In La Croix
Vous demandez un débat national sur le projet de « mariage pour tous ». Mais n’a-t-il pas eu lieu dans la presse ?
Cardinal André Vingt-Trois
: Si le débat a lieu dans la presse, c’est précisément parce que nous
avons tiré des signaux. Quand j’ai été auditionné par Christiane Taubira
et Dominique Bertinotti, il n’y avait pas beaucoup de place pour la
discussion.
C’était une promesse du candidat élu, me disait-on.
Si c’est comme cela que l’on fait la concertation… Or il ne s’agit pas
d’une réforme qui relève de la simple alternance politique, mais qui
concerne la vie de tous les Français.
Quelle forme pourrait prendre ce débat que vous souhaitez ? Des états généraux ?
Je ne suis pas spécialiste de la mise en œuvre du débat public.
Ce que je remarque, c’est qu’il n’y avait pas d’esprit de discussion. Et
depuis que nous avons posé quelques questions, on a vu surgir ici ou là
des tribunes, des libres opinions, des interviews qui ont fait
découvrir des gens qui ne sont pas d’accord avec ce projet. Comme s’ils
n’existaient pas avant !
Votre discours de samedi a suscité
des réactions parfois violentes. Certains s’en prennent à une Église
jugée arriérée, homophobe… et jugent ses prises de parole illégitimes au
nom de la laïcité. Qu’en pensez-vous ?
Vous faites allusion à deux registres d’expression différents.
Le premier correspond à la vision d’une laïcité aseptisée, qu’on aurait
mise en bocaux scellés à la fin du XIXe siècle. Et chaque fois qu’une
occasion se présente, on ouvre un bocal et on retrouve l’ingrédient tel
qu’il était dans les combats du XIXe siècle. Nous sommes habitués à
cela.
Le second registre est celui de l’invective, pour ne pas
dire l’injure publique. Il manifeste une sorte de désarroi. Quand on ne
peut pas affronter un débat raisonnable entre gens civilisés, l’injure
est une façon d’esquiver le débat.
Vous avez appelé les
chrétiens à utiliser tous les moyens d’expression de la vie
démocratique. Les appelez-vous à manifester dans la rue ?
Je les appelle surtout à se manifester, et ce de toutes sortes
de façons, par la parole, par l’organisation de rencontres, par tribunes
dans la presse… J’appelle les chrétiens à écrire des lettres
personnelles – pas des lettres préfabriquées ! – à leurs élus et s’ils
veulent manifester, qu’ils manifestent.
En 1984, c’est la rue qui a fait changer une loi importante.
Souhaitez-vous que la rue fasse changer cette loi ?
Le contexte n’est plus le même. Le sujet non plus : l’abrogation
d’un droit dont les Français jouissaient et pensaient ne pas pouvoir
perdre. Et en 1984, on pouvait compter sur les réseaux de parents
d’élèves.
Ces différents éléments ne sont pas réunis aujourd’hui.
C’est pourquoi je me place sur le plan de l’attestation des gens qui
veulent faire savoir qu’ils ne sont pas d’accord avec un projet de loi.
sábado, 10 de novembro de 2012
Luces y sombras del concilio. La laguna que Juan Pablo II quiso colmar - de Sandro Magister
In Chiesaespressonline
Se refería a la acción misionera de la Iglesia. La génesis del decreto conciliar "Ad gentes" y de la encíclica de 1990 "Redemptoris missio" en las memorias inéditas del padre Piero Gheddo, que trabajó en la redacción de ambos documentos
Se refería a la acción misionera de la Iglesia. La génesis del decreto conciliar "Ad gentes" y de la encíclica de 1990 "Redemptoris missio" en las memorias inéditas del padre Piero Gheddo, que trabajó en la redacción de ambos documentos
ROMA, 9 de noviembre de 2012 – En el sínodo de octubre pasado sobre la nueva evangelización ha causado impresión la crítica dirigida por el cardenal indio Telesphore Placidus Toppo a esas órdenes religiosas que actúan "como multinacionales para responder a las necesidades materiales de la humanidad, olvidando que el objetivo principal de su fundación era traer el Kerygma, el Evangelio, a un mundo perdido".
La crítica no es nueva. Y ha sido dirigida por los últimos papas, en numerosas ocasiones, a la generalidad de la Iglesia católica, alentada para que reavive su enfriado espíritu misionero.
El punto de inflexión fue el concilio Vaticano II.
"Hasta el concilio la Iglesia vivía una estación de fervor misionero hoy inimaginable", recuerda el padre Piero Gheddo, del Pontificio Instituto de las Misiones Extranjeras, que fue uno de los expertos llamados al concilio por Juan XXIII para trabajar en la redacción del documento sobre las misiones.
Pero después hubo un colapso repentino. Tanto es así que en 1990, veinticinco años después de la aprobación del decreto conciliar "Ad gentes", Juan Pablo II sintió la necesidad de dedicar a las misiones una encíclica, la "Redemptoris missio", precisamente para despertar a la Iglesia de su letargo.
Padre Gheddo fue llamado para trabajar en la redacción de esta encíclica. Y dice:
"Juan Pablo II, con la 'Redemptoris missio', deseaba ciertamente confirmar el decreto conciliar 'Ad gentes', pero quería también colmar una laguna de ese texto, muy bello, pero apresurado e incompleto. Es decir, quería tratar temas que en el Vaticano II había sido examinados con demasiada prisa, o incluso se habían ignorado. Puedo afirmar esto, pues me reuní varias veces con el Papa mientras yo preparaba las tres redacciones del documento, entre octubre de 1989 y julio de 1990".
En estas semanas el padre Gheddo – que tiene 83 años, ha realizado numerosos viajes a todos los continentes, ha escrito más de 80 libros traducidos en distintos idiomas y ha sido, hasta 2010, director de la oficina histórica del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras – está poniendo en orden sus memorias concernientes el concilio, y el postconcilio. Algunos de sus apuntes han sido publicados por Zenit y Asia News.
DURANTE EL CONCILIO
Sobre el caso del decreto conciliar "Ad gentes", que él ayudó a escribir, padre Gheddo dice:
"El decreto tuvo un camino muy laborioso y controvertido. Ante todo, las exigencias y las soluciones propuestas por los padres conciliares eran muy distintas según los continentes. Por poner un ejemplo que recuerdo bien: las Iglesias asiáticas, ricas de vocaciones y con una antigua tradición de celibato en las religiones locales, insistían en mantener el celibato sacerdotal; desde América Latina y África, en cambio, algunos episcopados pedían su abolición, o la admisión del clero casado bajo ciertas condiciones".
El documento corrió el riesgo incluso de ser cancelado. Sigue el relato de padre Gheddo:
"Las dificultades aumentan cuando el 23 de abril de 1964, entre la II y la III sesión conciliar, la secretaría del concilio manda una carta a nuestra comisión: el esquema sobre las misiones debe reducirse a pocas propuestas. Ya no debía ser un texto largo y razonado, sino una simple enumeración de propuestas. La idea era simplificar los trabajos del concilio para que éste concluyera con la III sesión. Algunos textos basilares podía ser bastante amplios; otros, considerados menos importantes, tenían que limitarse a pocas páginas de propuestas. Era voz común que los gastos para los padres conciliares, unos 2.400 en total, y el aparato del concilio eran totalmente insostenibles para la Santa Sede".
"La comisión de las misiones trabajaba a marchas forzadas, también por la noche, para respetar esta petición, concentrando el texto en 13 propuestas. Pero apenas la noticia se difunde entre los obispos llegan las protestas, algunas vehementes como la del cardenal Frings de Colonia, que envía una carta a los obispos alemanes y a otros, incitándoles a protestar: “¡Pero cómo! ¿Se afirma que el esfuerzo misionero es esencial para la Iglesia y después se quiere reducirlo a pocas páginas? Incomprensible, imposible, inaceptable”".
"Un grupo de obispos pide la abolición del documento sobre las misiones, integrando el material en la constitución "Lumen gentium" sobre la Iglesia. Otros, en cambio, más numerosos y aguerridos (entre ellos había misioneros 'de foresta' que con solo verlos era imposible decirles que no), proceden a ponerse en contacto personalmente, uno por uno, con todos los padres conciliares, conquistando seguidores. La batalla en el aula se concluye con éxito: solo 311 padres conciliares se pronuncian en favor del documento sobre las misiones reducido a 13 propuestas; los otros 1.601 piden que el decreto misionero se salve integralmente. Su suerte se renvía a la IV sesión del concilio, la más larga de todas, desde el 14 de septiembre al 8 de diciembre de 1965".
Uno de los puntos de controversia se refiere al papel de la congregación vaticana "de Propaganda Fide":
"Por un lado se solicitaba incluso la abolición de la congregación para la evangelización de los no cristianos. Por otra, muchos padres pedían que se potenciara aún más para así recuperar su papel guía, superando así la función sólo jurídica y de financiación de las diócesis misioneras que hasta ese momento había asumido.
"Efectivamente, desde su nacimiento en 1622 hasta principios del siglo XX, 'Propaganda Fide' había tenido un papel fuerte, vigoroso, en la estrategia y en la guía concreta del trabajo misionero, como también en la vida de los institutos y de los mismos misioneros. Pero posteriormente su papel se redujo, mientras adquiría mayor fuerza la secretaría de Estado, con las relativas nunciaturas apostólicas. No pocos obispos querían, por tanto, reforzar la congregación de las misiones, de cuya libertad de acción sentían la necesidad, para garantizar así su misma libertad".
La petición de estos obispos misioneros no llegó a buen puerto – dice padre Gheddo – "también porque la tendencia a la centralización y unificación del gobierno de la Iglesia era, quizás, inevitable".
Viceversa, sobre otro punto controvertido, a un grupo de obispos de las regiones amazónicas el éxito les sonrió:
"Es un hecho que he seguido personalmente", recuerda padre Gheddo. "Mons. Arcangelo Cerqua del PIME, prelado de Parintins en la Amazonia brasileña, y Mons. Aristide Pirovano, también él del PIME, prelado de Macapà en Amazonia, se hicieron promotores de una 'acción cabildea' que llevó a incluir en el decreto 'Ad gentes', en el último momento, la nota 37 del capítulo 6, que equipara las prelaturas de la Amazonia brasileña (en esa época 35), pero también muchas otras de América Latina, con los territorios misioneros dependientes de 'Propaganda Fide'. Sin esta equiparación, América Latina habría quedado excluida de las ayudas de las pontificias obras misioneras de las cuales se beneficia actualmente.
"En la votación decisiva, en noviembre de 1965, 117 padres de América Latina rechazan el texto presentado a votación, que no menciona para nada las prelaturas. Demasiado pocos, sobre un total de 2.153 votantes. Sin embargo, contemporáneamente, otros 712 padres votan a favor pero "iuxta modum", obligando por lo tanto a rescribir el texto porque no había sido plenamente aprobado por los dos tercios de los votantes. De esta manera se consiguió hacer incluir las prelaturas de América Latina entre los territorios que reciben ayuda de las pontificias obras misioneras".
Comenta padre Gheddo:
"Hechos como estos, pero también otros muchos, como por ejemplo la aprobación de la colegialidad del Papa con el episcopado, confirman la evidente intervención del Espíritu Santo guiando la asamblea del Vaticano II".
Esto no impide – prosigue padre Gheddo – que en el intervalo entre la III y la IV sesión del Vaticano II "había en la comisión un sentimiento de ansia, en alguno incluso casi de desesperación".
"El texto enviado a los obispos en el verano de 1965 era cinco veces más extenso que las precedentes 13 propuestas a las cuales se había intentado reducirlo. Parecía un éxito increíble. Pero la responsabilidad más grande para la comisión de redacción llega después. Los meses decisivos son octubre y noviembre. Se enriquece el texto con muchas de las observaciones sugeridas por los obispos. En noviembre hay veinte votaciones que lo aprueban con una gran mayoría, pero con más de 500 páginas de 'modos', de sugerencias, de propuestas en el aula que siguen pidiendo adiciones, correcciones, distintas formulaciones. Faltaba menos de un mes para que terminara el concilio y ¡parecía que había que empezar desde el principio!
"Después, misteriosamente, al final todo se arregló. El conjunto del decreto se aprueba en la última sesión pública con 2.394 votos favorables y sólo 5 en contra, el más alto nivel de unanimidad en las votaciones de todo el concilio. '¡El Espíritu Santo existe verdaderamente!', exclamó el cardenal Agagianian, prefecto de 'Propaganda Fide' y uno de los cuatro moderadores de la asamblea".
DESPUÉS DEL CONCILIO
Una vez ya en el inmediato postconcilio, sin embargo, el sueño de un nuevo Pentecostés misionero cedió el paso a una tendencia opuesta. Recuerda padre Gheddo:
"Se reducía la obligación religiosa de evangelizar a compromiso social: lo importante es amar al prójimo, hacer el bien, dar testimonio de servicio, como si la Iglesia fuese una agencia de ayuda y de socorro de emergencia para remediar a las injusticias y las plagas de la sociedad. Se exaltaban el análisis 'científico' del marxismo y el tercermundismo. Se proclamaban como verdades tesis del todo falsas: por ejemplo, que no es importante que los pueblos se conviertan a Cristo, con tal que acojan el mensaje de amor y paz del Evangelio".
Estas tendencias se manifiestan también entre los obispos que participan, en 1974, al sínodo sobre la evangelización. Es Pablo VI, con la exhortación apostólica postsinodal "Evangelii nuntiandi" de 1975, quien reafirma con fuerza que "incluso el testimonio más bello se revelará a la larga impotente si el nombre, la enseñanza, la vida y las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, no son proclamados".
"Pero no se escuchó a Pablo VI", comenta padre Gheddo. Y también su sucesor, Juan Pablo II, con la encíclica "Redemptoris missio" de 1990 tuvo que enfrentarse a un muro de incomprensión.
Recuerda padre Gheddo, que colaboró con el Papa en la redacción de la misma:
"No pocos, en la curia vaticana, contestaron esa encíclica antes incluso de que saliera. Decían: 'Una encíclica es demasiado, sería suficiente una carta apostólica, como se hace para el aniversario de un texto conciliar'. Pero también después de su salida la 'Redemptoris missio' fue infravalorada en la Iglesia por teólogos, "misiologos", revistas misioneras. Decían: 'No dice nada nuevo'. Pero en cambio introducía temas nuevos y absolutamente revolucionarios, nunca mencionados por el decreto conciliar 'Ad gentes', como por ejemplo en el capítulo titulado 'Promover el desarrollo, educando las conciencias'. Tenía razón Juan Pablo II cuando constataba que en la historia de la Iglesia el impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad, y como su disminución es signo de una crisis de fe".
Prosigue padre Gheddo:
"Observando hoy las revistas y los libros, los congresos, las campañas de entes y organismos misioneros, uno se pregunta si la 'Redemptoris missio' es conocida y vivida. Digamos la verdad. La gravísima disminución de las vocaciones misioneras depende también de cómo se presenta la figura del misionero y la misión ad gentes.
"Hace medio siglo se hacían vigilias y marchas misioneras haciendo hablar a los misioneros sobre el terreno, pidiendo a Dios más vocaciones para la misión ad gentes y animando a los jóvenes a ofrecer sus vidas por las misiones. Hoy prevalece la movilización sobre temas como la venta de armas, la recogida de firmas contra la deuda externa de los países africanos, el agua como bien público, la deforestación, etc. Cuando temas como estos adquieren el peso mayor en la animación misionera, es inevitable que el misionero quede reducido a un operador social y político.
"Pregunto: ¿se puede pensar que un joven o una chica que han sido educados para denunciar y protestar, para recoger firmas contra las armas o la deuda externa, puedan sentirse atraídos por convertirse en misioneros? Para tener más vocaciones misioneras es necesario que los jóvenes sientan fascinación por el Evangelio y la vida en la misión, que se enamoren de Jesucristo, la única riqueza que tenemos. Todo el resto viene por consiguiente".
UNA NOTA DE CONFIANZA
Con Benedicto XVI se ha puesto en primer plano la lucha contra el relativismo, contra la idea de que todas las religiones se equivalen y son vías de salvación. Entre los muchos textos de este pontificado sobre el tema, está la nota doctrinal de la congregación para la doctrina de la fe sobre algunos aspectos de la evangelización.
Comenta padre Gheddo:
"La nota fue deseada y aprobada por el Papa, y se publicó el 3 de diciembre de 2007, fiesta del misionero por excelencia, San Francisco Javier; sin embargo, ha sido prácticamente ignorada por la prensa católica y misionera, cuando en cambio es un texto que los institutos misioneros diocesanos, la prensa, los grupos y las asociaciones misioneras deberían conocer y debatir para tener un punto de referencia concreto en el clima de secularización y relativismo que corre el riesgo de hacernos perder la brújula de la recta vía".
