El artículo de Laurie Goodstein en el New York Times sostiene que en 1996 el Card. Joseph Ratzinger, a la sazón prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), desoyó las peticiones del arzobispo de Milwaukee, Mons. Rembert Weakland, para que se abriera un proceso contra un sacerdote culpable de abusos de menores. Goodstein se basa en documentos eclesiásticos “recientemente sacados a la luz” en el curso de un pleito civil iniciado contra la archidiócesis por cinco de las víctimas. Los abogados de los querellantes facilitaron los documentos.

Según Goodstein, los hechos se sucedieron así:

— El sacerdote acusado, Lawrence Murphy, trabajó de 1950 a 1974 en un colegio para niños sordos, St. John’s School, de la que en 1963 fue nombrado director. Allí abusó de muchos alumnos, hasta 200 quizá.

— Pese a las denuncias que empezaron a llegar, los superiores nunca juzgaron ni castigaron a Murphy, sino que en 1974 lo apartaron de St. John’s y lo trasladaron a la diócesis de Superior, donde transcurrió sus 24 años de vida restantes “trabajando libremente con niños” en parroquias, escuelas y un centro de reclusión para delincuentes juveniles.

— La archidiócesis no informó nunca a las autoridades civiles. Pero la policía y los fiscales, a su vez, no hicieron caso de las denuncias presentadas por las víctimas.

— Como en 1993 llegaron más denuncias a la archidiócesis sobre abusos anteriores a 1974, Mons. Weakland hizo que una trabajadora social, especialista en paidófilos, examinara a Murphy. La conclusión de tres días de entrevistas fue que Murphy había reconocido los hechos, que probablemente había tenido contactos con unos 200 chicos y que no mostraba arrepentimiento.

— Mons. Weakland, sin embargo, no intentó que Murphy fuera excluido del ministerio sacerdotal hasta 1996. Ese año, escribió dos cartas sobre el caso al Card. Ratzinger, que no contestó. Al cabo de ocho meses, el secretario de la Congregación, Tarcisio Bertone –actualmente cardenal secretario de Estado– indicó al que abriera un proceso canónico contra Murphy.

— Murphy escribió al Card. Ratzinger en enero de 1998 para solicitar que se abandonara el proceso abierto contra él. Alegaba que su edad era avanzada y su salud frágil, y que las normas canónicas fijaban el plazo de un mes desde la comisión del delito para iniciar un proceso.

— Tras esta apelación de Murphy al Card. Ratzinger, Mons. Bertone “detuvo” el proceso.

— En mayo de 1998 hubo una reunión en el Vaticano, en la que Mons. Weakland –según él mismo dijo luego a la periodista– no logró convencer a Mons. Bertone y otros miembros de la Congregación de que permitieran el proceso para apartar al Murphy del sacerdocio. Murphy murió de causas naturales en agosto siguiente.

Relato selectivo

Goodstein sostiene que el prefecto y la Congregación primero dieron largas, luego pusieron trabas y finalmente impidieron el proceso contra Murphy. Sin embargo, el examen de los mismos documentos publicados permite descubrir que esa tesis se apoya en una exposición selectiva de los hechos.

Goodstein no explica por qué llegó el caso Murphy a la Santa Sede. Weakland se dirigió a Ratzinger cuando supo que algunos de los delitos denunciados eran de solicitación, o sea, cometidos en el confesonario. De ahí concluyó que caían bajo la jurisdicción de la CDF y hacía falta autorización para proseguir.

Cualquiera que fuera la razón de que Ratzinger o la CDF no contestaran pronto, esto no impidió la apertura del proceso penal contra Murphy, cosa que tampoco menciona Goodstein. Su relato salta de la carta a Ratzinger en julio de 1996 a la respuesta de Bertone en marzo de 1997 con las instrucciones para abrir el proceso. La documentación muestra que Weakland ya lo había iniciado el 22-11-1996.

Al confirmar la autorización para procesar a Murphy por solicitación, Bertone señaló además a Weakland que las normas procesales vigentes que debía seguir eran las de una instrucción de 1962 sobre el modo de investigar y juzgar tales delitos. Por eso se abandona el proceso original y se comienza otro conforme al procedimiento específico.

Después el tribunal se percata de que, según la instrucción de 1962, el obispo competente para juzgar el caso es el de la diócesis donde vive el acusado, en este caso la de Superior. Esto obliga a cerrar el proceso en Milwaukee y pedir a Mons. Fliss que abra otro, cosa que hace el 14-12-1997.

La apertura sucesiva de dos procesos inválidos antes de iniciar el tercero y definitivo ocasionó demoras, pero no fueron culpa de la CDF.

Datos silenciados

Tampoco se concluyó el proceso en Superior, según Goodstein porque la CDF admitió los argumentos de Murphy en su carta a Ratzinger del 12-01-1998. “El cardenal Bertone –se lee al principio del artículo– detuvo el proceso después de que Fr. Murphy escribiera personalmente al cardenal Ratzinger alegando que no debería ser llevado a juicio porque ya se había arrepentido y su salud era mala, y porque el caso había prescrito”. Hacia el final, Goodstein insiste: “El intento de expulsar a Fr. Murphy tuvo un súbito fin después de que el sacerdote apelara al cardenal Ratzinger”.

