn toward evil is a turn toward non-being. To embrace evil at the core is, as it were, to riddle oneself with unreason, with nonexistence. It is to warp, to rot.

We should recall, then, that the ancients never equated wisdom with a great facility for ratiocination or calculation. To be in one’s wits, to be wise is, literally, to see (cf. Latin videre, Greek idea). But evil twists the mind. A bad man is worse than a bad dog, not just because he can put his evil to greater effect, but because the evil causes him to see things wrong-side-out, so that he will apply his reasoning powers to unreason. If he is possessed of great natural intelligence, he may become a genius in depravity.  Alfred Kinsey, the teenager, was not yet hiring pederasts to molest infant boys in his laboratory; he was not yet collecting warped data from prison populations, and stretching it to “reveal” things about ordinary people. But by the time he was corrupting a nation with lies, I doubt that the greatest topologist in the world could have mapped the tangles of his heart to distinguish what was left of the genuine Kinsey and what was the serpentine and all-eating cancer.

In this sense all murderers are suicides, all liars are dupes. When, in Milton’s Paradise Lost, the Father offers grace to fallen mankind, it is described in terms of vision:

And I will place within them as a guide My umpire Conscience, whom if they will hear, Light after light well used they shall attain, And to the end persisting, safe arrive.
But those who reject that grace will walk in darkness:

This my long suffering and my day of grace they who neglect and scorn, shall never taste, But hard be hardened, blind be blinded more, That they may stumble on, and deeper fall.

Quite aside from the theology, the view of what happens to evil men is correct and is ratified by history and experience—the rogues’ gallery of twentieth-century despots alone provides evidence enough. With all his prodigious intellect, and even by way of that intellect, Lenin was a blind man; and they who followed the cruel mastermind were blinded too.

Then the first question we might ask of an ethicist who tries to persuade us, with diagrams and statistics and syllogisms, that what we had thought was evil is actually all right, is not “What degrees do you have?” or “What articles have you published in peer-reviewed journals?” but “Who are you?” It isn’t an easy question, nor is it decisive. An otherwise decent person may be, for a long while, better than his evil philosophy, and then we may thank God for foolishness and inconsistency. But it ought to be asked.

Who are these medical ethicists who recently have concluded, with wonderful logic, that parents have a right to murder their infant children—and who call it, with telling duplicity, “after-birth abortion?”  We would not turn to Larry Flynt or Hugh Hefner for a definition of decency; why should we turn to these people to advise us on which children we may kill and when? Are they crooked? Why should we follow the crooked, when we want to walk straight?

I am not recommending ad hominem attacks, or the ignoring of rational (or irrational) arguments. I wish merely to assert that when an ethicist, or anyone else for that matter, recommends that an action previously considered wrong be permitted, the burden of proof is particularly heavy, and we are justified in examining the virtue of the recommender. A warped heart, a warped mind— the one will eventually follow upon the other. Similarly, when a person of acknowledged moral courage, a Mother Teresa, warns us that an action which we have permitted is evil, we would be wrong not to pause and reconsider. Yes, we may admit the confusion of motives in any human being, and the rarity of pure saints or pure demons. But the virtuous life is an art; and one learns art not from theorists but from the artists themselves.

quarta-feira, 18 de abril de 2012

Is the Natural Law Persuasive? - by R.J. Snell


One can neither deny nor question the natural law’s persuasiveness except by asking questions, conducting inquiries, achieving understandings, reaching judgments, and making choices—all of which are the natural law at work.
In conversation with two prominent public intellectuals, both having significant influence within evangelical Protestant circles (and beyond), I was asked if natural law theory ever persuaded anyone not already on board. Both are sophisticated thinkers, little prone to the knee-jerk hostility against natural law occasionally found in certain evangelical sub-communities, and I took their query to indicate two reasonable concerns. First, the observable fact that debate doesn’t always persuade committed opponents, and second, the natural law’s unfashionable reliance on reason and nature, commitments beating hasty retreat in the face of postmodern suspicion.

Is the natural law persuasive?

The question posed is not whether the natural law works as a theoretically coherent account, but whether it can convince anyone, especially now, in our current cultural climate. Not, “is the natural law true?” but, “will anyone buy this theory?” 

Can natural law persuade?

The first concern is hardly unique to natural law, for any theory suffers its opponents and detractors, and debate is always slow and partial in winning over skeptics. The natural law doesn’t suffer any unique flaw in this respect. But while the concern would seem to apply to any and all ethical theories, natural lawyers ought to embrace the potential objection, allowing it full weight, and for two initial reasons. First, we claim that the natural law is not a theory. Certainly there are various accounts and theoretical articulations about the natural law, but natural law is itself always operative, always forming the way(s) human subjects operate, query, reason, judge, and choose. Hadley Arkes recounts the mistake of those who ask about his theory, forgetting that the grounds of reasoning and judging are the principles of natural law; when people asked about his theory, “they suggested a detached onlooker standing by, watching the theories whizzing past. And somehow they manage to make judgments on just which theories or fragments they find plausible or implausible, true or false.” But persons are able to make judgments of truth or falsity only because the natural law is already operative—it is the light of reason itself. Of course, if that is true, then failure to persuade would be noteworthy. Second, we claim that our principles are self-evident, and so it’s fair to press the failure to persuade.