Pero no obstante todo esto, padre Gheddo sigue teniendo confianza y para confirmarlo, de un tirón, indica algunas cifras:
"Hoy hay demasiado pesimismo sobre la eficacia de la misión entre los no cristianos. La realidad es distinta. En la milenaria historia de la Iglesia no hay ningún continente que se haya convertido a Cristo tan rápidamente como África. En 1960 los católicos africanos eran aproximadamente 35 millones, con 25 obispos locales; hoy son 172 millones, con casi 400 obispos africanos. Según el Pew Research Center de Washington, en 2010, en toda África, los cristianos y los musulmanes tenían, ambos, poco menos de 500 millones de fieles, pero sólo en África negra, al sur del Sahara, los cristianos son 470 millones y los musulmanes 234.
"En 1960 en Asia había 68 obispos asiáticos y en ningún país se notaba un crecimiento sostenido de los bautizados. Sólo en la India había un buen índice de conversiones y aquí, hoy, los católicos son al menos 30 millones, el doble de la cifra declarada. Lo mismo vale para Indonesia, Sri Lanka, Birmania, Vietnam, donde los católicos son ya el 10 por ciento de los 85 millones de vietnamitas, con numerosas conversiones y vocaciones. En 1949, cuando Mao subió al poder, China tenía 3,7 millones de católicos; hoy, no obstante la persecución, se estima que hay 12-15 millones y los cristianos en su conjunto son 45-50 millones. En Corea del Sur, donde la religión es libre y las estadísticas son creíbles, los católicos son más de 5 millones, el 10,3 por ciento de los surcoreanos, y los cristianos, en total, el 30 por ciento.
"El efecto positivo del concilio y de los papas es evidente en la promoción de las jóvenes Iglesias, que hoy son misioneras fuera de los propios países y hacia Occidente. Los estereotipos como que la misión ad gentes se ha acabado y que no tiene eficacia deben ser borrados, porque no corresponden a la realidad de los hechos.
"Juan Pablo II escribió en la 'Redemptoris missio': 'La misión ad gentes está todavía en los comienzos'. No conocemos los planes de Dios, pero probablemente también este periodo de estancamiento de la misión ad gentes tiene su significado positivo. Lo entenderemos, tal vez, dentro de medio siglo".
__________
El decreto del concilio Vaticano II sobre las misiones de 1965:
> "Ad gentes"
La exhortación apostólica de Pablo VI de 1975:
> "Evangelii nuntiandi"
La encíclica de Juan Pablo II de 1990:
> "Redemptoris missio"
Ombres et lumières du concile. La lacune que Jean-Paul II voulut combler - par Sandro Magister
In Chiesaespressonline
__________
Le décret du concile Vatican II relatif aux missions, publié en 1965 :
> "Ad gentes"
L'exhortation apostolique publiée en 1975 par Paul VI :
> "Evangelii nuntiandi"
L'encyclique publiée en 1990 par Jean-Paul II :
> "Redemptoris missio"
Elle concernait l'action missionnaire de l'Église. La genèse du
décret conciliaire "Ad gentes" et de l'encyclique "Redemptoris missio"
de 1990 dans les mémoires inédits du père Piero Gheddo, qui a travaillé à
la rédaction de ces deux documents
ROME, le 9 novembre 2012 – Lors du synode du mois dernier
consacré à la nouvelle évangélisation, le cardinal indien Telesphore
Placidus Toppo a produit une forte impression quand il a critiqué ceux
des ordres religieux qui agissent "comme des multinationales pour
répondre aux besoins matériels de l’humanité mais oublient que le
principal objectif pour lequel ils ont été créés est de porter le
'kérygme', l’Évangile, à un monde perdu".
Cette critique n’est pas nouvelle. Et les derniers papes l’ont adressée, à plusieurs reprises, à l’ensemble de l’Église catholique, qu’ils ont incitée à raviver son esprit missionnaire refroidi.
Le renversement de tendance a eu lieu au moment du concile Vatican II.
"Jusqu’au concile, l’Église a vécu une période de ferveur missionnaire qui est inimaginable aujourd’hui", rappelle le père Piero Gheddo, de l’Institut Pontifical des Missions Étrangères, qui fut l’un des experts appelés au concile par Jean XXIII pour travailler à la rédaction du document relatif aux missions.
Mais, ensuite, il y a eu un écroulement soudain. C’est tellement vrai que, en 1990, vingt-cinq ans après l'approbation du décret conciliaire "Ad gentes" ["Vers les peuples"], Jean-Paul II a ressenti la nécessité de consacrer aux missions une encyclique, "Redemptoris missio", précisément pour secouer l’Église et la faire sortir de sa torpeur.
Le père Gheddo fut également appelé à travailler à la rédaction de cette encyclique. Il affirme :
"Avec 'Redemptoris missio', Jean-Paul II voulait certainement confirmer le décret conciliaire 'Ad gentes', mais il voulait également combler une lacune de ce texte, très beau mais rédigé hâtivement et incomplet. C’est-à-dire qu’il voulait traiter des thèmes qui, lors du concile Vatican II, avaient été examinés de manière hâtive ou même carrément laissés de côté. Et je peux bien dire cela puisque j’ai rencontré le pape à plusieurs reprises pendant que je préparais les trois moutures du document, entre les mois d’octobre 1989 et de juillet 1990".
Ces derniers temps, le père Gheddo – qui a 83 ans, a fait d’innombrables voyages sur tous les continents, a écrit plus de 80 livres qui ont été traduits en plusieurs langues et a été jusqu’en 2010 le directeur du service historique de l’Institut Pontifical des Missions Étrangères – remet de l’ordre dans ses mémoires concernant le concile et l’après-concile. Certains de ses textes ont été repris par les agences de presse Zenit et Asia News.
PENDANT LE CONCILE
En ce qui concerne le décret conciliaire "Ad gentes", à la rédaction duquel il a contribué, le père Gheddo dit ceci :
"Le décret a connu un cheminement on ne peut plus laborieux et semé de difficultés. Tout d’abord, les exigences et les solutions qui ont été présentées par les pères conciliaires variaient beaucoup en fonction du continent d’où ils venaient. Pour ne citer qu’un seul exemple, dont je me souviens bien : les Églises asiatiques, qui étaient riches en vocations et présentes dans des pays où les religions locales avaient une longue tradition de célibat, demandaient de manière insistante que le célibat sacerdotal soit maintenu ; au contraire, certains épiscopats d'Amérique Latine et d'Afrique en demandaient l'abolition, ou bien l'admission d’un clergé marié, à certaines conditions".
Le document a même couru le risque d’être annulé. Le père Gheddo poursuit son récit :
"Les difficultés augmentent quand, le 23 avril 1964, entre la IIe et la IIIe session conciliaire, le secrétariat du concile adresse à notre commission une lettre indiquant que le schéma relatif aux missions doit être réduit à quelques propositions. Il n’est plus question d’un texte long et argumenté, mais d’une simple liste de propositions. Il s’agit là d’une tentative de simplification des travaux du concile, pour que celui-ci s’achève avec la IIIe session. Certains textes de base peuvent être assez longs ; d’autres, étant considérés comme moins importants, doivent être limités à quelques pages de propositions. On entendait dire un peu partout que les dépenses engagées pour les pères conciliaires – il y en avait environ 2 400 en tout - et pour la machine du concile étaient tout à fait insoutenables pour le Saint-Siège.
"La commission des missions travaille à toute vitesse, y compris de nuit, afin de répondre à cette demande, en concentrant le texte en 13 propositions. Mais à peine la nouvelle s’est-elle répandue parmi les évêques que les protestations arrivent ; certaines d’entre elles sont véhémentes, comme celle du cardinal Frings, archevêque de Cologne, qui envoie des lettres aux évêques allemands et à d’autres, dans lesquelles il les invite à protester : Mais comment ! On affirme que l’effort missionnaire est essentiel pour l’Église et voilà que l’on veut le réduire à un texte de quelques pages ? C’est incompréhensible, impossible, inacceptable".
"Un groupe d’évêques demande que le document relatif aux missions soit supprimé et que son contenu soit intégré dans la constitution "Lumen gentium" concernant l’Église. D’autres, au contraire, plus nombreux et plus combatifs (il y a, parmi eux, des missionnaires 'de brousse' à qui, rien qu’en les voyant, on ne peut pas dire non), établissent des contacts personnels avec tous les pères conciliaires, l’un après l’autre, et font des adeptes. La bataille en séance se termine par un succès : 311 pères conciliaires seulement se prononcent en faveur du document relatif aux missions réduit à 13 propositions, tandis que 1 601 d’entre eux demandent que le décret missionnaire soit conservé dans son intégralité. La décision concernant son sort est renvoyée à la IVe session du concile, la plus longue de toutes, qui dure du 14 septembre au 8 décembre 1965".
L’un des points controversés concerne le rôle de la congrégation vaticane "de Propaganda Fide" :
"D’un côté, certains demandaient carrément la suppression de la congrégation pour l'évangélisation des non-chrétiens. Au contraire, beaucoup de pères conciliaires demandaient que celle-ci soit renforcée, afin qu’elle retrouve un rôle de guide, dépassant ainsi la fonction uniquement juridique et de financement des diocèses missionnaires qu’elle en était venue à assumer.
"En effet, depuis sa naissance en 1622 jusqu’au début du XXe siècle, 'Propaganda Fide' a eu un rôle fort, vigoureux, dans la stratégie et dans la conduite concrète du travail missionnaire, ainsi que dans la vie des instituts et des missionnaires eux-mêmes. Mais ensuite son rôle s’est réduit, tandis que la secrétairerie d’état gagnait en puissance, à travers les nonciatures apostoliques qui dépendaient d’elle. Des évêques missionnaires en assez grand nombre voulaient donc renforcer la congrégation des missions, dont la liberté d’action leur paraissait très nécessaire, comme garantie de leur propre liberté".
Si la demande de ces évêques missionnaires n’a pas été couronnée de succès – dit le père Gheddo – "c’est aussi parce que la tendance à la centralisation et à l’unification du gouvernement de l’Église était peut-être inévitable".
Inversement, sur un autre point controversé, un groupe d’évêques des régions amazoniennes a connu le succès :
"C’est une affaire que j’ai suivie personnellement", se rappelle le père Gheddo. "Mgr Arcangelo Cerqua, de l’IPME (Institut Pontifical pour les Missions Étrangères), prélat de Parintins en Amazonie brésilienne, et Mgr Aristide Pirovano, lui aussi membre de l’IPME, prélat de Macapà en Amazonie, se firent les promoteurs d’une opération de 'lobbying' qui aboutit à insérer dans le décret 'Ad gentes', au dernier moment, la note 37 du chapitre 6. Celle-ci crée une équivalence entre d’une part les prélatures de l'Amazonie brésilienne (à l’époque il y en avait 35) mais également beaucoup d’autres situées en Amérique latine, et d’autre part les territoires missionnaires dépendant de 'Propaganda Fide'. Sans cette mise en équivalence, l'Amérique latine serait restée exclue des aides fournies par les œuvres pontificales missionnaires, dont elle bénéficie aujourd’hui.
"Lors du vote décisif, au mois de novembre 1965, le texte soumis au vote, qui ne parle pas des prélatures, est rejeté par 117 pères conciliaires d'Amérique latine. C’est trop peu, sur un total de 2 153 votants. Toutefois, dans le même temps, 712 autres pères votent en faveur du texte, mais "iuxta modum", ce qui oblige à le réécrire, parce qu’il n’a pas été pleinement approuvé par les deux tiers des votants. Et c’est ainsi qu’il a été possible de faire figurer les prélatures d’Amérique Latine parmi les territoires aidés par les œuvres pontificales missionnaires".
Commentaire du père Gheddo :
"Des faits tels que ceux-là, mais également beaucoup d’autres, comme par exemple l’approbation de la collégialité du pape avec l’épiscopat, sont une confirmation de l'évidente intervention du Saint-Esprit dans la conduite de l'assemblée de Vatican II".
Ce qui n’empêche pas – poursuit le père Gheddo – que, dans l'intervalle entre la IIIe et la IVe session de Vatican II, "il y ait eu en commission un sentiment d’anxiété qui, chez certains, allait presque jusqu’au désespoir".
"Le texte envoyé aux évêques pendant l’été 1965 était cinq fois plus long que les 13 propositions précédentes auxquelles on avait tenté de le réduire. Cela paraissait un succès incroyable. Mais, pour la commission de rédaction, le plus gros effort est venu ensuite. Les mois décisifs sont octobre et novembre. Le texte est enrichi d’un grand nombre des observations suggérées par les évêques. En novembre, il y a vingt votes qui l’approuvent à une large majorité, mais avec 500 autres pages de 'modi', de suggestions, de propositions en séance qui rendent nécessaires d’autres additions, corrections, formulations différentes. On était à moins d’un mois de la fin du concile et on avait encore presque l’impression qu’il allait falloir recommencer à partir du début !
"Et puis, mystérieusement, à la fin tout s’arrange. L'ensemble du décret est approuvé lors de la dernière séance publique par 2 394 voix pour et seulement 5 voix contre, ce qui est le plus haut niveau d’unanimité de tous les votes du concile. 'Le Saint-Esprit est vraiment là !', s’est exclamé le cardinal Agagianian, alors préfet de 'Propaganda Fide' et l’un des quatre modérateurs de la séance".
APRÈS LE CONCILE
Toutefois, dès le tout début de l’époque postconciliaire, le rêve d’une nouvelle Pentecôte missionnaire a cédé le pas à une tendance opposée. Le père Gheddo se souvient :
"On réduisait l'obligation religieuse d’évangéliser à un engagement social : l'important est d’aimer son prochain, de faire du bien, de donner un témoignage de service aux autres, comme si l’Église était une agence d’aide et d’intervention rapide pour porter remède aux injustices et aux maux de la société. On exaltait l'analyse 'scientifique' du marxisme et le tiers-mondisme. On proclamait comme des vérités des thèses complètement fausses, par exemple celle selon laquelle il n’est pas important que les peuples se convertissent au Christ, du moment qu’ils accueillent le message d’amour et de paix de l’Évangile".
Ces tendances se manifestent également chez les évêques qui prennent part, en 1974, au synode consacré à l'évangélisation. C’est Paul VI qui, dans l'exhortation apostolique post-synodale "Evangelii nuntiandi" de 1975, réaffirme avec force que "même le plus beau témoignage se révèlera inefficace à long terme si le nom, l'enseignement, la vie et les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas proclamés".
"Mais Paul VI n’a pas été écouté", commente le père Gheddo. Et son successeur Jean-Paul II, lorsqu’il publia l'encyclique "Redemptoris missio" en 1990, se heurta lui aussi à un mur d’incompréhension.
Le père Gheddo, qui collabora avec le pape pour la rédaction de ce texte, se souvient :
"Des membres de la curie du Vatican en assez grand nombre contestèrent cette encyclique avant même qu’elle ne soit publiée. Ils disaient : 'Une encyclique, c’est trop, une lettre apostolique peut suffire, comme c’est le cas pour l'anniversaire d’un texte conciliaire'. Mais même après sa publication l’encyclique 'Redemptoris missio' a été sous-estimée dans l’Église, par des théologiens, des missiologues, des revues missionnaires. Ils affirmaient : 'Elle ne dit rien de nouveau'. Alors que, au contraire, elle introduisait des thèmes nouveaux et absolument révolutionnaires qui n’avaient même pas été effleurés par le décret conciliaire 'Ad gentes', comme c’est le cas par exemple dans le chapitre intitulé 'Promouvoir le développement en éduquant les consciences'. Jean-Paul II avait raison de constater que, dans l’histoire de l’Église, l’élan missionnaire a toujours été un signe de vitalité et sa diminution le signe d’une crise de la foi".
Et le père Gheddo de poursuivre :
"Aujourd’hui, lorsque l’on observe les revues et les livres, les congrès, les campagnes organisées par des organismes missionnaires, on en vient à se demander si 'Redemptoris missio' est connue et vécue. Disons la vérité. La très grave diminution des vocations missionnaires tient également à la manière de présenter la figure du missionnaire et la mission vers les peuples.
"Il y a un demi-siècle, on organisait des veillées et des marches missionnaires à l’occasion desquelles on faisait parler les missionnaires de terrain ; on demandait à Dieu davantage de vocations pour la mission vers les peuples et on encourageait les jeunes à offrir leur vie pour les missions. Aujourd’hui, ce qui prédomine, c’est la mobilisation sur des thèmes tels que les ventes d’armes, la collecte de signatures contre la dette extérieure des pays africains, l’eau comme bien commun, la déforestation, etc. Lorsque des thèmes comme ceux-là sont ceux qui ont le plus de poids dans l'animation missionnaire, il est inévitable que le missionnaire soit réduit au rôle d’opérateur social e politique.
