El 15 de diciembre, se conoció el primer informe de Naciones Unidas sobre los supuestos derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), que lleva por título: “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género”.
El informe incorpora la reinterpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos según la cual ésta incluye los supuestos derechos a la “orientación sexual” y a la “identidad de género”.
La reinterpretación fue anunciada, este año, por el Secretario General de la ONU, Ban ki-moon (vid. NG 1097) y plasmada por el Consejo de Derechos Humanos (vid. NG 1114). En su momento, la Santa Sede la rechazó enérgicamente porque alienta la persecución hacia quienes no aceptan el estilo de vida homosexual.
El texto reclama a los estados miembros evitar toda forma de trato objetivamente injusto, como los asesinatos, los secuestros, las privaciones arbitrarias de la libertad, etc, contra de las cuales, en todo país civilizado, existen normas jurídicas generales que protegen a todos los ciudadanos y no sólo a los homosexuales. Pero además, avanza exigiendo el reconocimiento de supuestos derechos con el propósito de imponer el estilo de vida gay en todo el mundo.
Impregnar de homosexualismo todos los ámbitos
Para dar cabida a los supuestos derechos de los gays, lesbianas y transexuales el informe reinterpreta todo el sistema de derechos humanos de la ONU, usando las numerosas observaciones generales y recomendaciones a estados particulares, emanadas de los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos, que tergiversan los textos de esos instrumentos internacionales, por ejemplo, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe reprueba el uso de términos como "delitos contra la naturaleza", "moralidad" o "libertinaje" aplicados al estilo de vida gay. En el texto aparecen menciones al “fundamentalismo”, a “extremistas religiosos, grupos paramilitares, neonazis y nacionalistas extremistas”, unificando así a todos los que se oponen -justa o injustamente- a las pretensiones de los grupos LGTB.
La enumeración de las supuestas discriminaciones abarca las siguientes áreas
-Empleo: entre otras cosas, obligaría una escuela a no prescindir de un maestro travestido.
-Educación: entre otras cosas, no se podrá denegar el ingreso o expulsar a un alumno por su “orientación sexual o expresión de género”. “Las autoridades escolares y educativas deberán integrar los principios de no discriminación y diversidad en los planes de estudios y en el lenguaje utilizados en las escuelas. La educación sexual debe comprender el derecho a recibir información amplia, exacta y apropiada sobre la sexualidad humana para que los jóvenes tengan acceso a la información necesaria para llevar una vida sana, adoptar decisiones con conocimiento de causa y protegerse a sí mismos y proteger a los demás de las infecciones de transmisión sexual. Los medios de comunicación también tienen un papel que desempeñar eliminando los estereotipos negativos sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, en particular en los programas de televisión populares entre los jóvenes”.
-Salud: debe darse cabida a “las necesidades específicas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans”. Debe desecharse toda “terapia reparadora” de la condición homosexual, por “ser potencialmente perjudicial y contribuir al estigma”. Los trans deben contar con cirugía de reasignación de sexo gratuita. No podrá argumentarse con “presuntas amenazas a la salud pública, o a la moral” para restringir la información sobre la orientación sexual; ni acudir al concepto de "decencia", porque puede tener un efecto perjudicial en las iniciativas de salud pública, incluso en relación con la transmisión del VIH/SIDA.
-En la familia y en las comunidades: se deberá reconocer social y jurídicamente a las parejas homosexuales, lo que implica el “derecho” a la libertad matrimonial y al divorcio, que deberán ser reconocidos por las “entidades del sector privado, como los prestatarios de servicios de atención de la salud y las compañías de seguros”.
-Reconocimiento de la identidad género: Los trans deben poder “obtener el reconocimiento legal de su género preferido, incluida la modificación del sexo y el nombre en los documentos de identidad”.
Países “ejemplares”: España y Honduras
El informe menciona elogiosamente a España y Honduras porque han nombrado fiscales especiales para investigar y enjuiciar casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género; a Alemania, Brasil, Ecuador, Holanda y Uruguay, porque han utilizado los Principios de Yogyakarta “para orientar las respuestas de políticas a los incidentes de violencia y discriminación”; a Argentina por su protección a los trans y, por último, Brasil merece una segunda mención positiva: “En el Brasil, el Gobierno ha respaldado una campaña de educación pública bajo el eslogan ‘Brasil sin homofobia’".
Para terminar, vale la pena tener en cuenta las declaraciones de Charles Radcliffe, autor principal del informe y jefe de sección de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “todas las personas tienen libertad religiosa, pero las creencias religiosas o los valores culturales predominantes no pueden justificar despojar a otros de sus derechos básicos".
El informe será tratado por el Consejo de Derechos Humanos en marzo del próximo año.