An adequate grasp of the natural law requires a first-person perspective. Natural law is not an “it” or a “force” or a “theory” existing out-there or in-here or up-there, but rather is the operator of our own subjectivity. As Germain Grisez articulates in an early essay, “law is not a constraint upon actions which originate elsewhere . . . rather, is a source of actions. Law makes human life possible. Animals behave without law, for they live by instinct without thought and without freedom. Man cannot begin to act as man without law.” That is, natural law is the dynamic source of our actions—including the action of reflexive theorizing about the source of our actions—and the source by which we reason or judge. “It” is not distinct from our own subjectivity, which is why Arkes responds incredulously to the query about his theory. Asking about his theory is tantamount to asking if humans have subjectivity. Well, who wants to know, and by what power do they want to know? It’s not a theory, it’s him.

The first-person aspect of natural law explains also the appeals to the self-evident. As John Finnis articulates in Fundamentals of Ethics, “ethics is not deduced or inferred from metaphysics or anthropology,” and principles are self-evident precisely in that they are not deduced from previous principles, but in no way is ethics merely intuited or asserted or mystically known. Rather, by adverting to the object(ive)s of human action—the for-the-sake-of-which rendering action intelligible—we can attend “to precisely those aspects of our experience . . . in which human good(s) became or can now become intelligible to us.” In other words, we can understand human goods rather than deduce human goods, but while understanding is not an inference it nonetheless involves insight into our experience, and without the experience and insight we would not understand. Basic goods are not deduced or derived, for they are self-evident, but there are conditions for our understanding of the goods.

The condition of coming to understand basic human goods, which serve as grounds for reasonable action, is a first-person understanding of our own reasons for acting. That is, we have to understand why we act and what we seek when we act. If an action is intelligible, that action will have some grounds which are understood as worth seeking in themselves, not requiring justification or demonstration on the basis of some other good(s). Understanding this entails self-understanding, adverting to the reasons for acting always operative in our knowing and choosing. Such self-understanding, Finnis explains, is not simply “opening one’s eyes” to take a look at oneself, nor is it an “intuition”; it is an “insight” gained by “reflecting on one’s own wanting, deciding and acting,” which occurs not by “peer[ing] inside oneself” but by noticing and understanding one’s own reasons for acting.

Space does not allow me to flesh out the entire account of natural law, obviously, but the first-personal element responds to both concerns of my two interlocutors. First, natural lawyers needn’t convince or persuade anyone, for in an important way natural law cannot be proven—law is the condition of intelligible action. Instead, our task is to have our interlocutors pay attention, not to us and our arguments, but to themselves. My failure to persuade someone of the natural law happens only if they (a) will not pay attention to themselves, or (b) if they do not understand themselves. Of course, I have neither power nor responsibility over another’s capacity to know themselves, so I’ll politely decline any such obligations for my ethics. In fact, since natural law is pre-theoretical, depending not on a system of concepts but rather on self-understanding, the more I grant that a theory must be able to persuade, the more that alternative theories such as deontology or utility fall while natural law survives, for they actually must provide a proof whereas I make no such claim, asking only for my interlocutor to advert to his performance.

Second, while I cannot prove the natural law—it not being that sort of thing—I can defeat objections to it through the method of retorsion or performative contradiction. The natural law is not a theory but rather the principles constituting our subjectivity, or as Grisez put it, there is no man without the law. The natural law thus constitutes my first-personal subjectivity, and, moreover, I come to understand the law through first-personal reflection on my reasons for acting and judging. While grasping subjectivity qua subjectivity cannot be granted by another, neither can subjectivity be denied without incoherence. Here I mean something more than logical contradiction, for as absurd as the statement “I lack subjectivity” is, the bizarreness occurs when I argue or judge that “I lack subjectivity” or “There is no natural law.” The natural law is both the power by which subjects judge (Arkes) and the understanding of intelligible reasons (Finnis), so the performance of judging or offering intelligible reasons thereby confirms the natural law. As Finnis claims in Natural Law and Natural Rights, “one who makes such an assertion, intending it as a serious contribution to rational discussion, is implicitly committed to the proposition that he believes his assertion is worth making, and worth making qua true.  . . .”

One can neither deny nor question the natural law’s persuasiveness except by asking questions, conducting inquiries, achieving understandings, reaching judgments, and making choices—all of which, if understood as the operations of our own subjectivity, are the natural law at work. And if one denies that one inquires, or understands, or judges, or chooses, one either contradicts what one is doing or one really does not inquire, understand, judge, or choose, in which case persuasion is not available to that sort of creature.

With respect to postmodern suspicion, this articulation of the natural law grounds itself in no big claims about Reason or Nature or Metaphysics. Although every account intertwines itself with big theories, natural law is not grounded in them, for it claims no foundations from which it is derived, pointing only to the easily observable (even by postmodernists) data of their own questions and judgments and the fact that the more someone suspects and argues against my account the more they refute themselves.

The natural law is persuasive because it requires nothing more than a willingness to advert to one’s own self, although, to be sure, even Socrates knew the difficulties in getting people to meet themselves for the first time.

R.J. Snell is associate professor of philosophy at Eastern University and a research director of the Agora Institute for Civic Virtue and the Common Good.