"Je pose la question : peut-on imaginer qu’un jeune homme ou une jeune femme se sentiront incités à devenir missionnaires, si leur éducation leur apprend à critiquer et à protester, à recueillir des signatures contre les armes ou contre la dette extérieure ? Pour qu’il y ait davantage de vocations missionnaires il faut fasciner les jeunes en leur faisant connaître l’Évangile et la vie de mission, faire en sorte qu’ils se mettent à aimer Jésus-Christ, la seule richesse que nous ayons. Tout le reste en découle".
UNE NOTE DE CONFIANCE
Avec Benoît XVI, la lutte contre le relativisme, contre l'idée que toutes les religions sont équivalentes et constituent des voies de salut, est passée au premier plan. Parmi les nombreux textes de ce pontificat qui portent sur ce sujet, il y a la note doctrinale de la congrégation pour la doctrine de la foi relative à certains aspects de l’évangélisation.
Commentaire du père Gheddo :
"Cette note a été voulue et approuvée par le pape ; elle a été publiée le 3 décembre 2007, fête du missionnaire par excellence qu’est saint François Xavier ; et pourtant elle a été presque passée sous silence par la presse catholique et missionnaire, alors que c’est un texte que les instituts missionnaires diocésains, la presse, les groupes et les associations missionnaires devraient connaître et discuter pour avoir un point de référence précis dans le climat de sécularisation et de relativisme qui risque de nous faire perdre le sens de la voie juste".
Mais, malgré tout cela, le père Gheddo continue à avoir confiance et pour justifier cette confiance il cite quelques chiffres :
"Aujourd’hui, il y a trop de pessimisme quant à l’efficacité des missions auprès des non-chrétiens. La réalité est différente. Au cours de l’histoire bimillénaire de l’Église, il n’y a aucun continent qui se soit converti au Christ aussi rapidement que l’Afrique. En 1960, il y avait en Afrique quelque 35 millions de catholiques et 25 évêques locaux ; aujourd’hui, il y en a 172 millions et environ 400 évêques africains. D’après le Pew Research Center de Washington, les chrétiens comptent comme les musulmans un peu moins de 500 millions de fidèles dans l’ensemble de l’Afrique en 2010, mais dans la seule Afrique noire sub-saharienne il y a 470 millions de chrétiens et 234 millions de musulmans.
"En 1960, il y avait en Asie 68 évêques asiatiques et dans aucun pays on n’enregistrait une croissance soutenue du nombre de baptisés. Il n’y a qu’en Inde que l’on trouvait un bon taux de conversions et aujourd’hui, dans ce pays, il y a au moins 30 millions de catholiques, soit deux fois plus que le chiffre déclaré. Il en est de même pour l’Indonésie, le Sri Lanka, la Birmanie, et aussi pour le Vietnam, un pays où les catholiques représentent déjà 10 % des 85 millions d’habitants et où les conversions et les vocations sont nombreuses. La Chine comptait, lorsque Mao est arrivé au pouvoir en 1949, 3,7 millions de catholiques ; aujourd’hui, en dépit de la persécution, on estime qu’il y en a de 12 à 15 millions et que les chrétiens dans leur ensemble sont de 45 à 50 millions. En Corée du Sud, pays où la religion est libre et les statistiques crédibles, les catholiques sont plus de 5 millions, soit 10,3 % de la population sud-coréenne, et les chrétiens dans leur ensemble 30 %.
"L’effet positif du concile et des papes est évident dans la promotion des jeunes Églises, qui sont aujourd’hui missionnaires en dehors de leur propres pays et vers l’Occident. Les stéréotypes selon lesquels la mission vers les peuples serait terminée et n’aurait plus d’efficacité doivent être abandonnés parce qu’ils ne correspondent pas à la réalité des faits.
"Jean-Paul II a écrit dans 'Redemptoris missio' : 'La mission vers les peuples en est à peine à ses débuts'. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu, mais l’actuelle période de stagnation de la mission vers les peuples a probablement, elle aussi, sa signification positive. Peut-être le comprendrons-nous dans un demi-siècle".
Cette critique n’est pas nouvelle. Et les derniers papes l’ont adressée, à plusieurs reprises, à l’ensemble de l’Église catholique, qu’ils ont incitée à raviver son esprit missionnaire refroidi.
Le renversement de tendance a eu lieu au moment du concile Vatican II.
"Jusqu’au concile, l’Église a vécu une période de ferveur missionnaire qui est inimaginable aujourd’hui", rappelle le père Piero Gheddo, de l’Institut Pontifical des Missions Étrangères, qui fut l’un des experts appelés au concile par Jean XXIII pour travailler à la rédaction du document relatif aux missions.
Mais, ensuite, il y a eu un écroulement soudain. C’est tellement vrai que, en 1990, vingt-cinq ans après l'approbation du décret conciliaire "Ad gentes" ["Vers les peuples"], Jean-Paul II a ressenti la nécessité de consacrer aux missions une encyclique, "Redemptoris missio", précisément pour secouer l’Église et la faire sortir de sa torpeur.
Le père Gheddo fut également appelé à travailler à la rédaction de cette encyclique. Il affirme :
"Avec 'Redemptoris missio', Jean-Paul II voulait certainement confirmer le décret conciliaire 'Ad gentes', mais il voulait également combler une lacune de ce texte, très beau mais rédigé hâtivement et incomplet. C’est-à-dire qu’il voulait traiter des thèmes qui, lors du concile Vatican II, avaient été examinés de manière hâtive ou même carrément laissés de côté. Et je peux bien dire cela puisque j’ai rencontré le pape à plusieurs reprises pendant que je préparais les trois moutures du document, entre les mois d’octobre 1989 et de juillet 1990".
Ces derniers temps, le père Gheddo – qui a 83 ans, a fait d’innombrables voyages sur tous les continents, a écrit plus de 80 livres qui ont été traduits en plusieurs langues et a été jusqu’en 2010 le directeur du service historique de l’Institut Pontifical des Missions Étrangères – remet de l’ordre dans ses mémoires concernant le concile et l’après-concile. Certains de ses textes ont été repris par les agences de presse Zenit et Asia News.
PENDANT LE CONCILE
En ce qui concerne le décret conciliaire "Ad gentes", à la rédaction duquel il a contribué, le père Gheddo dit ceci :
"Le décret a connu un cheminement on ne peut plus laborieux et semé de difficultés. Tout d’abord, les exigences et les solutions qui ont été présentées par les pères conciliaires variaient beaucoup en fonction du continent d’où ils venaient. Pour ne citer qu’un seul exemple, dont je me souviens bien : les Églises asiatiques, qui étaient riches en vocations et présentes dans des pays où les religions locales avaient une longue tradition de célibat, demandaient de manière insistante que le célibat sacerdotal soit maintenu ; au contraire, certains épiscopats d'Amérique Latine et d'Afrique en demandaient l'abolition, ou bien l'admission d’un clergé marié, à certaines conditions".
Le document a même couru le risque d’être annulé. Le père Gheddo poursuit son récit :
"Les difficultés augmentent quand, le 23 avril 1964, entre la IIe et la IIIe session conciliaire, le secrétariat du concile adresse à notre commission une lettre indiquant que le schéma relatif aux missions doit être réduit à quelques propositions. Il n’est plus question d’un texte long et argumenté, mais d’une simple liste de propositions. Il s’agit là d’une tentative de simplification des travaux du concile, pour que celui-ci s’achève avec la IIIe session. Certains textes de base peuvent être assez longs ; d’autres, étant considérés comme moins importants, doivent être limités à quelques pages de propositions. On entendait dire un peu partout que les dépenses engagées pour les pères conciliaires – il y en avait environ 2 400 en tout - et pour la machine du concile étaient tout à fait insoutenables pour le Saint-Siège.
"La commission des missions travaille à toute vitesse, y compris de nuit, afin de répondre à cette demande, en concentrant le texte en 13 propositions. Mais à peine la nouvelle s’est-elle répandue parmi les évêques que les protestations arrivent ; certaines d’entre elles sont véhémentes, comme celle du cardinal Frings, archevêque de Cologne, qui envoie des lettres aux évêques allemands et à d’autres, dans lesquelles il les invite à protester : Mais comment ! On affirme que l’effort missionnaire est essentiel pour l’Église et voilà que l’on veut le réduire à un texte de quelques pages ? C’est incompréhensible, impossible, inacceptable".
"Un groupe d’évêques demande que le document relatif aux missions soit supprimé et que son contenu soit intégré dans la constitution "Lumen gentium" concernant l’Église. D’autres, au contraire, plus nombreux et plus combatifs (il y a, parmi eux, des missionnaires 'de brousse' à qui, rien qu’en les voyant, on ne peut pas dire non), établissent des contacts personnels avec tous les pères conciliaires, l’un après l’autre, et font des adeptes. La bataille en séance se termine par un succès : 311 pères conciliaires seulement se prononcent en faveur du document relatif aux missions réduit à 13 propositions, tandis que 1 601 d’entre eux demandent que le décret missionnaire soit conservé dans son intégralité. La décision concernant son sort est renvoyée à la IVe session du concile, la plus longue de toutes, qui dure du 14 septembre au 8 décembre 1965".
L’un des points controversés concerne le rôle de la congrégation vaticane "de Propaganda Fide" :
"D’un côté, certains demandaient carrément la suppression de la congrégation pour l'évangélisation des non-chrétiens. Au contraire, beaucoup de pères conciliaires demandaient que celle-ci soit renforcée, afin qu’elle retrouve un rôle de guide, dépassant ainsi la fonction uniquement juridique et de financement des diocèses missionnaires qu’elle en était venue à assumer.
"En effet, depuis sa naissance en 1622 jusqu’au début du XXe siècle, 'Propaganda Fide' a eu un rôle fort, vigoureux, dans la stratégie et dans la conduite concrète du travail missionnaire, ainsi que dans la vie des instituts et des missionnaires eux-mêmes. Mais ensuite son rôle s’est réduit, tandis que la secrétairerie d’état gagnait en puissance, à travers les nonciatures apostoliques qui dépendaient d’elle. Des évêques missionnaires en assez grand nombre voulaient donc renforcer la congrégation des missions, dont la liberté d’action leur paraissait très nécessaire, comme garantie de leur propre liberté".
Si la demande de ces évêques missionnaires n’a pas été couronnée de succès – dit le père Gheddo – "c’est aussi parce que la tendance à la centralisation et à l’unification du gouvernement de l’Église était peut-être inévitable".
Inversement, sur un autre point controversé, un groupe d’évêques des régions amazoniennes a connu le succès :
"C’est une affaire que j’ai suivie personnellement", se rappelle le père Gheddo. "Mgr Arcangelo Cerqua, de l’IPME (Institut Pontifical pour les Missions Étrangères), prélat de Parintins en Amazonie brésilienne, et Mgr Aristide Pirovano, lui aussi membre de l’IPME, prélat de Macapà en Amazonie, se firent les promoteurs d’une opération de 'lobbying' qui aboutit à insérer dans le décret 'Ad gentes', au dernier moment, la note 37 du chapitre 6. Celle-ci crée une équivalence entre d’une part les prélatures de l'Amazonie brésilienne (à l’époque il y en avait 35) mais également beaucoup d’autres situées en Amérique latine, et d’autre part les territoires missionnaires dépendant de 'Propaganda Fide'. Sans cette mise en équivalence, l'Amérique latine serait restée exclue des aides fournies par les œuvres pontificales missionnaires, dont elle bénéficie aujourd’hui.
"Lors du vote décisif, au mois de novembre 1965, le texte soumis au vote, qui ne parle pas des prélatures, est rejeté par 117 pères conciliaires d'Amérique latine. C’est trop peu, sur un total de 2 153 votants. Toutefois, dans le même temps, 712 autres pères votent en faveur du texte, mais "iuxta modum", ce qui oblige à le réécrire, parce qu’il n’a pas été pleinement approuvé par les deux tiers des votants. Et c’est ainsi qu’il a été possible de faire figurer les prélatures d’Amérique Latine parmi les territoires aidés par les œuvres pontificales missionnaires".
Commentaire du père Gheddo :
"Des faits tels que ceux-là, mais également beaucoup d’autres, comme par exemple l’approbation de la collégialité du pape avec l’épiscopat, sont une confirmation de l'évidente intervention du Saint-Esprit dans la conduite de l'assemblée de Vatican II".
Ce qui n’empêche pas – poursuit le père Gheddo – que, dans l'intervalle entre la IIIe et la IVe session de Vatican II, "il y ait eu en commission un sentiment d’anxiété qui, chez certains, allait presque jusqu’au désespoir".
"Le texte envoyé aux évêques pendant l’été 1965 était cinq fois plus long que les 13 propositions précédentes auxquelles on avait tenté de le réduire. Cela paraissait un succès incroyable. Mais, pour la commission de rédaction, le plus gros effort est venu ensuite. Les mois décisifs sont octobre et novembre. Le texte est enrichi d’un grand nombre des observations suggérées par les évêques. En novembre, il y a vingt votes qui l’approuvent à une large majorité, mais avec 500 autres pages de 'modi', de suggestions, de propositions en séance qui rendent nécessaires d’autres additions, corrections, formulations différentes. On était à moins d’un mois de la fin du concile et on avait encore presque l’impression qu’il allait falloir recommencer à partir du début !
"Et puis, mystérieusement, à la fin tout s’arrange. L'ensemble du décret est approuvé lors de la dernière séance publique par 2 394 voix pour et seulement 5 voix contre, ce qui est le plus haut niveau d’unanimité de tous les votes du concile. 'Le Saint-Esprit est vraiment là !', s’est exclamé le cardinal Agagianian, alors préfet de 'Propaganda Fide' et l’un des quatre modérateurs de la séance".
APRÈS LE CONCILE
Toutefois, dès le tout début de l’époque postconciliaire, le rêve d’une nouvelle Pentecôte missionnaire a cédé le pas à une tendance opposée. Le père Gheddo se souvient :
"On réduisait l'obligation religieuse d’évangéliser à un engagement social : l'important est d’aimer son prochain, de faire du bien, de donner un témoignage de service aux autres, comme si l’Église était une agence d’aide et d’intervention rapide pour porter remède aux injustices et aux maux de la société. On exaltait l'analyse 'scientifique' du marxisme et le tiers-mondisme. On proclamait comme des vérités des thèses complètement fausses, par exemple celle selon laquelle il n’est pas important que les peuples se convertissent au Christ, du moment qu’ils accueillent le message d’amour et de paix de l’Évangile".
Ces tendances se manifestent également chez les évêques qui prennent part, en 1974, au synode consacré à l'évangélisation. C’est Paul VI qui, dans l'exhortation apostolique post-synodale "Evangelii nuntiandi" de 1975, réaffirme avec force que "même le plus beau témoignage se révèlera inefficace à long terme si le nom, l'enseignement, la vie et les promesses, le règne, le mystère de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas proclamés".
"Mais Paul VI n’a pas été écouté", commente le père Gheddo. Et son successeur Jean-Paul II, lorsqu’il publia l'encyclique "Redemptoris missio" en 1990, se heurta lui aussi à un mur d’incompréhension.
Le père Gheddo, qui collabora avec le pape pour la rédaction de ce texte, se souvient :
"Des membres de la curie du Vatican en assez grand nombre contestèrent cette encyclique avant même qu’elle ne soit publiée. Ils disaient : 'Une encyclique, c’est trop, une lettre apostolique peut suffire, comme c’est le cas pour l'anniversaire d’un texte conciliaire'. Mais même après sa publication l’encyclique 'Redemptoris missio' a été sous-estimée dans l’Église, par des théologiens, des missiologues, des revues missionnaires. Ils affirmaient : 'Elle ne dit rien de nouveau'. Alors que, au contraire, elle introduisait des thèmes nouveaux et absolument révolutionnaires qui n’avaient même pas été effleurés par le décret conciliaire 'Ad gentes', comme c’est le cas par exemple dans le chapitre intitulé 'Promouvoir le développement en éduquant les consciences'. Jean-Paul II avait raison de constater que, dans l’histoire de l’Église, l’élan missionnaire a toujours été un signe de vitalité et sa diminution le signe d’une crise de la foi".
Et le père Gheddo de poursuivre :
"Aujourd’hui, lorsque l’on observe les revues et les livres, les congrès, les campagnes organisées par des organismes missionnaires, on en vient à se demander si 'Redemptoris missio' est connue et vécue. Disons la vérité. La très grave diminution des vocations missionnaires tient également à la manière de présenter la figure du missionnaire et la mission vers les peuples.
"Il y a un demi-siècle, on organisait des veillées et des marches missionnaires à l’occasion desquelles on faisait parler les missionnaires de terrain ; on demandait à Dieu davantage de vocations pour la mission vers les peuples et on encourageait les jeunes à offrir leur vie pour les missions. Aujourd’hui, ce qui prédomine, c’est la mobilisation sur des thèmes tels que les ventes d’armes, la collecte de signatures contre la dette extérieure des pays africains, l’eau comme bien commun, la déforestation, etc. Lorsque des thèmes comme ceux-là sont ceux qui ont le plus de poids dans l'animation missionnaire, il est inévitable que le missionnaire soit réduit au rôle d’opérateur social e politique.