El informe incorpora la reinterpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos según la cual ésta incluye los supuestos derechos a la “orientación sexual” y a la “identidad de género”.
La reinterpretación fue anunciada, este año, por el Secretario General de la ONU, Ban ki-moon (vid. NG 1097) y plasmada por el Consejo de Derechos Humanos (vid. NG 1114). En su momento, la Santa Sede la rechazó enérgicamente porque alienta la persecución hacia quienes no aceptan el estilo de vida homosexual.
El texto reclama a los estados miembros evitar toda forma de trato objetivamente injusto, como los asesinatos, los secuestros, las privaciones arbitrarias de la libertad, etc, contra de las cuales, en todo país civilizado, existen normas jurídicas generales que protegen a todos los ciudadanos y no sólo a los homosexuales. Pero además, avanza exigiendo el reconocimiento de supuestos derechos con el propósito de imponer el estilo de vida gay en todo el mundo.
Impregnar de homosexualismo todos los ámbitos
Para dar cabida a los supuestos derechos de los gays, lesbianas y transexuales el informe reinterpreta todo el sistema de derechos humanos de la ONU, usando las numerosas observaciones generales y recomendaciones a estados particulares, emanadas de los comités de seguimiento de los tratados de derechos humanos, que tergiversan los textos de esos instrumentos internacionales, por ejemplo, los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El informe reprueba el uso de términos como "delitos contra la naturaleza", "moralidad" o "libertinaje" aplicados al estilo de vida gay. En el texto aparecen menciones al “fundamentalismo”, a “extremistas religiosos, grupos paramilitares, neonazis y nacionalistas extremistas”, unificando así a todos los que se oponen -justa o injustamente- a las pretensiones de los grupos LGTB.
La enumeración de las supuestas discriminaciones abarca las siguientes áreas
-Empleo: entre otras cosas, obligaría una escuela a no prescindir de un maestro travestido.
-Educación: entre otras cosas, no se podrá denegar el ingreso o expulsar a un alumno por su “orientación sexual o expresión de género”. “Las autoridades escolares y educativas deberán integrar los principios de no discriminación y diversidad en los planes de estudios y en el lenguaje utilizados en las escuelas. La educación sexual debe comprender el derecho a recibir información amplia, exacta y apropiada sobre la sexualidad humana para que los jóvenes tengan acceso a la información necesaria para llevar una vida sana, adoptar decisiones con conocimiento de causa y protegerse a sí mismos y proteger a los demás de las infecciones de transmisión sexual. Los medios de comunicación también tienen un papel que desempeñar eliminando los estereotipos negativos sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, en particular en los programas de televisión populares entre los jóvenes”.
-Salud: debe darse cabida a “las necesidades específicas de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans”. Debe desecharse toda “terapia reparadora” de la condición homosexual, por “ser potencialmente perjudicial y contribuir al estigma”. Los trans deben contar con cirugía de reasignación de sexo gratuita. No podrá argumentarse con “presuntas amenazas a la salud pública, o a la moral” para restringir la información sobre la orientación sexual; ni acudir al concepto de "decencia", porque puede tener un efecto perjudicial en las iniciativas de salud pública, incluso en relación con la transmisión del VIH/SIDA.
-En la familia y en las comunidades: se deberá reconocer social y jurídicamente a las parejas homosexuales, lo que implica el “derecho” a la libertad matrimonial y al divorcio, que deberán ser reconocidos por las “entidades del sector privado, como los prestatarios de servicios de atención de la salud y las compañías de seguros”.
-Reconocimiento de la identidad género: Los trans deben poder “obtener el reconocimiento legal de su género preferido, incluida la modificación del sexo y el nombre en los documentos de identidad”.
Países “ejemplares”: España y Honduras
El informe menciona elogiosamente a España y Honduras porque han nombrado fiscales especiales para investigar y enjuiciar casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género; a Alemania, Brasil, Ecuador, Holanda y Uruguay, porque han utilizado los Principios de Yogyakarta “para orientar las respuestas de políticas a los incidentes de violencia y discriminación”; a Argentina por su protección a los trans y, por último, Brasil merece una segunda mención positiva: “En el Brasil, el Gobierno ha respaldado una campaña de educación pública bajo el eslogan ‘Brasil sin homofobia’".
Para terminar, vale la pena tener en cuenta las declaraciones de Charles Radcliffe, autor principal del informe y jefe de sección de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “todas las personas tienen libertad religiosa, pero las creencias religiosas o los valores culturales predominantes no pueden justificar despojar a otros de sus derechos básicos".
El informe será tratado por el Consejo de Derechos Humanos en marzo del próximo año.