Aquí es donde las omisiones de Goodstein operan la mayor tergiversación. Primero, el final no fue precisamente “súbito”, pues los cargos no fueron retirados hasta siete meses después de la carta de Murphy y a los cuatro desde que Bertone informara a Fliss de las alegaciones del acusado para que las tuviera en cuenta. Tampoco dice Goodstein que el 19-08-1998, cuando Weakland comunicó a la CDF que abandonaba el caso, añadió que comenzaría inmediatamente un proceso administrativo para declarar a Murphy incapaz de ejercer el ministerio.

Es cierto que en su carta a Fliss (6-04-1998) Bertone puso en duda que conviniera proseguir la causa penal contra Murphy, y recomendó emplear primero medidas pastorales; y en la posterior reunión en el Vaticano con él, con Weakland y otros (30-05-1998), insistió en lo mismo. Pero Goodstein silencia datos cruciales.

Otro caso igual

No dice que en la carta a Ratzinger del 17-07-1996, Weakland consultó a la vez sobre otro caso antiguo de sacerdote acusado de abuso de menores y solicitación. La respuesta de Bertone (24-03-1997) se refiere a los dos casos y autoriza la apertura de los dos procesos. El del otro sacerdote se concluyó con la condena y la exclusión del estado clerical (está pendiente la apelación).

La tesis expresada en el titular del artículo, “el Vaticano rehusó expulsar a un sacerdote de EE.UU. que abusó de niños” (para evitar un escándalo que dañara el buen nombre de la Iglesia, según la interpretación de Goodstein), suscita dudas si resulta que en un caso simultáneo y paralelo la misma CDF no puso reparo alguno. ¿A qué se debe la diferencia?

Como se puede leer en los documentos, el segundo acusado había confesado sus delitos ante tres testigos, no víctimas, que así lo declararon bajo juramento. Respecto a Murphy, solo había un informe manuscrito de la trabajadora social que lo entrevistó; pero él mismo negó siempre los hechos, tanto en la fase de investigación como en sus declaraciones una vez citado a juicio.

Por eso, en la reunión del 30-05-1998, Bertone y otros de la CDF sostuvieron que no había base suficiente para un proceso penal. El largo tiempo transcurrido, 24 años, sin nuevas denuncias dificultaba mucho probar la solicitación en un juicio, a falta de confesión de parte. Y si no había indicios de abusos desde 1974, Bertone no veía utilidad en las acciones penales contra un acusado que parecía próximo a morir.

La recomendación de Bertone fue prohibir a Murphy todo ministerio con sordos y conminarle a manifestar arrepentimiento, advirtiéndole que si no lo hacía, se le impondrían sanciones más graves, incluso la exclusión del estado clerical en último caso.

Bertone no andaba descaminado. Como se comprobó antes de que pasaran tres meses, el proceso no se habría podido concluir: Murphy murió el 21-08-1998.

Sin Ratzinger no habría historia

Lo más censurable del modo como se manejó el caso Murphy es que ante las primeras denuncias no hubiera reacción eficaz por parte de las autoridades eclesiásticas. Tampoco intervinieron las civiles, que desestimaron las acusaciones dos veces, en 1973 y 1974, porque los hechos habían prescrito. Algo hizo la diócesis, al apartar a Murphy de St. John’s. Pero ni la diócesis ni la policía investigaron más para averiguar si Murphy había cometido abusos más recientes o si seguía siendo un peligro para los menores. Tuvieron que pasar casi veinte años hasta que nuevas denuncias sobre la época de Murphy en St. John’s urgieran a intentar esclarecer los hechos.

Esto no se acaba de descubrir. Buena parte de los documentos obtenidos por Goodstein, aunque ella no lo consigna, habían sido hecho públicos el año pasado por la organización de víctimas que ha puesto una demanda civil a la diócesis. Lo que parece revelar Goodstein por primera vez es la correspondencia entre los obispos y el Vaticano. Ahí se ve que la notificación a la CDF llegó al final, casi veinticinco años después de las primeras denuncias y cuando empezaba a verse próxima la muerte de Murphy. La intervención del dicasterio, en el curso del último año y medio, no habría podido recuperar lo que no se hizo en las dos décadas anteriores.

Pero al frente de la CDF estaba el actual Papa, y eso es lo que proporciona la historia a la periodista. Goodstein habría podido titular: “El Vaticano autorizó la expulsión de un sacerdote de EE.UU. que abusó de niños”, en referencia al otro acusado de Milwaukee. El interés de Goodstein, sin embargo, parece ser relacionar a Benedicto XVI con algún pasado caso de abusos mal llevado, como en el de Múnich. Lo hace con una presentación selectiva de datos que equivale a desinformación.