"Je pose la question : peut-on imaginer qu’un jeune homme ou une jeune femme se sentiront incités à devenir missionnaires, si leur éducation leur apprend à critiquer et à protester, à recueillir des signatures contre les armes ou contre la dette extérieure ? Pour qu’il y ait davantage de vocations missionnaires il faut fasciner les jeunes en leur faisant connaître l’Évangile et la vie de mission, faire en sorte qu’ils se mettent à aimer Jésus-Christ, la seule richesse que nous ayons. Tout le reste en découle".
UNE NOTE DE CONFIANCE
Avec Benoît XVI, la lutte contre le relativisme, contre l'idée que toutes les religions sont équivalentes et constituent des voies de salut, est passée au premier plan. Parmi les nombreux textes de ce pontificat qui portent sur ce sujet, il y a la note doctrinale de la congrégation pour la doctrine de la foi relative à certains aspects de l’évangélisation.
Commentaire du père Gheddo :
"Cette note a été voulue et approuvée par le pape ; elle a été publiée le 3 décembre 2007, fête du missionnaire par excellence qu’est saint François Xavier ; et pourtant elle a été presque passée sous silence par la presse catholique et missionnaire, alors que c’est un texte que les instituts missionnaires diocésains, la presse, les groupes et les associations missionnaires devraient connaître et discuter pour avoir un point de référence précis dans le climat de sécularisation et de relativisme qui risque de nous faire perdre le sens de la voie juste".
Mais, malgré tout cela, le père Gheddo continue à avoir confiance et pour justifier cette confiance il cite quelques chiffres :
"Aujourd’hui, il y a trop de pessimisme quant à l’efficacité des missions auprès des non-chrétiens. La réalité est différente. Au cours de l’histoire bimillénaire de l’Église, il n’y a aucun continent qui se soit converti au Christ aussi rapidement que l’Afrique. En 1960, il y avait en Afrique quelque 35 millions de catholiques et 25 évêques locaux ; aujourd’hui, il y en a 172 millions et environ 400 évêques africains. D’après le Pew Research Center de Washington, les chrétiens comptent comme les musulmans un peu moins de 500 millions de fidèles dans l’ensemble de l’Afrique en 2010, mais dans la seule Afrique noire sub-saharienne il y a 470 millions de chrétiens et 234 millions de musulmans.
"En 1960, il y avait en Asie 68 évêques asiatiques et dans aucun pays on n’enregistrait une croissance soutenue du nombre de baptisés. Il n’y a qu’en Inde que l’on trouvait un bon taux de conversions et aujourd’hui, dans ce pays, il y a au moins 30 millions de catholiques, soit deux fois plus que le chiffre déclaré. Il en est de même pour l’Indonésie, le Sri Lanka, la Birmanie, et aussi pour le Vietnam, un pays où les catholiques représentent déjà 10 % des 85 millions d’habitants et où les conversions et les vocations sont nombreuses. La Chine comptait, lorsque Mao est arrivé au pouvoir en 1949, 3,7 millions de catholiques ; aujourd’hui, en dépit de la persécution, on estime qu’il y en a de 12 à 15 millions et que les chrétiens dans leur ensemble sont de 45 à 50 millions. En Corée du Sud, pays où la religion est libre et les statistiques crédibles, les catholiques sont plus de 5 millions, soit 10,3 % de la population sud-coréenne, et les chrétiens dans leur ensemble 30 %.
"L’effet positif du concile et des papes est évident dans la promotion des jeunes Églises, qui sont aujourd’hui missionnaires en dehors de leur propres pays et vers l’Occident. Les stéréotypes selon lesquels la mission vers les peuples serait terminée et n’aurait plus d’efficacité doivent être abandonnés parce qu’ils ne correspondent pas à la réalité des faits.
"Jean-Paul II a écrit dans 'Redemptoris missio' : 'La mission vers les peuples en est à peine à ses débuts'. Nous ne connaissons pas les plans de Dieu, mais l’actuelle période de stagnation de la mission vers les peuples a probablement, elle aussi, sa signification positive. Peut-être le comprendrons-nous dans un demi-siècle".
__________
Le décret du concile Vatican II relatif aux missions, publié en 1965 :
> "Ad gentes"
L'exhortation apostolique publiée en 1975 par Paul VI :
> "Evangelii nuntiandi"
L'encyclique publiée en 1990 par Jean-Paul II :
> "Redemptoris missio"
Light and Shadows of the Council. The Gap That John Paul II Wanted to Fill - by Sandro Magister
It concerned the missionary activity of the Church. The genesis of
the conciliar decree "Ad Gentes" and of the 1990 encyclical "Redemptoris
Missio" in the previously unpublished memoirs of Fr. Piero Gheddo, who
worked on the writing of both documents
ROME, November 9, 2012 – At the synod of last October on the new
evangelization, an impression was made by the criticism addressed by
Indian cardinal Telesphore Placidus Toppo against those religious orders
which act "like multinationals, doing very good and necessary work to
meet the material needs of humanity, but have forgotten that the primary
purpose of their founding was to bring the kerygma, the Gospel, to a
lost world."
The criticism is not new. And it was addressed by recent popes, a number of times, to the Catholic Church as a whole, urged to revive its sluggish missionary spirit.
The watershed was Vatican Council II.
"Until the council, the Church was living through a season of missionary fervor unimaginable today," recalls Fr. Piero Gheddo of the Pontifical Institute for Foreign Missions, who was one of the experts called to the council by John XXIII to work on the drafting of the document on the missions.
But then there was a sudden collapse. So much so that in 1990, twenty-five years after the approval of the conciliar decree "Ad Gentes," John Paul II felt the need to dedicate to the missions an encyclical, "Redemptoris Missio," precisely in order to shake the Church from its torpor.
Fr. Gheddo was also called to work on the drafting of this encyclical. And he says:
"John Paul II, with 'Redemptoris Missio,' certainly wanted to confirm the conciliar decree 'Ad Gentes,' but he also intended to fill a gap in that text, which is very beautiful but hasty and incomplete. That is, he wanted to deal with issues that at Vatican II had been examined hastily or were even ignored. And I can say this with confidence, having met with the pope a number of times while I was preparing the three drafts of the document, between October of 1989 and July of 1990."
In recent weeks, Fr. Gheddo – who is 83 years old, has made countless voyages on all of the continents, has written more than 80 books translated into numerous languages and was until 2010 the director of the historical office of the Pontifical Institute for Foreign Missions – is reorganizing his memoirs concerning the council and its aftermath. Some of his notes have been published by Zenit and by Asia News.
DURING THE COUNCIL
On the affair of the conciliar decree "Ad Gentes," which he helped to write, Fr. Gheddo says:
"The journey of the decree was as laborious and obstructed as can be imagined. In the first place, the needs and solutions proposed by the council fathers were very different according to the continents. To give only one example that I recall well: from the Asian Churches, rich with vocations and with an ancient tradition of celibacy in the local religions, there was insistence on the need to maintain priestly celibacy; from Latin America and from Africa, on the other hand, some episcopates were asking for its abolition, or the admission of married clergy under certain conditions."
The document was even in danger of being scrapped. The account of Fr. Gheddo continues:
"The difficulties increased when on April 23, 1964, between the second and third sessions of the council, the secretariat of the council sent a letter to our commission: the schema on the missions had to be reduced to a few proposals. No more a long and in-depth text, but a simple list of proposals. The aim was to simplify the work of the council and to bring it to an end with the third session. Some of the baseline texts could be fairly expansive; others, believed to be less important, had to limit themselves to a few pages of proposals. The talk was that the expenses for the council fathers, about 2,400 in all, and the machinery of the council were entirely unsustainable for the Holy See.
"The commission on the missions worked at a feverish pace, even at night, in order to meet this request, concentrating the text into 13 proposals. But as soon as the news got out among the bishops the protests came, some of them vehement, like that of Cardinal Frings of Cologne, who sent letters to the German bishops and to others, urging them to protest: What in the world! It is said that the missionary effort is essential for the Church, and then it has to be reduced to a few pages? Incomprehensible, impossible, unacceptable."
"A group of bishops asked that the document on the missions be abolished, and the material be integrated into the constitution "Lumen Gentium" on the Church. Others instead, more numerous and battle-ready (these included missionaries 'from the field,' at the mere sight of whom it was impossible to tell them no), proceeded by personal contacts, one by one, with all of the council fathers, gaining followers. The battle in the assembly concluded with success: only 311 council fathers spoke out in favor of the document on the missions being reduced to 13 proposals, while 1,601 asked that the missionary decree be preserved in its entirety. Its fate was decided at the fourth session of the Council, the longest of all, from September 14 to December 8, 1965."
One of the controversial points concerns the role of the Vatican congregation "de Propaganda Fide":
"On one side, there was even a request for the abolition of the congregation for the evangelization of non-Christians. On the contrary, many council fathers asked for its enhancement, that it be restored to a role of leadership, surpassing its merely juridical function and work of financing missionary dioceses that it had been taking on.
"In fact, from its birth in 1622 until the beginning of the 20th century, 'Propaganda Fide' had a strong and vigorous role in the strategy and concrete leadership of missionary work, as also in the life of the institutions and missionaries themselves. But then its role was reduced, while the secretariat of state gained power, with the relative apostolic nunciatures. Not a few missionary bishops therefore wanted to reinforce the congregation of the missions, for whose freedom of action they felt a great necessity, as a guarantee of their own freedom."
The request of these missionary bishops did not reach its goal – Fr. Gheddo says – "in part because the tendency to the centralization and unification of the governance of the Church was perhaps inevitable."
However, on another controversial point, success smiled upon a group of bishops from the Amazon region:
"It is a matter that I personally followed," recalls Fr. Gheddo. "Bishop Arcangelo Cerqua of the PIME, a prelate of Parintins in the Brazilian Amazon, and Bishop Aristide Pirovano, also of the PIME, a prelate of Macapà in the Amazon, became promoters of a 'lobbying' action that led to the insertion into the decree "Ad Gentes," at the last moment, of note 37 of Chapter 6, which equates the prelatures of the Brazilian Amazon (35 at the time) but also many others of Latin America with the missionary territories under the supervision of 'Propaganda Fide.' Without this equating, Latin America would have been excluded from the assistance of the pontifical missionary works, from which it benefits today.
"In the decisive vote, in November of 1965, 117 fathers of Latin America rejected the text put to the vote, which made no mention of the prelatures. Too few, out of 2,153 voters. At the same time, however, another 712 fathers voted in favor, but 'iuxta modum,' therefore requiring that the text be rewritten, because it was not fully approved by two third of the voters. And so the prelatures of Latin America were included among the territories helped by the pontifical missionary works."
Father Gheddo comments:
"Facts such as these, but also many others, for example the approval of the collegiality of the pope with the episcopate, confirm the evident working of the Holy Spirit in guiding the assembly of Vatican II."
This does not change the fact – Fr. Gheddo continues – that in the interval between the second and third sessions of Vatican II, "there was on the commission a sense of anxiety, and in some even of near desperation."
"The text sent to the bishops in the summer of 1965 was five times longer than the previous 13 proposals to which the attempt had been made to reduce it. It seemed like an incredible success. But the most difficult task for the drafting commission came afterward. The decisive months were October and November. The text was expanded with many of the observations suggested by the bishops. In November, there were twenty votes that approved it by a wide majority, but with another 500 pages of 'modi,' of suggestions, of proposals in the assembly that asked for more additions, corrections, different formulations. There was less than a month to go until the end of the council, and again it seemed almost as if we had to start over from the beginning!
"Then, mysteriously, in the end everything came together. The decree as a whole was approved at the last public session, with 2,394 votes in favor and only 5 against, the highest level of unanimity in the voting of the entire council. 'The Holy Spirit is truly here!' exclaimed Cardinal Agagianian, prefect of 'Propaganda Fide' and one of the four moderators of the assembly."
AFTER THE COUNCIL
Already in the immediate postcouncil, nonetheless, the dream of a new missionary Pentecost gave way to the opposite tendency. Fr. Gheddo recalls:
"The religious obligation to evangelize was reduced to a social commitment: the important thing was to love one's neighbor, to do good, to give the witness of service, as if the Church were an agency of assistance and emergency aid to remedy the injustices and the scourges of society. The 'scientific' analysis of Marxism and of third-worldism was acclaimed. Completely false ideas were proclaimed as true, for example that it is not important that peoples convert to Christ, as long as they accept the message of love and peace of the Gospel."
These tendencies were also manifested among the bishops who took part in the 1974 synod on evangelization. It was Paul VI, with the 1975 postsynodal apostolic exhortation "Evangelii Nuntiandi," who forcefully reaffirmed that "even the finest witness will prove ineffective in the long run if . . . the name, the teaching, the life, the promises, the kingdom and the mystery of Jesus of Nazareth, the Son of God are not proclaimed."
"But Paul VI was not heeded," Fr. Gheddo comments. And his successor John Paul II, with the encyclical "Redemptoris Missio" of 1990, also ran up against a wall of incomprehension.
Fr. Gheddo recalls that he collaborated with the pope on the drafting of this document:
"Not a few, in the Vatican curia, opposed that encyclical even before it was released. They said: 'An encyclical is too much, an apostolic letter would be enough, as is done for the anniversary of a conciliar text.' But even after its release, 'Redemptoris Missio' was undervalued in the Church by theologians, missiologists, missionary magazines. They said: 'It doesn't say anything new.' When instead it introduced new and absolutely revolutionary ideas, not even touched upon by the conciliar decree "Ad Gentes," as for example in the chapter entitled "Promoting Development by Forming Consciences." John Paul II was right to observe that in the history of the Church, the missionary impulse has always been a sign of vitality, as its diminishment is a sign of a crisis of faith."
Fr. Gheddo continues:
"Observing today the magazines and books, the conferences, the campaigns of missionary institutions and organisms, the question arises of whether "Redemptoris Missio" has been understood and lived. Let's be honest. The very grave reduction of missionary vocations depends in part on how the figure of the missionary and of the mission to the nations is presented.
"Half a century ago, there were vigils and missionary marches, with missionaries in the field asking God for more vocations for the mission to the nations and encouraging young people to offer their lives for the missions. What prevails today is mobilization on issues such as the weapons trade, the collecting the signatures against the foreign debt of African countries, water as a public resource, deforestation, etc. When issues like these become the focus of missionary activity, it is inevitable that the missionary will be reduced to a social and political agent.
"I ask: is it even thinkable that young men and woman could feel drawn to become missionaries when they are taught to make denunciations and protests, to gather signatures against weapons or foreign debt? In order to have more missionary vocations, young people must be captivated by the Gospel and by life in the missions, they must fall in love with Jesus Christ, the only treasure that we have. All of the rest comes as a result."
A NOTE OF TRUST
With Benedict XVI, center stage has been given to the fight against relativism, against the idea that all religions are as good as one another and are ways of salvation. Among the many texts of this pontificate on this topic, there is the doctrinal note of the congregation for the doctrine of the faith on some aspects of evangelization.
Fr. Gheddo comments:
"The note was desired and approved by the pope; it was published on December 3, 2007, the feast of the missionary par excellence St. Francis Xavier; and yet it was almost entirely ignored by the Catholic and missionary press, when instead it is a text that the diocesan missionary institutions, the press, missionary groups and associations should study and discuss in order to have the precise point of reference in the climate of secularization and relativism that threatens to make us lose the compass of the right way."
But in spite of all of this, Fr. Gheddo continues to have trust, and he presents a few figures in his support:
"There is too much pessimism today on the effectiveness of the missions among non-Christians. The reality is different. In the millennial history of the Church, there is no continent that has converted to Christ as rapidly as Africa. In 1960, there were about 35 million African Catholics with 25 local bishops; today there are 172 million with about 400 African bishops. According to the Pew Research Center in Washington, in 2010 in all of Africa Christians and Muslims each had just under 500 million faithful, but in sub-Saharan Africa alone there are 470 million Christians and 234 million Muslims.
"In 1960 in Asia there were 68 Asian bishops and in no country was there a sustained growth in the number of baptized. Only in India was there a good rate of conversions, and here today there are at least 30 million Catholics, twice the official figure. The same holds true for Indonesia, Sri Lanka, Burma, Vietnam, where Catholics are already 10 percent of the 85 million Vietnamese, with numerous conversions and vocations. In 1949, when Mao came to power, China had 3.7 million Catholics; today, in spite of the persecution, there are estimated to be 12 to 15 million, and Christians as a whole are 45 to 50 million. In South Korea, where there is freedom of religion and the statistics are credible, there are more than 5 million Catholics, 10.3 percent of South Koreans, and Christians all together make up 30 percent of the population.
