La medida anunciada por el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón sobre la intención del Gobierno para proteger a los
concebidos que deberían nacer con alguna discapacidad o dependencia
supone una esperanza para todos esos seres humanos para los que un
diagnóstico prenatal adverso ha sido sinónimo de pena de muerte.
Desde el año 1985, en el que entró en vigor la ley de aborto del
Gobierno de Felipe González, en España han sido eliminados antes del
parto unos 45.000 niños en gestación bajo el supuesto de «riesgo fetal»,
que permitía el aborto hasta los cinco meses y medio. En el último año,
gracias a la «ley Aido» que amplió el plazo sine die cuando se tratase
de lo que el legislador llamó «enfermedades incompatibles con la vida» e
«incurables en el momento del diagnóstico» fetos diagnosticados de
Síndrome de Down a las 32 semanas han sido eliminados sin piedad y en
total impunidad.
El grupo humano que más ha sufrido este despiadado uso del
diagnóstico prenatal ha sido precisamente el de los Síndrome de Down
contra el que existe un eficaz sistema de selección y detección prenatal
extendido por todo el país con la complicidad de los profesionales
médicos y sociedades científicas como la SEGO.
En torno al 90 por ciento de las personas que deberían haber nacido
con este síndrome han sido eliminadas antes de haber vivido entre 150 y
165 días cuando han sido delatadas por el sistema sanitario en el plazo
establecido. La razón de ello ha sido la desprotección jurídica del
derecho a la vida de esta categoría de seres humanos que han sido
discriminados por razones de salud y de edad por las leyes abortistas
que han existido en este país.
La sinrazón ha llegado al extremo de que los jueces condenasen a los
médicos cuando el fallo o la ausencia de un diagnóstico prenatal «privó a
los padres de la información necesaria para decidir sobre la
continuidad del embarazo». Es decir, que se condena a los médicos o al
sistema sanitario porque nazcan vivos niños con símdrome de Down. En
este ambiente, las presiones que sufren los padres son evidentes; la
sombra de la crueldad y de la inmisericordia planeará sobre aquellos que
deciden amar a sus hijos discapacitados y dependientes o con corta
esperanza de vida hasta su final natural y sobre aquellas madres que, en
casos extremos, dan a sus hijos lo único que les pueden dar: su matriz
para que vivan en ella el tiempo que su naturaleza tenga previsto.
Esperemos que Ruiz-Gallardón se sume cuanto antes a esos ginecólogos y
padres con mayúsculas que decidieron proteger las vidas de los hijos
más vulnerables y sea para éstos un verdadero abogado defensor cuando
otros profesionales de la medicina y sus propios padres no estén
decididos a defenderlos.
Esteban Rodríguez, Ginecólogos por el Derecho a Vivir y presidente de la comisión deontológica de gineólogos DAV