"The positive effect of the council and of the popes is evident in the advancement of the young Churches, which today are missionaries outside of their own countries and to the West. The stereotypes that the mission to the nations has ended and no longer has any efficacy must be eliminated, because they do not correspond to the reality of the facts.
"John Paul II wrote in 'Redemptoris Missio': 'The mission to the nations is only beginning.' We do not know the plans of God, but probably even this period of stasis of the mission to the nations has its positive meaning. Perhaps we will understand it in half a century."
The criticism is not new. And it was addressed by recent popes, a number of times, to the Catholic Church as a whole, urged to revive its sluggish missionary spirit.
The watershed was Vatican Council II.
"Until the council, the Church was living through a season of missionary fervor unimaginable today," recalls Fr. Piero Gheddo of the Pontifical Institute for Foreign Missions, who was one of the experts called to the council by John XXIII to work on the drafting of the document on the missions.
But then there was a sudden collapse. So much so that in 1990, twenty-five years after the approval of the conciliar decree "Ad Gentes," John Paul II felt the need to dedicate to the missions an encyclical, "Redemptoris Missio," precisely in order to shake the Church from its torpor.
Fr. Gheddo was also called to work on the drafting of this encyclical. And he says:
"John Paul II, with 'Redemptoris Missio,' certainly wanted to confirm the conciliar decree 'Ad Gentes,' but he also intended to fill a gap in that text, which is very beautiful but hasty and incomplete. That is, he wanted to deal with issues that at Vatican II had been examined hastily or were even ignored. And I can say this with confidence, having met with the pope a number of times while I was preparing the three drafts of the document, between October of 1989 and July of 1990."
In recent weeks, Fr. Gheddo – who is 83 years old, has made countless voyages on all of the continents, has written more than 80 books translated into numerous languages and was until 2010 the director of the historical office of the Pontifical Institute for Foreign Missions – is reorganizing his memoirs concerning the council and its aftermath. Some of his notes have been published by Zenit and by Asia News.
DURING THE COUNCIL
On the affair of the conciliar decree "Ad Gentes," which he helped to write, Fr. Gheddo says:
"The journey of the decree was as laborious and obstructed as can be imagined. In the first place, the needs and solutions proposed by the council fathers were very different according to the continents. To give only one example that I recall well: from the Asian Churches, rich with vocations and with an ancient tradition of celibacy in the local religions, there was insistence on the need to maintain priestly celibacy; from Latin America and from Africa, on the other hand, some episcopates were asking for its abolition, or the admission of married clergy under certain conditions."
The document was even in danger of being scrapped. The account of Fr. Gheddo continues:
"The difficulties increased when on April 23, 1964, between the second and third sessions of the council, the secretariat of the council sent a letter to our commission: the schema on the missions had to be reduced to a few proposals. No more a long and in-depth text, but a simple list of proposals. The aim was to simplify the work of the council and to bring it to an end with the third session. Some of the baseline texts could be fairly expansive; others, believed to be less important, had to limit themselves to a few pages of proposals. The talk was that the expenses for the council fathers, about 2,400 in all, and the machinery of the council were entirely unsustainable for the Holy See.
"The commission on the missions worked at a feverish pace, even at night, in order to meet this request, concentrating the text into 13 proposals. But as soon as the news got out among the bishops the protests came, some of them vehement, like that of Cardinal Frings of Cologne, who sent letters to the German bishops and to others, urging them to protest: What in the world! It is said that the missionary effort is essential for the Church, and then it has to be reduced to a few pages? Incomprehensible, impossible, unacceptable."
"A group of bishops asked that the document on the missions be abolished, and the material be integrated into the constitution "Lumen Gentium" on the Church. Others instead, more numerous and battle-ready (these included missionaries 'from the field,' at the mere sight of whom it was impossible to tell them no), proceeded by personal contacts, one by one, with all of the council fathers, gaining followers. The battle in the assembly concluded with success: only 311 council fathers spoke out in favor of the document on the missions being reduced to 13 proposals, while 1,601 asked that the missionary decree be preserved in its entirety. Its fate was decided at the fourth session of the Council, the longest of all, from September 14 to December 8, 1965."
One of the controversial points concerns the role of the Vatican congregation "de Propaganda Fide":
"On one side, there was even a request for the abolition of the congregation for the evangelization of non-Christians. On the contrary, many council fathers asked for its enhancement, that it be restored to a role of leadership, surpassing its merely juridical function and work of financing missionary dioceses that it had been taking on.
"In fact, from its birth in 1622 until the beginning of the 20th century, 'Propaganda Fide' had a strong and vigorous role in the strategy and concrete leadership of missionary work, as also in the life of the institutions and missionaries themselves. But then its role was reduced, while the secretariat of state gained power, with the relative apostolic nunciatures. Not a few missionary bishops therefore wanted to reinforce the congregation of the missions, for whose freedom of action they felt a great necessity, as a guarantee of their own freedom."
The request of these missionary bishops did not reach its goal – Fr. Gheddo says – "in part because the tendency to the centralization and unification of the governance of the Church was perhaps inevitable."
However, on another controversial point, success smiled upon a group of bishops from the Amazon region:
"It is a matter that I personally followed," recalls Fr. Gheddo. "Bishop Arcangelo Cerqua of the PIME, a prelate of Parintins in the Brazilian Amazon, and Bishop Aristide Pirovano, also of the PIME, a prelate of Macapà in the Amazon, became promoters of a 'lobbying' action that led to the insertion into the decree "Ad Gentes," at the last moment, of note 37 of Chapter 6, which equates the prelatures of the Brazilian Amazon (35 at the time) but also many others of Latin America with the missionary territories under the supervision of 'Propaganda Fide.' Without this equating, Latin America would have been excluded from the assistance of the pontifical missionary works, from which it benefits today.
"In the decisive vote, in November of 1965, 117 fathers of Latin America rejected the text put to the vote, which made no mention of the prelatures. Too few, out of 2,153 voters. At the same time, however, another 712 fathers voted in favor, but 'iuxta modum,' therefore requiring that the text be rewritten, because it was not fully approved by two third of the voters. And so the prelatures of Latin America were included among the territories helped by the pontifical missionary works."
Father Gheddo comments:
"Facts such as these, but also many others, for example the approval of the collegiality of the pope with the episcopate, confirm the evident working of the Holy Spirit in guiding the assembly of Vatican II."
This does not change the fact – Fr. Gheddo continues – that in the interval between the second and third sessions of Vatican II, "there was on the commission a sense of anxiety, and in some even of near desperation."
"The text sent to the bishops in the summer of 1965 was five times longer than the previous 13 proposals to which the attempt had been made to reduce it. It seemed like an incredible success. But the most difficult task for the drafting commission came afterward. The decisive months were October and November. The text was expanded with many of the observations suggested by the bishops. In November, there were twenty votes that approved it by a wide majority, but with another 500 pages of 'modi,' of suggestions, of proposals in the assembly that asked for more additions, corrections, different formulations. There was less than a month to go until the end of the council, and again it seemed almost as if we had to start over from the beginning!
"Then, mysteriously, in the end everything came together. The decree as a whole was approved at the last public session, with 2,394 votes in favor and only 5 against, the highest level of unanimity in the voting of the entire council. 'The Holy Spirit is truly here!' exclaimed Cardinal Agagianian, prefect of 'Propaganda Fide' and one of the four moderators of the assembly."
AFTER THE COUNCIL
Already in the immediate postcouncil, nonetheless, the dream of a new missionary Pentecost gave way to the opposite tendency. Fr. Gheddo recalls:
"The religious obligation to evangelize was reduced to a social commitment: the important thing was to love one's neighbor, to do good, to give the witness of service, as if the Church were an agency of assistance and emergency aid to remedy the injustices and the scourges of society. The 'scientific' analysis of Marxism and of third-worldism was acclaimed. Completely false ideas were proclaimed as true, for example that it is not important that peoples convert to Christ, as long as they accept the message of love and peace of the Gospel."
These tendencies were also manifested among the bishops who took part in the 1974 synod on evangelization. It was Paul VI, with the 1975 postsynodal apostolic exhortation "Evangelii Nuntiandi," who forcefully reaffirmed that "even the finest witness will prove ineffective in the long run if . . . the name, the teaching, the life, the promises, the kingdom and the mystery of Jesus of Nazareth, the Son of God are not proclaimed."
"But Paul VI was not heeded," Fr. Gheddo comments. And his successor John Paul II, with the encyclical "Redemptoris Missio" of 1990, also ran up against a wall of incomprehension.
Fr. Gheddo recalls that he collaborated with the pope on the drafting of this document:
"Not a few, in the Vatican curia, opposed that encyclical even before it was released. They said: 'An encyclical is too much, an apostolic letter would be enough, as is done for the anniversary of a conciliar text.' But even after its release, 'Redemptoris Missio' was undervalued in the Church by theologians, missiologists, missionary magazines. They said: 'It doesn't say anything new.' When instead it introduced new and absolutely revolutionary ideas, not even touched upon by the conciliar decree "Ad Gentes," as for example in the chapter entitled "Promoting Development by Forming Consciences." John Paul II was right to observe that in the history of the Church, the missionary impulse has always been a sign of vitality, as its diminishment is a sign of a crisis of faith."
Fr. Gheddo continues:
"Observing today the magazines and books, the conferences, the campaigns of missionary institutions and organisms, the question arises of whether "Redemptoris Missio" has been understood and lived. Let's be honest. The very grave reduction of missionary vocations depends in part on how the figure of the missionary and of the mission to the nations is presented.
"Half a century ago, there were vigils and missionary marches, with missionaries in the field asking God for more vocations for the mission to the nations and encouraging young people to offer their lives for the missions. What prevails today is mobilization on issues such as the weapons trade, the collecting the signatures against the foreign debt of African countries, water as a public resource, deforestation, etc. When issues like these become the focus of missionary activity, it is inevitable that the missionary will be reduced to a social and political agent.
"I ask: is it even thinkable that young men and woman could feel drawn to become missionaries when they are taught to make denunciations and protests, to gather signatures against weapons or foreign debt? In order to have more missionary vocations, young people must be captivated by the Gospel and by life in the missions, they must fall in love with Jesus Christ, the only treasure that we have. All of the rest comes as a result."
A NOTE OF TRUST
With Benedict XVI, center stage has been given to the fight against relativism, against the idea that all religions are as good as one another and are ways of salvation. Among the many texts of this pontificate on this topic, there is the doctrinal note of the congregation for the doctrine of the faith on some aspects of evangelization.
Fr. Gheddo comments:
"The note was desired and approved by the pope; it was published on December 3, 2007, the feast of the missionary par excellence St. Francis Xavier; and yet it was almost entirely ignored by the Catholic and missionary press, when instead it is a text that the diocesan missionary institutions, the press, missionary groups and associations should study and discuss in order to have the precise point of reference in the climate of secularization and relativism that threatens to make us lose the compass of the right way."
But in spite of all of this, Fr. Gheddo continues to have trust, and he presents a few figures in his support:
"There is too much pessimism today on the effectiveness of the missions among non-Christians. The reality is different. In the millennial history of the Church, there is no continent that has converted to Christ as rapidly as Africa. In 1960, there were about 35 million African Catholics with 25 local bishops; today there are 172 million with about 400 African bishops. According to the Pew Research Center in Washington, in 2010 in all of Africa Christians and Muslims each had just under 500 million faithful, but in sub-Saharan Africa alone there are 470 million Christians and 234 million Muslims.
"In 1960 in Asia there were 68 Asian bishops and in no country was there a sustained growth in the number of baptized. Only in India was there a good rate of conversions, and here today there are at least 30 million Catholics, twice the official figure. The same holds true for Indonesia, Sri Lanka, Burma, Vietnam, where Catholics are already 10 percent of the 85 million Vietnamese, with numerous conversions and vocations. In 1949, when Mao came to power, China had 3.7 million Catholics; today, in spite of the persecution, there are estimated to be 12 to 15 million, and Christians as a whole are 45 to 50 million. In South Korea, where there is freedom of religion and the statistics are credible, there are more than 5 million Catholics, 10.3 percent of South Koreans, and Christians all together make up 30 percent of the population.
"The positive effect of the council and of the popes is evident in the advancement of the young Churches, which today are missionaries outside of their own countries and to the West. The stereotypes that the mission to the nations has ended and no longer has any efficacy must be eliminated, because they do not correspond to the reality of the facts.
"John Paul II wrote in 'Redemptoris Missio': 'The mission to the nations is only beginning.' We do not know the plans of God, but probably even this period of stasis of the mission to the nations has its positive meaning. Perhaps we will understand it in half a century."
_____________
The decree of Vatican Council II on the missions, from 1965:
> "Ad gentes"
The 1975 apostolic exhortation of Paul VI:
> "Evangelii Nuntiandi"
The 1990 encyclical of John Paul II:
> "Redemptoris Missio"
Análise: Instituto Guttmacher Iguala Limites ao Aborto com Aborto Forçado - Dra. Rebecca Oas
NOVA IORQUE, 9 de novembro (C-FAM) Em
junho do ano passado, fotos de uma mulher chinesa e seu bebê morto inundaram a
internet, acompanhadas do relato de como Feng Jianmei foi levada à força de seu
lar e forçada a se submeter a um aborto de sua gravidez de nono mês. Tudo feito
por autoridades de planejamento familiar. O caso da senhora Feng se espalhou nas
manchetes do noticiário internacional e provocou indignação de governos
nacionais. O Parlamento Europeu divulgou uma declaração incisiva chamando o
incidente de “inaceitável”.
Leia mais: http://www.elabs3.com/ct.html?ufl=3&rtr=on&s=ebss,1iuxg,5n2q,58cn,mbtd,5129,fvxv
Leia mais: http://www.elabs3.com/ct.html?ufl=3&rtr=on&s=ebss,1iuxg,5n2q,58cn,mbtd,5129,fvxv
quinta-feira, 8 de novembro de 2012
Un jesuita propone una solución a los desahucios (desalojamentos): la dación en pago bajo ciertas condiciones
In Religión en Libertad
La imposibilidad de cancelar los
préstamos de adquisición de vivienda habitual por parte de familias que
se han quedado en paro ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis económica: en concreto, suman 396.943 entre 2006 y 2011, con un fuerte incremento a lo largo del año actual.
Parte de ellos se han traducido en desahucios en ocasiones sangrantes, hasta el punto de que el PP y el PSOE, habitualmente en enfrentamiento abierto, han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para frenar esa sangría, tras una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano.
Una de las propuestas que a lo largo de los últimos meses ha ido creciendo en aceptación es la regulación de la dación en pago, esto es, la cancelación del préstamo entregando al banco el bien hipotecado, en este caso la vivienda. Algo que resulta imposible en un escenario de derrumbe de los precios como el actual, cuando ya en los embargos el precio de subasta es inferior al de tasación que sirvió para cuantificar el crédito.
En el número de diciembre de 2011 de la revista Razón y fe, el jesuita Raúl González Fabre, profesor en el ICADE y coordinador de Éticas Profesionales en la Universidad Pontificia de Comillas, abordaba esta cuestión desde el punto de vista de la doctrina católica, aportando al mismo tiempo algunas soluciones prácticas. Un reciente artículo en ABC del escritor Juan Manuel de Prada ha recordado la existencia de este estudio: Dación en pago: ¿por qué y cómo?, donde se daban las claves para un examen moral sobre la justicia de la ejecución hipotecaria y la dación en pago.
Según González Fabre, el principio de cumplimiento de los contratos voluntaria y libremente suscritos debe mantenerse, pero con una primera modulación: la cláusula clásica rebus sic stantibus, principio que "permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes".
Pero sí lo es, como explica con meridiana claridad: durante la burbuja inmobiliaria, y ya antes, cuando los bancos entraron a competir con las cajas para la concesión de préstamos hipotecarios, se produjo un cambio de circunstancias: básicamente, se ofrecían créditos muy largos, sobre la totalidad del valor del bien y con porcentajes elevados sobre los ingresos del deudor, que en la práctica introducían un "riesgo macroeconómico" desigualmente repartido entre las partes.
Es ahí donde el jesuita introduce la reflexión de los teólogos. Según "la tradición católica a la que nos referimos" (Santo Tomás de Aquino, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado,San Alfonso María de Ligorio) para la justicia de una transacción de mercado es imprescindible que no sea impuesta, y eso exige "una voluntariedad perfecta" definida como "aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad". Y lo cierto es que tanto la ignorancia al suscribir la hipoteca, como el estado de necesidad cuando no puede cumplirse con los pagos, introducen un desequilibrio en la información y en la resolución.
"Hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley", concluye González Fabre.
No obstante, el experto jesuita establece una serie de limitaciones a la dación en pago para que no produzca un colapso bancario y para que se mantenga en los estrictos términos de la justicia citada anterioremente.
Por su interés reproducimos a continuación en su integridad el artículo de Raúl González Fabre, S.I.: una aproximación católica a la cuestión, y al mismo tiempo una sencilla pero completa explicación de en qué consiste el problema valorando objetivamente todos sus términos.
Dación en pago: ¿por qué y cómo?
por Raúl González Fabre, S.I.
Razón y fe, diciembre de 2011
Miles y miles de personas son incapaces por efectos de la crisis de hacer frente al pago de los créditos hipotecarios con los que pudieron acceder a su primera y única vivienda. Como solución al problema y como forma de pago de sus hipotecas se baraja la posibilidad de la dación en pago de la vivienda en la que ahora moran. ¿Es posible, es justo? En este estudio se ofrecen una serie de claves desde la justicia y la ética de cara a la resolución de este dramático problema.
Recientemente ha saltado a los medios de comunicación con gran fuerza la cuestión de la extrema dificultad o imposibilidad que tienen muchas personas de poder pagar el crédito hipotecario asumido para la adquisición de su primera vivienda. Como solución del problema se apunta, o más bien se exige, que el deudor pueda verse libre totalmente de la deuda mediante la entrega de la vivienda al acreedor, normalmente un banco o caja de ahorros, quien vendría obligado a aceptar este medio de pago (datio in solutum) si el deudor unilateralmente optara por él, y ello aunque no se hubiera pactado en el contrato original. Políticos de todo signo han discutido esta posibilidad; movimientos sociales la han esgrimido como bandera; e incluso algunas sentencias judiciales la han reconocido. Nos proponemos aquí realizar una primera aproximación al tema, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el ético, concluyendo en algunas condiciones prudenciales para la dación en pago.
Aspectos jurídicos
La solución actual de ejecución de la hipoteca, tal como se regula en la Ley Hipotecaria, se considera enormemente perjudicial para el deudor, ya que el precio de adjudicación en la subasta, ante la ausencia de postores, suele ser notablemente inferior al precio de tasación, e incluso al valor actual de mercado, por lo que no cubre el importe de la deuda garantizada. Ésta, dicho sea de paso, se ha incrementado notablemente en el proceso, con los intereses de demora (en torno al 25%) y los gastos de la ejecución de la hipoteca. Como remate de todo ello el deudor se encuentra con que al no cubrir el importe de adjudicación del bien hipotecado el montante total de la deuda, no sólo se queda sin el piso, sino que el banco o caja acreedora ejercita a continuación la acción de responsabilidad patrimonial universal persiguiendo cualquier otro bien, incluidos sueldos o salarios, tal como la regula el artículo 1911 del Código civil: «El deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes o futuros», principio que deja a salvo el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, aunque el crédito esté garantizado con hipoteca. En definitiva, desde un punto de vista social, se le cierra a una cantidad notable de personas la posibilidad de recomponer su futuro económico, máxime en los tiempos de crisis que vivimos.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que tener en cuenta los siguientes principios que regulan cualquier tipo de contrato en nuestro derecho: las obligaciones derivadas de un contrato libremente celebrado tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse en los términos convenidos (pacta sunt servanda). Así lo establece el artículo 1091 del Código civil. Como consecuencia ineludible de este principio, si una de las partes no cumple voluntariamente lo convenido, pueda la otra parte dar por resuelto el contrato y perseguir cuantos bienes tenga el deudor para obtener el pago de lo que se le adeuda (arts. 1911 del C.c. y 105 de la L.H., ya citados).
En el ámbito del préstamo hipotecario cabe pactar (no imponer unilateralmente el deudor) que el acreedor limite su acción al importe de los bienes hipotecados, liberando el resto del patrimonio del deudor. Así lo establece el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Este precepto, nacido de una intención favorecedora para el deudor, jamás ha tenido aplicación práctica, ya que ningún acreedor ha renunciado voluntariamente a disminuir las garantías para cobrar su crédito. Profesionales con décadas de experiencia en la materia no pueden citar un solo caso en que se haya pactado esa limitación, por lo que puede decirse que estamos en presencia de un precepto bien intencionado, pero muerto.
La llamada cláusula rebus sic stantibus permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes. Podría servir de ejemplo el reciente terremoto de Lorca, que ha destruido edificios enteros, cuyos pisos con toda probabilidad estarían hipotecados, con la consecuencia de que sus propietarios se han quedado sin ellos y, sin embargo, subsiste la deuda, que tampoco podrá ser cobrada sobre un piso inexistente.
A lo largo de toda la historia ha habido limitaciones a la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial. Para no aburrir, citemos sólo la de declarar inembargable un mínimo legal, de modo que el deudor pueda cubrir sus necesidades vitales mínimas, cualquiera que sea el montante de su deuda; o las facultades atribuidas a los órganos judiciales de moderar las obligaciones contraídas, en algunos supuestos.
En el caso que nos ocupa parece evidente que las instituciones financieras deben asumir algún tipo de responsabilidad. Para centrar la cuestión destaquemos que en los años setenta y primeros de los ochenta, los préstamos hipotecarios los comercializaban casi en exclusiva el Banco Hipotecario y las Cajas de Ahorro, sobre las siguientes bases: 1) el capital prestado no podía exceder del 80% del precio de compra, de modo que el adquirente, como mínimo, debía aportar el 20% de la operación; 2) el plazo oscilaba entre cinco y diez años de duración, y 3) el deudor sólo podía destinar a la amortización del préstamo el 30% de sus ingresos, ya que se entendía acertadamente que los otros dos tercios los necesitaba para el mantenimiento de su familia.
Al incorporarse a este sector del crédito, la banca trata de conseguir una cuota de mercado a base de «mejorar» las condiciones tradicionales de los préstamos hipotecarios, de modo que: 1) concede préstamos sobre el total del precio de adquisición de la vivienda, en base a una tasación pericial que ellos mismos controlan y que no es extraño que exceda del valor de mercado de la finca; 2) el plazo se alarga desmesuradamente hasta los treinta y cuarenta años, lo que indudablemente incrementa el riesgo de que se alteren las circunstancias del mercado, como en efecto ha ocurrido; 3) se debilita extraordinariamente el criterio de proporcionalidad entre ingresos y cuota de amortización del préstamo, ya que se entiende por la banca que estamos en presencia de un préstamo «apalancado», es decir, que la garantía de su devolución radica principalmente en el valor de la finca, que se supone incrementado cada año, y no en la solvencia del deudor. Con esta política la banca le quitó la mitad del mercado a las Cajas, que se vieron obligadas a adaptarse a la nueva situación, aparte de obtener unos beneficios inmediatos en concepto de comisiones de estudio, de apertura, gastos de tasación y de gestoría, así como otros productos –seguros sobre el bien hipotecado y a veces sobre la vida del deudor, tarjetas de crédito, etc.– «fidelizando» al cliente prácticamente de por vida.
Es claro que el legislador debe dar una respuesta a la nueva situación, como la dio cuando con motivo de los intereses variables dictó la ley de subrogación de hipotecas, que permitía al deudor sustituir a un banco o caja, sin su consentimiento, por otro u otra que mejorase las condiciones del primitivo préstamo. Los criterios jurídicos que pueden tenerse en cuenta para solucionar la problemática actual, deben dejar intactos los principios en que apoya la regulación de los contratos, presentándola como una excepción temporal justificada por la crisis que atravesamos. Sobre ello volveremos al final, tras examinar brevemente algunos aspectos éticos.
Aspectos éticos
Para estudiar desde el punto de vista ético la cuestión de la ejecución hipotecaria, emplearemos la teoría de la virtud que ha formado históricamente el eje de la moral económica católica. En esa teoría, la virtud reguladora por excelencia de las transacciones de mercado es la justicia. Se trata, pues, de establecer la justicia o injusticia en sentido moral de la transacción considerada.
Para la tradición católica, ese sentido moral tiene prioridad sobre el legal a la hora de establecer las obligaciones en conciencia de las personas. La ley moral natural está por encima de la ley positiva. Las obligaciones legales pueden ser impuestas por la fuerza, pero en la medida en que la ley civil contradiga a la justicia entendida en sentido moral, es ley injusta, políticamente ilegítima, que no obliga en conciencia. Esto ha de tenerse muy en cuenta, porque parte de lo que se discute sobre la ‘dación en pago’ viene relacionado con la legitimidad moral del esquema de ejecución hipotecaria que se resumió anteriormente.
La tradición católica a que nos referimos (dentro de la cual pueden situarse autores tan relevantes como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado... hasta San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII) ofrece dos modos de analizar la justicia de una transacción de mercado: intentando objetivar un ‘precio justo’ del bien transado, o bien atendiendo a las condiciones subjetivas bajo las que ocurre el contrato. La injusticia consiste en el ejercicio de un poder sobre otro (aspecto subjetivo) que rompe el equilibrio entre las partes adecuado a la relación de que se trate (aspecto objetivo). Quien realiza la injusticia se beneficia más de lo debido, a costa de que su contraparte reciba menos, o incluso sufra un perjuicio.
La aproximación objetiva al estudio de la justicia se basa en identificar ese equilibrio debido y evaluar la relación concreta por relación a él. Para esto, se emplean como referencia de precio justo algunos valores socialmente formados, que ninguna de las partes pudiera manipular para explotar a la otra; por ejemplo, el precio resultante de un mercado de competencia cercana a la perfecta, uno directamente derivado de los costes sociales de producción, o incluso un precio estatalmente regulado, si la regulación está bien hecha desde el punto de vista técnico. Tales valores tienden todos a acercar el precio justo al coste de producción del bien o servicio transado, incluyendo el coste de oportunidad en una economía a su vez de precios justos. Se trata en ese sentido de una teoría objetiva (o, mejor, social) de la justicia en las transacciones.
Este camino analítico da resultados más claros en mercados estables, donde el ‘precio justo’ de las cosas se ha asentado en la conciencia colectiva gracias a la misma estabilidad general de los precios en las cercanías de los costes de producción. Mercados más dinámicos generan referencias rápidamente cambiantes, que se modifican unas a otras en cadena (los precios de ciertos bienes influyen sobre los de otros). En tal caso, puede resultar muy difícil establecer en cada momento referencias precisas para la justicia de un determinado precio. Las circunstancias fluidas y las expectativas volátiles lo impiden. Ese fue el caso del mercado inmobiliario español en la época en que se firmaron los contratos que nos ocupan: un mercado fuertemente afectado por decisiones de la micropolítica municipal y sometido a intensas presiones especulativas, cuyos precios subían en promedio alrededor del 14% anual, mientras la inflación general estaba en torno al 3%.
Por ello, emplearemos aquí mejor la variante subjetiva de la teoría de la justicia de tradición católica, que atiende no a los términos objetivos de intercambio, sino al ejercicio de poder en la transacción. Así, todo contrato en que las partes entran voluntariamente es, por ello mismo, justo: volenti non fit injuria, «a quien lo quiere, no se le hace injusticia». Si no hay imposición de una parte sobre la otra, puede estimarse que la relación fue justa en los términos en que se acordara, puesto que la parte aparentemente perjudicada no hubiera entrado en ella si la considerara perjudicial para sí.
A primera vista, ello cubre los contratos hipotecarios firmados en los últimos años, de manera que no habría más que hablar: son justos y deben cumplirse en los términos estipulados, puesto que fueron voluntarios por ambas partes. Se trata de transacciones de mercado donde ni el banco ni su cliente pueden ejercer poder coactivo, así que no hay lugar a la imposición que podría hacerlas injustas.
La teoría clásica de la justicia a que nos referimos exige, sin embargo, una voluntariedad perfecta para que este criterio, por sí solo, pueda concluir en la justicia de la transacción. Los escolásticos definían la voluntariedad perfecta como aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad. La presencia de alguno de estos limitantes de la voluntariedad no hace a la relación automáticamente injusta, pero sí impide declararla justa por el hecho de haber entrado prima facie voluntariamente en ella. Como indicamos anteriormente, la coacción no está presente en los contratos hipotecarios de los últimos años. Sin embargo, hay lugar para preguntarse por la ignorancia (en el momento de firmar el contrato) y por la necesidad (al momento de ejecutar la hipoteca impagada). Respecto a ambas, la asimetría entre la posición de la entidad financiera y la del particular es grande, lo que da lugar a un desequilibrio de poder que podría resultar en injusticia.
Nos centramos en el caso del particular, a menudo corto de recursos económicos, sociales y profesionales, que pidió una hipoteca para adquirir su primera vivienda. La racionalidad económica de hacerlo cuanto antes era obvia: por años, la vivienda subió de precio en España muy por encima de la inflación, que constituye la referencia general para la actualización de sueldos y salarios. Un año de retraso en la compra podía encarecer la vivenda hasta un 10% en relación al ingreso de la familia.
El comprador ciertamente recibió la documentación que estipulaba los términos del contrato con el detalle de ley, aunque probablemente carecía de la información e incluso de la formación para hacer las preguntas necesarias respecto a las probabilidades y consecuencias de que el ciclo económico cambiara, afectando tanto a su ingreso como al valor de mercado de la vivienda. A ese posible cambio de ciclo lo llamaremos el «riesgo macroeconómico» asociado al préstamo hipotecario.
Ahí se encuentra la asimetría fundamental de información que nos preocupa desde el punto de vista de la justicia del contrato. En un entorno competitivo, cada institución financiera desea ganar la hipoteca de la persona, hipoteca que, como indicamos, frecuentemente arrastra todas sus finanzas: domiciliación de la nómina y los recibos, gestión del ahorro, contratación de un seguro, tarjetas de crédito, etc. Para ello emplea técnicas de marketing que incluyen dar relevancia verbal y visual a una parte de la información en torno al producto, la más atractiva, dejando para la ‘letra pequeña’ escrita (o, más remotamente, contenida en la ley) otros aspectos del contrato, particularmente los que explican qué ocurrirá si las cosas van mal.
La tendencia general del marketing a resaltar los aspectos positivos del producto y poner sordina a los negativos, puede verse acentuada cuando se desciende de la política general del banco o caja a la actuación de sus agentes, los directores y comerciales de las agencias, quienes realizan la colocación de los créditos al público. Estas personas suelen estar sometidas a objetivos de ‘productividad’ de los que depende su remuneración e incluso su empleo. Para alcanzar esos objetivos, a menudo emplean técnicas verbales y gestuales de comunicación emocional basada en el entusiasmo y la confianza, que dirigen el pensamiento del cliente aún más lejos de la consideración equilibrada de los riesgos en que incurre. Para engañar no es preciso mentir. Basta, por ejemplo, con responder en 2007 a la pregunta de un cliente: «Los precios de la vivienda están muy altos. ¿No empezarán a bajar?», diciendo con aire de despreocupada tranquilidad: «Llevan diez años subiendo muy por encima de la inflación», lo que a mediados de 2007 era rigurosamente cierto, pero inducía a engaño.
También es cierto que las instituciones financieras cuentan con mejor información sobre el entorno económico que sus clientes; por tanto, tienen un mejor conocimiento de los riesgos macroeconómicos en que incurren las dos partes de un contrato a plazo de décadas. Para ello contratan economistas y mantienen departamentos de estudios cuya misión incluye conocer la teoría del ciclo de las finanzas, situar sus operaciones en esos ciclos, detectar burbujas susceptibles de estallar, y proteger a la institución de verse atrapada en ellas. El cliente, particularmente el pequeño cliente que compra la vivienda para habitarla, por lo general no cuenta con ninguno de esos servicios, ni el banco o caja comparte con él la información y los estimados de futuro que posee, sobre todo si al hacerlo podría espantar el negocio.
La institución está en su derecho de no compartir información y análisis que le ha costado dinero, pero acaso no tenga derecho moral a entablar contratos que sólo resultarán en beneficio del cliente en los escenarios más optimistas, particularmente si ella sabe que esos escenarios se están volviendo más y más improbables. El problema estriba, pues, en que la asimetría de información y capacidad analítica permitió a las instituciones financieras plantear esquemas de distribución de los riesgos macroeconómicos del contrato hipotecario francamente sesgados contra sus clientes económicamente más vulnerables y profesionalmente más desasistidos.
La actuación del Estado puede mitigar la potencialidad de esa asimetría para la injusticia, o agravarla. En el caso español, las declaraciones de funcionarios públicos cuando la burbuja inmobiliaria crecía y más tarde se acercaba a la explosión, resultaron nefastas. El ciudadano que recibiera sus ideas sobre perspectivas macroeconómicas de los portavoces oficiales, aprendería que la vivienda no estaba sobrevaluada, puesto que los españoles seguían comprándola, que no había crisis ni iba a haberla, como se repitió durante meses, o que a lo más podía hablarse de un ‘aterrizaje suave’ por el que no debíamos alarmarnos. La conveniencia política de corto plazo afectó la veracidad de quienes tienen el deber estricto de informar a los agentes económicos sobre el estado real de cosas, para que puedan decidir con acierto.
Como a su vez el empleado del banco o la caja, deseoso de colocar el crédito para cubrir los objetivos trimestrales, confirmaba al cliente con palabras o con gestos la misma idea que éste recibía de la televisión, es adecuado hablar de un involuntario de ignorancia en estos contratos.
Esta ignorancia del pequeño comprador frente a grandes agentes sociales que le inducían a engaño, no hace necesariamente injusto al contrato, pero impide darlo por justo, por tanto moralmente obligatorio para el comprador, sólo porque lo firmara de manera simpliciter voluntaria.
El examen de la justicia del contrato debe entonces volverse al punto objetivo de la distribución del riesgo macroeconómico en él. El equilibrio de justicia en la relación de mercado, que en su esencia es un juego gana-gana, se alcanza cuando ésta resulta en ganancia comparable para las dos partes. Tratándose de un asunto moral de justicia, cada cual debe participar en la relación de mercado ocupándose no sólo de la ganancia para sí, sino también asegurándose de que la contraparte está obteniendo (y no sólo creyendo obtener) una ganancia comparable.
Aunque ciertamente al banco o caja le conviene más que el repago de los créditos proceda normalmente, y le crea un serio problema que un porcentaje significativo de ellos fallen, lo cierto es que los contratos hipotecarios y los mecanismos subsiguientes de subasta están diseñados de manera que el riesgo macroeconómico que corre el cliente es desproporcionadamente mayor al de la institución financiera. Ésta, además, cuenta con su capacidad para crear ‘riesgo sistémico’ al conjunto de la economía, lo que fuerza al Estado a cubrir sus apuestas cuando salen mal, una posibilidad fuera del alcance del ciudadano deshauciado por impago de la hipoteca.
Al final, cientos de miles de familias están en trance de perder su primera vivienda como consecuencia del desempleo, y son lanzadas a liquidaciones a precios deprimidos que las dejarán endeudadas durante largo tiempo, con la perspectiva de muchos años trabajando para el acreedor. Esto es, están quedando en una condición cercana a la esclavitud económica. Ninguna tragedia comparable afecta a los accionistas de las instituciones financieras generosamente cubiertas por el BCE y por los mecanismos nacionales de soporte del sistema; ni a sus directivos, eventualmente premiados con escandalosas jubilaciones; ni a los gobernantes que mintiendo desorientaron a los peor informados cuando más necesitaban información realista para decidir. El coste de los errores en el cálculo del riesgo macroeconómico viene así repartido de manera muy injusta, recayendo la mayor parte de él sobre quienes menos obligación y menos posibilidades tenían de estimar ese riesgo correctamente.
Por tanto, desde el punto de vista ético puede afirmarse que las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas, cuando los impagos derivan de los trastornos macroeconómicos que sufrimos, son injustas tal como están planteadas. Ello es más así porque, como resultado de esas ejecuciones, muchas familias están en riesgo de caer en lo que la moral católica llama el ‘estado de necesidad’, en que su integración social digna viene amenazada no sólo puntualmente, sino a largo plazo. Es oportuno recordar que la doctrina tradicional católica sobre el estado de necesidad incluye la relativización de los derechos de propiedad, incluyendo las posiciones acreedoras, cuando ello es preciso para evitar que una familia caiga en tal situación.
Criterios de resolución del problema ético-social
Ante este cuadro, resulta claro que el derecho da la razón a las entidades financieras que se niegan a aceptar la dación en pago; mientras que hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley.
La tradición católica en Ética social insiste en cuidar los equilibrios.
Como hemos señalado, en este caso hay injusticia por razón de un desequilibrio en la distribución de los riesgos macroeconómicos. Ese desequilibrio habrá de ser corregido con prudencia, para impedir la creación de un sistema perverso de incentivos que genere desequilibrios mayores o más peligrosos. Algunos criterios prudenciales deberían modalizar la atribución al deudor de liberarse totalmente de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada, para que realice la justicia en vez de distorsionarla:
a) Sólo se aplicaría en el caso de préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual de deudor, excluyendo aquellos destinados a otros fines, como locales comerciales, plazas de garaje, fincas rústicas, solares, segundas viviendas, etc. La razón parece clara, ya que la adquisición de la vivienda habitual no se plantea por el comprador como un negocio, sino como el modo de cubrir una necesidad primaria, amparada por la Constitución; en los demás supuestos estamos en presencia de un puro y duro negocio en el que cada parte debe asumir el riesgo que libremente acepta.
b) Deberían excluirse aquellas viviendas habituales que excedan de una determinada cuantía, que socialmente se estime como suntuarias. Sería excesivo que se aplique esta doctrina para el caso de la adquisición de un chalet en Somosaguas o Puerta de Hierro, por ejemplo.
c) El deudor, para ejercitar dicha facultad, debería estar al corriente de sus obligaciones ordinarias. No parece lógico atribuir esta facultad al que deja de pagar, con lo que se incrementa la deuda con intereses de demora y gastos judiciales, dejando transcurrir el tiempo hasta que se decrete el desahucio y sólo entonces ejercita la datio in solutio. Ésta debería ejercitarse al principio como un modo normal del cumplimiento de buena fe del contrato, y no al final con los daños y perjuicios que ello conlleva para la institución financiera.
d) La medida debería tener una duración limitada mientras subsista la situación de crisis macroeconómica que padecemos. Lo contrario llevaría prácticamente a la desaparición del préstamo hipotecario, ya que ninguna entidad está interesada en adquirir viviendas, sino en obtener la devolución de su dinero en los plazos y formas estipuladas.
e) La medida tampoco sería aplicable a los deudores que estén en condiciones de seguir pagando su deuda, ya que tiene la finalidad de amparar a los que no están en tal situación. Lo contrario permitiría a un deudor solvente, que adquirió una vivienda por un precio determinado, liberarse de la deuda y seguidamente adquirir otra vivienda similar por un precio inferior, endosando a la entidad acreedora la bajada de precio de mercado, cosa que indudablemente no haría si el mercado siguiera al alza.
f) Finalmente, los poderes públicos deben evitar que con estas medidas se pueda producir un colapso de alguna entidad financiera, que por efecto dominó se puede trasladar al sistema, con el perjuicio directo para sus impositores, accionistas y empleados, e indirecto para toda la economía del país. No puede solucionarse un problema creando otro igual o mayor.
Si, como se ha argumentado por el sector financiero, aceptar siquiera sea en estas circunstancias excepcionales la dación en pago, produciría una retracción y un encarecimiento del crédito hipotecario, tal vez eso sea buena y no mala noticia. Sintiendo las entidades financieras que una parte mayor del riesgo macroeconómico recaerá sobre ellas, probablemente se modere mucho la imprudencia suya que nos llevó a esta burbuja inmobiliaria, y volvamos a las prácticas y los precios razonables que solían regir este mercado en España.
Parte de ellos se han traducido en desahucios en ocasiones sangrantes, hasta el punto de que el PP y el PSOE, habitualmente en enfrentamiento abierto, han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para frenar esa sangría, tras una reunión entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general socialista, Elena Valenciano.
Una de las propuestas que a lo largo de los últimos meses ha ido creciendo en aceptación es la regulación de la dación en pago, esto es, la cancelación del préstamo entregando al banco el bien hipotecado, en este caso la vivienda. Algo que resulta imposible en un escenario de derrumbe de los precios como el actual, cuando ya en los embargos el precio de subasta es inferior al de tasación que sirvió para cuantificar el crédito.
En el número de diciembre de 2011 de la revista Razón y fe, el jesuita Raúl González Fabre, profesor en el ICADE y coordinador de Éticas Profesionales en la Universidad Pontificia de Comillas, abordaba esta cuestión desde el punto de vista de la doctrina católica, aportando al mismo tiempo algunas soluciones prácticas. Un reciente artículo en ABC del escritor Juan Manuel de Prada ha recordado la existencia de este estudio: Dación en pago: ¿por qué y cómo?, donde se daban las claves para un examen moral sobre la justicia de la ejecución hipotecaria y la dación en pago.
Según González Fabre, el principio de cumplimiento de los contratos voluntaria y libremente suscritos debe mantenerse, pero con una primera modulación: la cláusula clásica rebus sic stantibus, principio que "permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes".
Pero sí lo es, como explica con meridiana claridad: durante la burbuja inmobiliaria, y ya antes, cuando los bancos entraron a competir con las cajas para la concesión de préstamos hipotecarios, se produjo un cambio de circunstancias: básicamente, se ofrecían créditos muy largos, sobre la totalidad del valor del bien y con porcentajes elevados sobre los ingresos del deudor, que en la práctica introducían un "riesgo macroeconómico" desigualmente repartido entre las partes.
Es ahí donde el jesuita introduce la reflexión de los teólogos. Según "la tradición católica a la que nos referimos" (Santo Tomás de Aquino, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado,San Alfonso María de Ligorio) para la justicia de una transacción de mercado es imprescindible que no sea impuesta, y eso exige "una voluntariedad perfecta" definida como "aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad". Y lo cierto es que tanto la ignorancia al suscribir la hipoteca, como el estado de necesidad cuando no puede cumplirse con los pagos, introducen un desequilibrio en la información y en la resolución.
"Hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley", concluye González Fabre.
No obstante, el experto jesuita establece una serie de limitaciones a la dación en pago para que no produzca un colapso bancario y para que se mantenga en los estrictos términos de la justicia citada anterioremente.
Por su interés reproducimos a continuación en su integridad el artículo de Raúl González Fabre, S.I.: una aproximación católica a la cuestión, y al mismo tiempo una sencilla pero completa explicación de en qué consiste el problema valorando objetivamente todos sus términos.
Dación en pago: ¿por qué y cómo?
por Raúl González Fabre, S.I.
Razón y fe, diciembre de 2011
Miles y miles de personas son incapaces por efectos de la crisis de hacer frente al pago de los créditos hipotecarios con los que pudieron acceder a su primera y única vivienda. Como solución al problema y como forma de pago de sus hipotecas se baraja la posibilidad de la dación en pago de la vivienda en la que ahora moran. ¿Es posible, es justo? En este estudio se ofrecen una serie de claves desde la justicia y la ética de cara a la resolución de este dramático problema.
Recientemente ha saltado a los medios de comunicación con gran fuerza la cuestión de la extrema dificultad o imposibilidad que tienen muchas personas de poder pagar el crédito hipotecario asumido para la adquisición de su primera vivienda. Como solución del problema se apunta, o más bien se exige, que el deudor pueda verse libre totalmente de la deuda mediante la entrega de la vivienda al acreedor, normalmente un banco o caja de ahorros, quien vendría obligado a aceptar este medio de pago (datio in solutum) si el deudor unilateralmente optara por él, y ello aunque no se hubiera pactado en el contrato original. Políticos de todo signo han discutido esta posibilidad; movimientos sociales la han esgrimido como bandera; e incluso algunas sentencias judiciales la han reconocido. Nos proponemos aquí realizar una primera aproximación al tema, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el ético, concluyendo en algunas condiciones prudenciales para la dación en pago.
Aspectos jurídicos
La solución actual de ejecución de la hipoteca, tal como se regula en la Ley Hipotecaria, se considera enormemente perjudicial para el deudor, ya que el precio de adjudicación en la subasta, ante la ausencia de postores, suele ser notablemente inferior al precio de tasación, e incluso al valor actual de mercado, por lo que no cubre el importe de la deuda garantizada. Ésta, dicho sea de paso, se ha incrementado notablemente en el proceso, con los intereses de demora (en torno al 25%) y los gastos de la ejecución de la hipoteca. Como remate de todo ello el deudor se encuentra con que al no cubrir el importe de adjudicación del bien hipotecado el montante total de la deuda, no sólo se queda sin el piso, sino que el banco o caja acreedora ejercita a continuación la acción de responsabilidad patrimonial universal persiguiendo cualquier otro bien, incluidos sueldos o salarios, tal como la regula el artículo 1911 del Código civil: «El deudor responde de sus deudas con todos sus bienes presentes o futuros», principio que deja a salvo el artículo 105 de la Ley Hipotecaria, aunque el crédito esté garantizado con hipoteca. En definitiva, desde un punto de vista social, se le cierra a una cantidad notable de personas la posibilidad de recomponer su futuro económico, máxime en los tiempos de crisis que vivimos.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que tener en cuenta los siguientes principios que regulan cualquier tipo de contrato en nuestro derecho: las obligaciones derivadas de un contrato libremente celebrado tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse en los términos convenidos (pacta sunt servanda). Así lo establece el artículo 1091 del Código civil. Como consecuencia ineludible de este principio, si una de las partes no cumple voluntariamente lo convenido, pueda la otra parte dar por resuelto el contrato y perseguir cuantos bienes tenga el deudor para obtener el pago de lo que se le adeuda (arts. 1911 del C.c. y 105 de la L.H., ya citados).
En el ámbito del préstamo hipotecario cabe pactar (no imponer unilateralmente el deudor) que el acreedor limite su acción al importe de los bienes hipotecados, liberando el resto del patrimonio del deudor. Así lo establece el artículo 140 de la Ley Hipotecaria. Este precepto, nacido de una intención favorecedora para el deudor, jamás ha tenido aplicación práctica, ya que ningún acreedor ha renunciado voluntariamente a disminuir las garantías para cobrar su crédito. Profesionales con décadas de experiencia en la materia no pueden citar un solo caso en que se haya pactado esa limitación, por lo que puede decirse que estamos en presencia de un precepto bien intencionado, pero muerto.
La llamada cláusula rebus sic stantibus permite que puedan alterarse las consecuencias de un contrato cuando se han modificado sustancialmente los supuestos de hecho en que dicho contrato se basó, siempre que dicha modificación no sea imputable voluntariamente a ninguna de las partes. Podría servir de ejemplo el reciente terremoto de Lorca, que ha destruido edificios enteros, cuyos pisos con toda probabilidad estarían hipotecados, con la consecuencia de que sus propietarios se han quedado sin ellos y, sin embargo, subsiste la deuda, que tampoco podrá ser cobrada sobre un piso inexistente.
A lo largo de toda la historia ha habido limitaciones a la aplicación del principio de responsabilidad patrimonial. Para no aburrir, citemos sólo la de declarar inembargable un mínimo legal, de modo que el deudor pueda cubrir sus necesidades vitales mínimas, cualquiera que sea el montante de su deuda; o las facultades atribuidas a los órganos judiciales de moderar las obligaciones contraídas, en algunos supuestos.
En el caso que nos ocupa parece evidente que las instituciones financieras deben asumir algún tipo de responsabilidad. Para centrar la cuestión destaquemos que en los años setenta y primeros de los ochenta, los préstamos hipotecarios los comercializaban casi en exclusiva el Banco Hipotecario y las Cajas de Ahorro, sobre las siguientes bases: 1) el capital prestado no podía exceder del 80% del precio de compra, de modo que el adquirente, como mínimo, debía aportar el 20% de la operación; 2) el plazo oscilaba entre cinco y diez años de duración, y 3) el deudor sólo podía destinar a la amortización del préstamo el 30% de sus ingresos, ya que se entendía acertadamente que los otros dos tercios los necesitaba para el mantenimiento de su familia.
Al incorporarse a este sector del crédito, la banca trata de conseguir una cuota de mercado a base de «mejorar» las condiciones tradicionales de los préstamos hipotecarios, de modo que: 1) concede préstamos sobre el total del precio de adquisición de la vivienda, en base a una tasación pericial que ellos mismos controlan y que no es extraño que exceda del valor de mercado de la finca; 2) el plazo se alarga desmesuradamente hasta los treinta y cuarenta años, lo que indudablemente incrementa el riesgo de que se alteren las circunstancias del mercado, como en efecto ha ocurrido; 3) se debilita extraordinariamente el criterio de proporcionalidad entre ingresos y cuota de amortización del préstamo, ya que se entiende por la banca que estamos en presencia de un préstamo «apalancado», es decir, que la garantía de su devolución radica principalmente en el valor de la finca, que se supone incrementado cada año, y no en la solvencia del deudor. Con esta política la banca le quitó la mitad del mercado a las Cajas, que se vieron obligadas a adaptarse a la nueva situación, aparte de obtener unos beneficios inmediatos en concepto de comisiones de estudio, de apertura, gastos de tasación y de gestoría, así como otros productos –seguros sobre el bien hipotecado y a veces sobre la vida del deudor, tarjetas de crédito, etc.– «fidelizando» al cliente prácticamente de por vida.
Es claro que el legislador debe dar una respuesta a la nueva situación, como la dio cuando con motivo de los intereses variables dictó la ley de subrogación de hipotecas, que permitía al deudor sustituir a un banco o caja, sin su consentimiento, por otro u otra que mejorase las condiciones del primitivo préstamo. Los criterios jurídicos que pueden tenerse en cuenta para solucionar la problemática actual, deben dejar intactos los principios en que apoya la regulación de los contratos, presentándola como una excepción temporal justificada por la crisis que atravesamos. Sobre ello volveremos al final, tras examinar brevemente algunos aspectos éticos.
Aspectos éticos
Para estudiar desde el punto de vista ético la cuestión de la ejecución hipotecaria, emplearemos la teoría de la virtud que ha formado históricamente el eje de la moral económica católica. En esa teoría, la virtud reguladora por excelencia de las transacciones de mercado es la justicia. Se trata, pues, de establecer la justicia o injusticia en sentido moral de la transacción considerada.
Para la tradición católica, ese sentido moral tiene prioridad sobre el legal a la hora de establecer las obligaciones en conciencia de las personas. La ley moral natural está por encima de la ley positiva. Las obligaciones legales pueden ser impuestas por la fuerza, pero en la medida en que la ley civil contradiga a la justicia entendida en sentido moral, es ley injusta, políticamente ilegítima, que no obliga en conciencia. Esto ha de tenerse muy en cuenta, porque parte de lo que se discute sobre la ‘dación en pago’ viene relacionado con la legitimidad moral del esquema de ejecución hipotecaria que se resumió anteriormente.
La tradición católica a que nos referimos (dentro de la cual pueden situarse autores tan relevantes como Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, San Bernardino de Siena, San Antonino de Florencia, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Tomás de Mercado... hasta San Alfonso María de Ligorio en el siglo XVIII) ofrece dos modos de analizar la justicia de una transacción de mercado: intentando objetivar un ‘precio justo’ del bien transado, o bien atendiendo a las condiciones subjetivas bajo las que ocurre el contrato. La injusticia consiste en el ejercicio de un poder sobre otro (aspecto subjetivo) que rompe el equilibrio entre las partes adecuado a la relación de que se trate (aspecto objetivo). Quien realiza la injusticia se beneficia más de lo debido, a costa de que su contraparte reciba menos, o incluso sufra un perjuicio.
La aproximación objetiva al estudio de la justicia se basa en identificar ese equilibrio debido y evaluar la relación concreta por relación a él. Para esto, se emplean como referencia de precio justo algunos valores socialmente formados, que ninguna de las partes pudiera manipular para explotar a la otra; por ejemplo, el precio resultante de un mercado de competencia cercana a la perfecta, uno directamente derivado de los costes sociales de producción, o incluso un precio estatalmente regulado, si la regulación está bien hecha desde el punto de vista técnico. Tales valores tienden todos a acercar el precio justo al coste de producción del bien o servicio transado, incluyendo el coste de oportunidad en una economía a su vez de precios justos. Se trata en ese sentido de una teoría objetiva (o, mejor, social) de la justicia en las transacciones.
Este camino analítico da resultados más claros en mercados estables, donde el ‘precio justo’ de las cosas se ha asentado en la conciencia colectiva gracias a la misma estabilidad general de los precios en las cercanías de los costes de producción. Mercados más dinámicos generan referencias rápidamente cambiantes, que se modifican unas a otras en cadena (los precios de ciertos bienes influyen sobre los de otros). En tal caso, puede resultar muy difícil establecer en cada momento referencias precisas para la justicia de un determinado precio. Las circunstancias fluidas y las expectativas volátiles lo impiden. Ese fue el caso del mercado inmobiliario español en la época en que se firmaron los contratos que nos ocupan: un mercado fuertemente afectado por decisiones de la micropolítica municipal y sometido a intensas presiones especulativas, cuyos precios subían en promedio alrededor del 14% anual, mientras la inflación general estaba en torno al 3%.
Por ello, emplearemos aquí mejor la variante subjetiva de la teoría de la justicia de tradición católica, que atiende no a los términos objetivos de intercambio, sino al ejercicio de poder en la transacción. Así, todo contrato en que las partes entran voluntariamente es, por ello mismo, justo: volenti non fit injuria, «a quien lo quiere, no se le hace injusticia». Si no hay imposición de una parte sobre la otra, puede estimarse que la relación fue justa en los términos en que se acordara, puesto que la parte aparentemente perjudicada no hubiera entrado en ella si la considerara perjudicial para sí.
A primera vista, ello cubre los contratos hipotecarios firmados en los últimos años, de manera que no habría más que hablar: son justos y deben cumplirse en los términos estipulados, puesto que fueron voluntarios por ambas partes. Se trata de transacciones de mercado donde ni el banco ni su cliente pueden ejercer poder coactivo, así que no hay lugar a la imposición que podría hacerlas injustas.
La teoría clásica de la justicia a que nos referimos exige, sin embargo, una voluntariedad perfecta para que este criterio, por sí solo, pueda concluir en la justicia de la transacción. Los escolásticos definían la voluntariedad perfecta como aquella exenta de coacción, ignorancia y necesidad. La presencia de alguno de estos limitantes de la voluntariedad no hace a la relación automáticamente injusta, pero sí impide declararla justa por el hecho de haber entrado prima facie voluntariamente en ella. Como indicamos anteriormente, la coacción no está presente en los contratos hipotecarios de los últimos años. Sin embargo, hay lugar para preguntarse por la ignorancia (en el momento de firmar el contrato) y por la necesidad (al momento de ejecutar la hipoteca impagada). Respecto a ambas, la asimetría entre la posición de la entidad financiera y la del particular es grande, lo que da lugar a un desequilibrio de poder que podría resultar en injusticia.
Nos centramos en el caso del particular, a menudo corto de recursos económicos, sociales y profesionales, que pidió una hipoteca para adquirir su primera vivienda. La racionalidad económica de hacerlo cuanto antes era obvia: por años, la vivienda subió de precio en España muy por encima de la inflación, que constituye la referencia general para la actualización de sueldos y salarios. Un año de retraso en la compra podía encarecer la vivenda hasta un 10% en relación al ingreso de la familia.
El comprador ciertamente recibió la documentación que estipulaba los términos del contrato con el detalle de ley, aunque probablemente carecía de la información e incluso de la formación para hacer las preguntas necesarias respecto a las probabilidades y consecuencias de que el ciclo económico cambiara, afectando tanto a su ingreso como al valor de mercado de la vivienda. A ese posible cambio de ciclo lo llamaremos el «riesgo macroeconómico» asociado al préstamo hipotecario.
Ahí se encuentra la asimetría fundamental de información que nos preocupa desde el punto de vista de la justicia del contrato. En un entorno competitivo, cada institución financiera desea ganar la hipoteca de la persona, hipoteca que, como indicamos, frecuentemente arrastra todas sus finanzas: domiciliación de la nómina y los recibos, gestión del ahorro, contratación de un seguro, tarjetas de crédito, etc. Para ello emplea técnicas de marketing que incluyen dar relevancia verbal y visual a una parte de la información en torno al producto, la más atractiva, dejando para la ‘letra pequeña’ escrita (o, más remotamente, contenida en la ley) otros aspectos del contrato, particularmente los que explican qué ocurrirá si las cosas van mal.
La tendencia general del marketing a resaltar los aspectos positivos del producto y poner sordina a los negativos, puede verse acentuada cuando se desciende de la política general del banco o caja a la actuación de sus agentes, los directores y comerciales de las agencias, quienes realizan la colocación de los créditos al público. Estas personas suelen estar sometidas a objetivos de ‘productividad’ de los que depende su remuneración e incluso su empleo. Para alcanzar esos objetivos, a menudo emplean técnicas verbales y gestuales de comunicación emocional basada en el entusiasmo y la confianza, que dirigen el pensamiento del cliente aún más lejos de la consideración equilibrada de los riesgos en que incurre. Para engañar no es preciso mentir. Basta, por ejemplo, con responder en 2007 a la pregunta de un cliente: «Los precios de la vivienda están muy altos. ¿No empezarán a bajar?», diciendo con aire de despreocupada tranquilidad: «Llevan diez años subiendo muy por encima de la inflación», lo que a mediados de 2007 era rigurosamente cierto, pero inducía a engaño.
También es cierto que las instituciones financieras cuentan con mejor información sobre el entorno económico que sus clientes; por tanto, tienen un mejor conocimiento de los riesgos macroeconómicos en que incurren las dos partes de un contrato a plazo de décadas. Para ello contratan economistas y mantienen departamentos de estudios cuya misión incluye conocer la teoría del ciclo de las finanzas, situar sus operaciones en esos ciclos, detectar burbujas susceptibles de estallar, y proteger a la institución de verse atrapada en ellas. El cliente, particularmente el pequeño cliente que compra la vivienda para habitarla, por lo general no cuenta con ninguno de esos servicios, ni el banco o caja comparte con él la información y los estimados de futuro que posee, sobre todo si al hacerlo podría espantar el negocio.
La institución está en su derecho de no compartir información y análisis que le ha costado dinero, pero acaso no tenga derecho moral a entablar contratos que sólo resultarán en beneficio del cliente en los escenarios más optimistas, particularmente si ella sabe que esos escenarios se están volviendo más y más improbables. El problema estriba, pues, en que la asimetría de información y capacidad analítica permitió a las instituciones financieras plantear esquemas de distribución de los riesgos macroeconómicos del contrato hipotecario francamente sesgados contra sus clientes económicamente más vulnerables y profesionalmente más desasistidos.
La actuación del Estado puede mitigar la potencialidad de esa asimetría para la injusticia, o agravarla. En el caso español, las declaraciones de funcionarios públicos cuando la burbuja inmobiliaria crecía y más tarde se acercaba a la explosión, resultaron nefastas. El ciudadano que recibiera sus ideas sobre perspectivas macroeconómicas de los portavoces oficiales, aprendería que la vivienda no estaba sobrevaluada, puesto que los españoles seguían comprándola, que no había crisis ni iba a haberla, como se repitió durante meses, o que a lo más podía hablarse de un ‘aterrizaje suave’ por el que no debíamos alarmarnos. La conveniencia política de corto plazo afectó la veracidad de quienes tienen el deber estricto de informar a los agentes económicos sobre el estado real de cosas, para que puedan decidir con acierto.
Como a su vez el empleado del banco o la caja, deseoso de colocar el crédito para cubrir los objetivos trimestrales, confirmaba al cliente con palabras o con gestos la misma idea que éste recibía de la televisión, es adecuado hablar de un involuntario de ignorancia en estos contratos.
Esta ignorancia del pequeño comprador frente a grandes agentes sociales que le inducían a engaño, no hace necesariamente injusto al contrato, pero impide darlo por justo, por tanto moralmente obligatorio para el comprador, sólo porque lo firmara de manera simpliciter voluntaria.
El examen de la justicia del contrato debe entonces volverse al punto objetivo de la distribución del riesgo macroeconómico en él. El equilibrio de justicia en la relación de mercado, que en su esencia es un juego gana-gana, se alcanza cuando ésta resulta en ganancia comparable para las dos partes. Tratándose de un asunto moral de justicia, cada cual debe participar en la relación de mercado ocupándose no sólo de la ganancia para sí, sino también asegurándose de que la contraparte está obteniendo (y no sólo creyendo obtener) una ganancia comparable.
Aunque ciertamente al banco o caja le conviene más que el repago de los créditos proceda normalmente, y le crea un serio problema que un porcentaje significativo de ellos fallen, lo cierto es que los contratos hipotecarios y los mecanismos subsiguientes de subasta están diseñados de manera que el riesgo macroeconómico que corre el cliente es desproporcionadamente mayor al de la institución financiera. Ésta, además, cuenta con su capacidad para crear ‘riesgo sistémico’ al conjunto de la economía, lo que fuerza al Estado a cubrir sus apuestas cuando salen mal, una posibilidad fuera del alcance del ciudadano deshauciado por impago de la hipoteca.
Al final, cientos de miles de familias están en trance de perder su primera vivienda como consecuencia del desempleo, y son lanzadas a liquidaciones a precios deprimidos que las dejarán endeudadas durante largo tiempo, con la perspectiva de muchos años trabajando para el acreedor. Esto es, están quedando en una condición cercana a la esclavitud económica. Ninguna tragedia comparable afecta a los accionistas de las instituciones financieras generosamente cubiertas por el BCE y por los mecanismos nacionales de soporte del sistema; ni a sus directivos, eventualmente premiados con escandalosas jubilaciones; ni a los gobernantes que mintiendo desorientaron a los peor informados cuando más necesitaban información realista para decidir. El coste de los errores en el cálculo del riesgo macroeconómico viene así repartido de manera muy injusta, recayendo la mayor parte de él sobre quienes menos obligación y menos posibilidades tenían de estimar ese riesgo correctamente.
Por tanto, desde el punto de vista ético puede afirmarse que las ejecuciones hipotecarias de primeras viviendas, cuando los impagos derivan de los trastornos macroeconómicos que sufrimos, son injustas tal como están planteadas. Ello es más así porque, como resultado de esas ejecuciones, muchas familias están en riesgo de caer en lo que la moral católica llama el ‘estado de necesidad’, en que su integración social digna viene amenazada no sólo puntualmente, sino a largo plazo. Es oportuno recordar que la doctrina tradicional católica sobre el estado de necesidad incluye la relativización de los derechos de propiedad, incluyendo las posiciones acreedoras, cuando ello es preciso para evitar que una familia caiga en tal situación.
Criterios de resolución del problema ético-social
Ante este cuadro, resulta claro que el derecho da la razón a las entidades financieras que se niegan a aceptar la dación en pago; mientras que hay fuertes argumentos para sostener que la distribución del riesgo macroeconómico en los contratos corrientes de hipoteca es injusta, por lo que la ética da la razón a quienes propugnan la dación en pago en ciertos casos. En el pensamiento católico, cuando las consecuencias de una injusticia sancionada por la ley civil amenazan a la integración socio-económica de familias humildes, esas consecuencias deben ser evitadas, realizando las excepciones o interpretaciones necesarias a la ley.
La tradición católica en Ética social insiste en cuidar los equilibrios.
Como hemos señalado, en este caso hay injusticia por razón de un desequilibrio en la distribución de los riesgos macroeconómicos. Ese desequilibrio habrá de ser corregido con prudencia, para impedir la creación de un sistema perverso de incentivos que genere desequilibrios mayores o más peligrosos. Algunos criterios prudenciales deberían modalizar la atribución al deudor de liberarse totalmente de la deuda mediante la entrega de la finca hipotecada, para que realice la justicia en vez de distorsionarla:
a) Sólo se aplicaría en el caso de préstamos destinados a la adquisición de la vivienda habitual de deudor, excluyendo aquellos destinados a otros fines, como locales comerciales, plazas de garaje, fincas rústicas, solares, segundas viviendas, etc. La razón parece clara, ya que la adquisición de la vivienda habitual no se plantea por el comprador como un negocio, sino como el modo de cubrir una necesidad primaria, amparada por la Constitución; en los demás supuestos estamos en presencia de un puro y duro negocio en el que cada parte debe asumir el riesgo que libremente acepta.
b) Deberían excluirse aquellas viviendas habituales que excedan de una determinada cuantía, que socialmente se estime como suntuarias. Sería excesivo que se aplique esta doctrina para el caso de la adquisición de un chalet en Somosaguas o Puerta de Hierro, por ejemplo.
c) El deudor, para ejercitar dicha facultad, debería estar al corriente de sus obligaciones ordinarias. No parece lógico atribuir esta facultad al que deja de pagar, con lo que se incrementa la deuda con intereses de demora y gastos judiciales, dejando transcurrir el tiempo hasta que se decrete el desahucio y sólo entonces ejercita la datio in solutio. Ésta debería ejercitarse al principio como un modo normal del cumplimiento de buena fe del contrato, y no al final con los daños y perjuicios que ello conlleva para la institución financiera.
d) La medida debería tener una duración limitada mientras subsista la situación de crisis macroeconómica que padecemos. Lo contrario llevaría prácticamente a la desaparición del préstamo hipotecario, ya que ninguna entidad está interesada en adquirir viviendas, sino en obtener la devolución de su dinero en los plazos y formas estipuladas.
e) La medida tampoco sería aplicable a los deudores que estén en condiciones de seguir pagando su deuda, ya que tiene la finalidad de amparar a los que no están en tal situación. Lo contrario permitiría a un deudor solvente, que adquirió una vivienda por un precio determinado, liberarse de la deuda y seguidamente adquirir otra vivienda similar por un precio inferior, endosando a la entidad acreedora la bajada de precio de mercado, cosa que indudablemente no haría si el mercado siguiera al alza.
f) Finalmente, los poderes públicos deben evitar que con estas medidas se pueda producir un colapso de alguna entidad financiera, que por efecto dominó se puede trasladar al sistema, con el perjuicio directo para sus impositores, accionistas y empleados, e indirecto para toda la economía del país. No puede solucionarse un problema creando otro igual o mayor.
Si, como se ha argumentado por el sector financiero, aceptar siquiera sea en estas circunstancias excepcionales la dación en pago, produciría una retracción y un encarecimiento del crédito hipotecario, tal vez eso sea buena y no mala noticia. Sintiendo las entidades financieras que una parte mayor del riesgo macroeconómico recaerá sobre ellas, probablemente se modere mucho la imprudencia suya que nos llevó a esta burbuja inmobiliaria, y volvamos a las prácticas y los precios razonables que solían regir este mercado en España.
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